Cuando se habla de inversión extranjera, el foco suele estar en los números, en las transacciones, en las fábricas, los empleos y la transmisión de conocimiento que suele acompañarla. Pero el mundo está cambiando. La tecnología avanza a pasos agigantados y, ante ese ritmo, la seguridad nacional se vuelve un tema de aún mayor relevancia. ¿Cómo asegurar, por ejemplo, que las cámaras de seguridad de los puertos no compartan la información con otros agentes? Es seguridad nacional e industrial.
El 30 de agosto, el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera y ampliar las facultades de la Comisión existente sobre la materia. En el proceso de revisión del T-MEC se ha discutido que México necesitaba un mecanismo de escrutinio más robusto para acotar ciertas inversiones en Norteamérica y cerrar rutas de transbordo hacia Estados Unidos. Que México dé este paso es buena noticia.
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, como la conocemos hoy, data de 1993, en el contexto del entonces TLCAN. Tener reglas explícitas sobre qué inversiones ameritan revisión adicional es preferible a la discrecionalidad. La novedad en lo propuesto en la iniciativa es que hay más claridad en la definición de los sectores sensibles —infraestructura estratégica física y virtual— en energía, transporte, salud, comunicaciones, minería, manejo de datos, industria aeroespacial, defensa, tecnologías críticas, inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad, tecnología cuántica y biotecnología.
El nuevo régimen aplicará cuando la inversión extranjera supere 49% del capital en esos sectores y rebase un umbral de activos que la Comisión deberá fijar en un plazo de hasta 180 días tras su publicación. Cambia también la conformación de la Comisión. Se incorporan las secretarías de la Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, y se suman como invitados permanentes, con voz pero sin voto, la Fiscalía, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la UIF.
La Comisión tendrá 60 días hábiles, que pueden extenderse otros 30 si la complejidad de la inversión lo justifica, y otros 30 si se requiere información adicional, para resolver. Un trámite que hoy toma 45 días bajo afirmativa ficta podría extenderse hasta 120 días hábiles bajo negativa ficta. El cambio invierte la carga en favor del Estado y abre una ventana de discrecionalidad en aras de proteger la seguridad nacional. Además, se amplían las multas para quienes transfieran acciones sin autorización.
El paralelismo con CFIUS, el modelo estadounidense, es evidente y hasta conveniente para el gobierno mexicano. CFIUS comprende un aparato institucional con décadas de práctica y capacidad técnica. Buena parte del éxito de la reforma dependerá de la determinación de ese umbral de activos y de una capacidad operativa que habrá que construir.
Normar la inversión extranjera en sectores sensibles es una tarea bienvenida, además de consistente con lo que México ha ofrecido en las negociaciones comerciales. El cambio en la ley es el primer paso. Su éxito radicará en la capacidad de ejecución. Es ahí donde se determinará si esta reforma fortalece a México o solo agrega una capa adicional de fricción.
@ValeriaMoy
Publicado en El Universal.
01-09-2026
