La inesperada remoción de Santiago Nieto, quien fue ratificado por el Senado de la República el 19 de febrero de 2015 con 95 votos a favor y una abstención como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), resulta extremadamente preocupante. La decisión se da en un contexto de debilidad institucional en el que la Procuraduría General de la República carece de titular, el Fiscal Anticorrupción no ha sido nombrado y las iniciativas de reforma constitucional para lograr una Fiscalía General autónoma e independiente han sido ignoradas por parte de todas las fuerzas políticas en el Congreso.
Es por todos conocido que la FEPADE no sólo investigaba el caso Odebrecht sino otros episodios sensibles, como los de funcionarios públicos de Chihuahua, a los que el exgobernador César Duarte les retenía parte del salario para ser entregado a su partido político, o la relación de OHL con posibles delitos electorales. Ya en noviembre de 2015 se abrió una averiguación previa en contra del Dr. Santiago Nieto luego de que éste solicitara una orden de aprehensión en contra del Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de SEGOB –Arturo Escobar– por delitos electorales.
Inquieta y es absolutamente insuficiente que la explicación ofrecida por el encargado de despacho de la PGR sea que el “servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”, particularmente, cuando la última noticia que tuvimos del ahora exfiscal fue su posicionamiento respecto a que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le había pedido un pronunciamiento público sobre su inocencia en el caso Odebrecht. La declaración del depuesto funcionario fue que “esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar. Esto es lo que me parecía particularmente grave”.
La remoción se suma a una lista de acciones que han venido vulnerando a las instituciones de procuración e impartición de justicia y cuyo funcionamiento queda comprometido de cara a las elecciones de 2018. Es particularmente preocupante que ocurra a unos días de haber iniciado el proceso electoral ya que la ausencia del titular de la FEPADE pone en riesgo la persecución de los delitos como el uso ilegal de recursos para gastos de campaña o la compra del voto. En un sistema democrático, un ente de tal naturaleza no sólo debe tener capacidades efectivas, sino autonomía e independencia.
En ausencia de una explicación creíble respecto a su remoción, no queda más que concluir que la FEPADE es una víctima más de la falta de respeto a los principios de autonomía e independencia que caracterizan a las instancias de procuración y administración de justicia de este país.
Finalmente, preocupa que la remoción del titular de la FEPADE sea constitucionalmente cuestionable, se dé en un contexto de desconfianza profunda hacia las instituciones y a las autoridades y en un ambiente político enrarecido por ataques a la libertad de expresión y embates a las organizaciones de la sociedad civil que han venido exigiendo transparencia y rendición de cuentas.
Expresamos nuestra preocupación ante la vulneración de las capacidades institucionales y principios democráticos, exigimos una explicación clara sobre los motivos del despido del Dr. Santiago Nieto y también exigimos que el Senado se pronuncie sobre el caso y, en su caso, utilice su facultad de objetar la remoción en los próximos 10 días.
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