Cuando se habla de la estrategia de combate a la corrupción, principal bandera política del momento, se suele señalar a la administración pública federal como la principal responsable de implementar mecanismos para combatirla y sancionarla. Tal atribución es natural por la dimensión e impacto de las instituciones públicas en ese nivel, pero tampoco se debe olvidar el papel de los gobiernos locales para mitigarla.
Una forma de estimar la eficiencia de las administraciones locales en el combate a la corrupción es a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. De acuerdo a esta, 46.8% de los ciudadanos que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública en las principales urbes del país, reportaron ser víctimas de un acto de corrupción. En comparación con el primer semestre del 2019, esta cifra no ha cambiado de forma significativa.
De las 70 ciudades que cubre la ENSU, Guadalajara (74.8%), Naucalpan (73.5%) y Coatzacoalcos (72.4%) fueron las urbes en donde ocurrió la mayor incidencia de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública. En contraparte, Toluca (18.8%), Piedras Negras (16%) y Mérida (14.1%) tuvieron los mejores resultados.
Los datos anteriores son relevantes dado que el contacto con autoridades de seguridad pública a nivel local es la situación en la que con mayor frecuencia se dan experiencias de corrupción en todas las entidades federativas.
Al ser el ámbito más inmediato con el que interactúan los ciudadanos, es vital repensar los retos que tienen los poderes subnacionales en México en materia de anticorrupción. Este compromiso no debe ser único de la administración pública federal, sino también de las grandes ciudades y sus respectivos gobiernos.
Para combatir la corrupción en el corto plazo es importante empezar desde lo local y con propuestas que giren en torno a la consolidación de los Sistemas Estatales Anticorrupción, así como la mejora de datos abiertos para monitorear las compras públicas.
Las Fiscalías Anticorrupción son la pieza central dentro de los Sistemas Estatales Anticorrupción, el cual debería funcionar como un andamiaje institucional para combatir este fenómeno de forma independiente a la voluntad política federal. De ser fortalecido a través de recursos, personal capacitado y un marco normativo claro, los sistemas locales permitirían a los gobiernos regionales un mayor control e independencia en la investigación y sanción de los actos de corrupción.
Otro de los ámbitos con gran potencial de mejora en lo local son las compras públicas y la disponibilidad de datos para monitorearlas. Debido a la dimensión de los montos que están en juego, la colusión de intereses, o el incumplimiento a leyes de transparencia, las compras de los gobiernos suelen tener anomalías y malas prácticas que hacen un uso ineficiente de los recursos públicos.
Tan solo en el orden federal el IMCO reportó en abril que el 43% del monto contratado por el Gobierno federal durante el 2020 fue mediante adjudicaciones directas, mecanismo en el que hay mayor espacio para la discrecionalidad. Si en los gobiernos regionales existiera mayor disponibilidad de datos abiertos sería posible obtener diagnósticos similares.
Los gobiernos locales tienen un papel clave para el futuro del país. Al ser la primera línea de respuesta frente al ciudadano, y su principal proveedor de bienes y servicios públicos, es de gran importancia que estos adopten las mejores prácticas en transparencia y capacidades institucionales de combate a la corrupción.
Publicado en Animal Político.
22-07-2021
