El pasado 1 de octubre, nuestro país inició formalmente el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas en el segundo mes de su administración son evidentes las presiones que se han acumulado para el crecimiento económico del país. Algunas, como la necesidad de reducir del déficit fiscal, la desaceleración que caracteriza los cambios de administración federal o el agotamiento del crecimiento de la economía de Estados Unidos, contribuyen a presionar a la baja las expectativas para el PIB de nuestro país. En contraste, es menor el número de factores que podrían impulsar al alza su crecimiento. No obstante, la mayor parte de estos factores está relacionado con el dinamismo que puedan desplegar las metrópolis del país.
Las ciudades se caracterizan por ser el origen de la prosperidad de la población, pues son la unidad de generación de valor para el desarrollo económico y la innovación. Los centros urbanos del país integran mercados de bienes y servicios con los mercados de factores (capital y trabajo) y las cadenas productivas de las industrias. De ahí que sea imprescindible comprender sus desafíos y ventajas competitivas, a fin de potenciar el crecimiento del país.
Entre los factores que pueden impulsar el crecimiento de México en los próximos años se encuentra la posibilidad de capitalizar la inversión que podrían arribar al país como resultado del nearshoring. No obstante, como muestra la evidencia recabada por autoridades y el sector privado, es indispensable mejorar la calidad de la infraestructura, procurar un mercado laboral adecuado para identificar el trabajo más capacitado, y procurar regulación y un Estado de derecho funcionales.
Al evaluar las condiciones que pueden propiciar un mayor interés para atraer flujos de inversión productiva, el índice de ciudades como el del Instituto Mexicano para la Competitividad nos permite hallar dos conclusiones. Por un lado, México requiere diseñar una política industrial que cree reglas de asignación más equitativas para las industrias y sectores vinculados al comercio exterior, específicamente para las cadenas de proveeduría locales. Por el otro, el desarrollo de políticas públicas que incidan de forma directa, y relativamente inmediata, sobre el bienestar de la población, empieza por los gobiernos municipales que integran las ciudades.
De hecho, el análisis de las cifras para las ciudades muestra que la ejecución más exitosa de políticas públicas a favor de la competitividad, encuentran trayectorias sostenibles cuando se logra un balance entre el Estado de derecho, la salud, la educación, la innovación y el crecimiento económico. Una ciudad que fomenta la prosperidad no puede progresar en aspectos relacionados con la seguridad, sin mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, o sin crear condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades productivas.
Medir la competitividad de las ciudades es un arma de doble filo. Por una parte, favorece que el diseño de políticas públicas para mejorar estas realidades deba tener un enfoque transversal. Pero es precisamente ahí donde aparece su mayor desafío: es preciso diseñar dichas políticas bajo diferentes perspectivas. De ahí que resulte crítico construir herramientas basadas en datos para monitorear diferentes indicadores de bienestar. Primero, con la finalidad de averiguar si efectivamente tienen un impacto sobre la competitividad. Segundo, porque una vez validada esa contribución es necesario cuantificarla.
En ese sentido, las zonas metropolitanas del país presentan un reto doble: evaluar criterios para incidir de forma multidimensional a favor de la competitividad, al mismo tiempo que se logren ejecutar políticas que incidan directamente sobre el bienestar de la población. La noticia alentadora es que la posibilidad de tomar ventaja de la arquitectura metropolitana para promover un crecimiento sostenido e inclusivo es real. Toca poner manos a la obra.
Publicado en Animal Político
22-11-2024
