Como con cada transacción importante que se hace, la compra de un automóvil —nuevo, usado, de lujo, austero— viene acompañada de una serie no menor de trámites. Por más pesados que sean esos procesos burocráticos para comprar o vender un coche hay razones legítimas que los sustentan; razones de seguridad, medioambientales y de mero orden público que hay que atender.
Sin embargo, hay miles de autos circulando que no cumplen ninguno de esos requisitos que cualquier ciudadano que respete la ley tiene que cumplir. Los autos “chuecos” —que con el tiempo adquirieron el nombre de “chocolate”— son vehículos sin papeles, sin permisos de importación, que no se comercializan, ni podrían comercializarse, a través de agencias o concesionarios. Como con cualquier mercado ilegal los números son imprecisos. Hay quien señala que podrían llegar a ser algunos millones, pero las cifras reales no las conocemos. Vienen principalmente de los Estados Unidos y algunos menos de Centroamérica. En su mayoría, se trata de vehículos que ya no cumplen las disposiciones medioambientales en el país vecino y que se considerarían chatarra, pero dada la permisividad e impunidad han logrado encontrar en México un mercado.
El problema de los autos chocolate, aunque me permitiré llamarlos de ahora en adelante ilegales, data de décadas atrás. Al carecer de registro, estos coches resultan atractivos para cometer ilícitos. Sin duda es un tema que merece ser abordado y atendido. El tema no es menor ni desde la perspectiva de seguridad pública ni desde el ámbito económico.
El sector automotriz en México representa alrededor de 3,4% del Producto Interno Bruto y este año ha sido uno particularmente complicado para esa industria. La escasez mundial de semiconductores ha generado pausas costosas para la cadena de producción automotriz y tanto las agencias automotrices como el sector exportador están viviendo las consecuencias. La cantidad importada de autos usados aumentó 36% en los primeros ocho meses del año en comparación con el mismo periodo del año previo, el mayor incremento en ocho años. El presidente López Obrador anunció en julio que regularizaría los vehículos ilegales en el país. De forma poco sorprendente, y según lo afirma la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la entrada de vehículos usados sin permisos se ha incrementado desde la fecha del anuncio. La anticipación de legalizar lo ilegal proporciona un gran incentivo a quienes han hecho de esta actividad ilícita su negocio.
No es la primera vez que se intenta regularizar u ordenar la condición ilegal de estos vehículos. En 2006, el entonces presidente Vicente Fox permitió que se legalizaran estos autos y ocasionó su importación masiva, afectando a la industria automotriz del país.
El decreto a través del cual el presidente legaliza a estos vehículos se publicó el lunes en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, hay aún poca claridad en los detalles. En el decreto se señala que varias secretarías —Hacienda, Economía, Seguridad y Protección Ciudadana— estarán a cargo del proceso en el que además tendrán que escucharse más puntos de vista por la complejidad del tema. Lo que sí queda claro es que el programa empezará en los Estados de la frontera norte y en Baja California Sur. El trámite costará 2.500 pesos. Más allá de lo que haya señalado el presidente en sus diversas apariciones públicas, en el decreto se señala que los ingresos derivados de ese trámite deberán usarse conforme a lo que señale la Ley de Ingresos de la Federación, misma que se encuentra en proceso de discusión y aprobación.
No cabe duda de que el problema existe. La existencia de estos vehículos ilegales daña al país y perjudica a la industria. Pero es una situación compleja que no se resolverá con ideas simples. Decretar legal lo ilegal solo generará más distorsiones en los mercados y brindará incentivos perversos que alguien aprovechará. El tema es importante. Ojalá se discuta ampliamente y se lleguen a soluciones mejor diseñadas. Ojalá, también, que no sea solo una jugada política o electoral. El tiempo dirá.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El País México.
21-10-2021
