Como resultado de la exigencia y propuestas de la academia y la sociedad civil organizada, México ha dado pasos en la dirección correcta. Los siguientes seis años son críticos para la consolidación de instituciones y cambios legales que atiendan la debilidad del Estado frente a la crisis de impunidad.

Nuestra prioridad es la transformación de las instituciones de México para que actúen de manera legal, legítima, eficaz, con integridad, apertura, visión de derechos humanos y rendición de cuentas.
El camino aún es largo y las tareas pendientes son muchas. Aquí 11 propuestas concretas para una agenda mínima que permita seguir avanzando en el control efectivo de la corrupción:

• Reformar el Artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente.

• Completar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo la Plataforma Digital Nacional, para que se convierta en el centro de inteligencia contra la corrupción y que integre el procesamiento de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos.

• Utilizar evidencia y análisis automatizado para enfocar los esfuerzos estratégicos de auditoría y control, y con esto crear mejores análisis de riesgos de corrupción, desde la prevención, detección, investigación y hasta la sanción.

• Promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos. Impulsar una Ley General en materia de adquisiciones y obra pública que establezcan parámetros, principios, procesos, criterios y funciones homogéneas y comparables para todo el país.

• Desarrollar una plataforma digital nacional de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio, tanto para la federación como para los estados, desde la planeación, licitación, ejecución y auditoría. La plataforma debe ser completamente transaccional y transparente.

• Diseñar políticas anticorrupción basadas en evidencia y el análisis automatizado de datos que permitan enfocar los esfuerzos de auditoría y control de manera estratégica. Interconectar a las Fiscalías Anticorrupción a las bases de datos de la nueva Plataforma de Contrataciones Públicas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Consolidar una nueva cultura de integridad corporativa que tenga como objetivo central hacer negocios de manera limpia y responsable.

• Generar una Cédula Nacional de Identidad con datos biométricos que garantice la eficiencia de los programas sociales.

• Eliminar el uso de efectivo en transacciones gubernamentales. El efectivo no deja registro electrónico y por ende es poco fiscalizable.

• Desarrollar un modelo de publicidad oficial​ que asegure una prensa libre y crítica.

• Asegurar la participación efectiva de ciudadanos y comunidades en el control de los recursos públicos, tanto en el ámbito del Ejecutivo como en el trabajo del Congreso. México necesita Gobiernos y parlamentos abiertos.

El desafío que representa el control efectivo de la corrupción e impunidad requiere de propuestas claras y detalladas. Frente a esto, esperamos que los candidatos presidenciales se pronuncien, en el debate del próximo 22 de abril, con planteamientos contundentes sobre los puntos presentados.