Los principales escándalos de corrupción en México han estado relacionados con compras públicas. La Estafa Maestra, la Operación Safiro y el caso Odebrecht tuvieron como trama principal el desvío de recursos mediante contratos públicos. El dinero que debió ser destinado para mejorar los servicios públicos terminó financiando campañas políticas o adjudicado a empresas que recibieron ventajas ilícitas.
Este esquema no es exclusivo de México. La OCDE y el Banco Mundial han advertido que los procesos de compra pública son vulnerables a la corrupción en todo el mundo. Lo cual se debe, principalmente, a la complejidad del proceso y la gran cantidad de recursos utilizados. Tan solo de 2016 a 2018, el gasto en compras públicas representó el 21% del gasto total gubernamental. Ambas razones crean áreas de oportunidad para el comportamiento ilícito de los funcionarios públicos y de los proveedores.
La corrupción en compras públicas ocurre cuando el ganador de un contrato es determinado por intereses privados y no porque presente las mejores condiciones de calidad y precio. Para que los recursos públicos sean desviados a la empresa que es parte del esquema, una red de corrupción debe asegurar primero que ésta gane el contrato.
¿Cómo es posible realizarlo si, de acuerdo con la ley, las compras deben ser asignadas mediante licitaciones públicas? Evitando un concurso por una adjudicación directa o bien, introduciendo obstáculos a la competencia a través de prácticas que buscan dirigir un contrato: la divulgación de información confidencial, el requerimiento de características en los productos que solo una empresa pueda cumplir o los plazos de entrega irrealizables para la mayoría de los proveedores.
Estas prácticas facilitan asignar un contrato a una empresa específica. Por lo tanto, cualquier indicio de estas debe ser considerada un riesgo de corrupción. Con el objetivo de aportar evidencia sobre los obstáculos a la competencia, el IMCO analizó más de 350 mil procesos de compra publicados en Compranet por las dependencias federales durante 2018 y 2019.
Los datos indican que los procedimientos establecidos como la excepción se han convertido en la regla de contratación del gobierno federal. En 2019, el porcentaje del monto adjudicado directamente fue cuatro puntos porcentuales mayor que en 2018, pasó del 35% al 39%. Además, este mismo año hubo una disminución importante de recursos adjudicados mediante licitación pública (del 58% en 2018 al 46%).
Si bien ningún tipo de contratación está exento de riesgos, las licitaciones públicas son el procedimiento que más promueve la competencia. Sin embargo, las dependencias federales realizan sistemáticamente adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
La siguiente gráfica muestra el alto porcentaje de recursos destinados a los procesos de excepción en todos los años analizados. Específicamente, 2019 es el año con menor diferencia entre el monto destinado a licitaciones públicas y el monto destinado a procesos de excepción, donde casi 1 de cada 2 pesos gastados fue a través de estos procedimientos.
Si los sistemas de compras públicas facilitan la adjudicación directa o carecen de lineamientos para prevenir barreras a la competencia, las redes de corrupción podrán dirigir contratos incluso sin violar la ley. En la medida en la que las leyes aseguren procesos de contratación que premien la calidad a través de concursos con libre competencia, será más difícil que las redes de corrupción puedan asignar contratos a las empresas preferidas.
Es fundamental que la detección de prácticas de riesgo esté basada en el uso de datos de cada una de las transacciones realizadas. En el IMCO continuaremos analizando las compras públicas para identificar las fallas y así, proponer un sistema que favorezca la competencia y la transparencia. Sigue nuestras próximas publicaciones a través de #ComprasPúblicasMx.
Publicado por Animal Político
09-10-2020
