De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, publicada recientemente por el INEGI, la corrupción se mantiene como uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía. 56.4% de los mexicanos considera que este fenómeno es uno de los problemas más importantes en su estado, y en términos de costos, los actos corruptos a la hora de interactuar con el gobierno -es decir, realizar trámites y pagos- implican un costo de 15.4 mil millones de pesos anuales, es decir, alrededor de 4 mil 354 pesos por persona.
La contratación pública es uno de los sectores más vulnerables a la corrupción, ya sea por compras con sobrecostos, pagos a empresas fantasma o licitaciones realizadas “a modo”. Además, las compras que realiza el gobierno implican grandes sumas: solo entre 2018 y 2024, el monto destinado a compras públicas federales asciende a 2.6 billones de pesos. En 2023, por ejemplo, las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) destinaron 702 mil millones de pesos a procedimientos de contratación, lo que corresponde a 8% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
En ese contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analiza las dinámicas en las compras públicas que limitan la competitividad del país. En general, los datos muestran que durante el período 2019-2024 se han mantenido prácticas de riesgo que pueden afectar el presupuesto público y la calidad de los bienes y servicios que recibe la ciudadanía. A continuación, se enlistan los riesgos más relevantes:
- Aunque la regla de contratación es la licitación pública, desde 2020 se han identificado instituciones que adjudican directamente más del 90% del monto contratado. En 2020, 99% del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX) fue adjudicado directamente; en 2021, 89% del monto contratado por el Banco del Bienestar mostró la misma característica. En 2022, Diconsa gastó 19 mil 734 millones de pesos en compras públicas y 90% se adjudicó directamente.
- La falta de transparencia ha sido una dinámica común en las compras públicas a nivel federal. En 2022, por ejemplo, más de 13 mil adjudicaciones directas (16%) no contaron con el documento del contrato a disposición del público, y poco más de dos mil licitaciones públicas (30%) tuvieron documentación incompleta.
- Existen limitaciones en la publicación de los datos en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), que permite dar a conocer los datos de forma homologada de todas las etapas contractuales. En 2021, 98% de las compras del entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no estaban disponibles en el EDCA. En 2022, 45% de los contratos realizados por Fonatur tampoco lo cumplían. Los desafíos de transparencia se han visto agudizados por las fallas en la plataforma Compranet.
- Las instituciones públicas federales incumplen disposiciones como la publicación en tiempo y forma en Compranet, la contratación con empresas idóneas y la justificación debida a los procedimientos de excepción. En 2022, por ejemplo, 45% de las compras públicas fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.
- Las prácticas de riesgo permanecen. Las empresas de reciente creación, es decir, proveedores que se constituyeron dentro del año anterior a la fecha de inicio del contrato, son ejemplo de ello. El otorgamiento de contratos a este tipo de actores resulta riesgoso porque pueden no contar con la experiencia o las capacidades necesarias para cumplir con el objeto del contrato. El monto destinado a procesos con empresas recién creadas llegó a su punto máximo en 2022, con un monto de 3 mil 474 millones de pesos.
- En lo que va de 2024, las instituciones federales han otorgado contratos por 246 millones de pesos a 55 empresas de reciente creación. Los mayores montos se observan en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la contratación de servicio externo de guarderías, procedimientos oftalmológicos y laboratorio y diagnóstico, lo que puede impactar negativamente la calidad de servicios que reciben las personas.
IMCO Propone
En el contexto de falta de competencia, limitaciones a la transparencia e incumplimiento de la ley en las compras públicas hechas por la Administración Pública Federal (APF), el IMCO Propone:
- Limitar las excepciones que permiten realizar adjudicaciones directas. Los grupos parlamentarios deben promover la discusión legislativa sobre los cambios que requiere la regulación actual en materia de compras, especialmente las justificaciones que permiten la excepción a la licitación pública.
- Fortalecer la inteligencia de datos de las instituciones públicas. Esto implica que cuenten con las herramientas y el conocimiento para realizar estudios de mercado exhaustivos y sólidos, comparación analítica de proveedores y seguimiento efectivo de los procesos contractuales.
- Homologar las bases de datos de Compranet. Es necesario contar con un historial que facilite el monitoreo de las dinámicas de contratación y que permita realizar análisis históricos. Para esto, la Secretaría de la Función Pública puede consolidar las bases de datos de todos los años, desde 2011, en un formato homologado y público.
- Atender las acciones derivadas de la fiscalización superior. Las instituciones contratantes que han sido fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación deben implementar los cambios en los sistemas de control interno y contable para garantizar que no se repitan malas prácticas de gasto relacionadas con la contratación pública.