Durante la firma del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, el secretario de Hacienda anunció que la política de estímulos fiscales al IEPS aplicable a los combustibles se mantendrá, por lo menos, hasta febrero de 2023. ¿Cuánto nos costará la continuación de esta política?
Si bien es cierto que el esquema ha contribuido a mitigar el incremento del diésel y gasolinas, en un contexto de elevados precios del petróleo y alta inflación, también lo ha hecho a un costo significativo. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, sólo en 2022 los estímulos fiscales le costarán al erario entre 395 mil y 438 mil millones de pesos (mmdp). Esto es, un promedio de hasta 1.2 mmdp al día.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), por su parte, estimó la potencial pérdida recaudatoria en la que incurriría el gobierno federal en caso de mantener durante 2023, la política actual de estímulos. A partir de distintos escenarios que toman como base un precio promedio del petróleo de 68.7 dólares por barril, el Imco calculó que el siguiente año se dejarían de recaudar entre 72 mil y 209 mmdp.
Más allá de la menor recaudación que implicará la continuación de esta política, mantener la estrategia del gobierno federal tendrá un costo de oportunidad elevado en términos de los recursos que, al no recaudarse, no podrán financiar otras políticas públicas quizás más apremiantes y con un mayor impacto en el bienestar de la población mexicana.
Los recursos que se dejarían de recaudar, por ejemplo, permitirían duplicar el presupuesto estimado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 de la Secretaría de Salud. Es más, con esos recursos se podría multiplicar por 67 el presupuesto estimado para el Programa de Vacunación, que se prevé que sufra un recorte de (-) 55.2 por ciento el siguiente año, con respecto al monto aprobado en 2022.
Así, de cara a la eventual aprobación del Paquete Económico 2023, es fundamental que el gobierno valore y justifique si los estímulos fiscales son el mejor uso que le puede dar a los recursos públicos (por definición escasos) con los que cuenta; especialmente cuando esta política es regresiva, al beneficiar desproporcionadamente a las personas de mayores ingresos —65 por ciento del IEPS, lo paga 30 por ciento de la población más rica del país—, y tiene consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la salud pública al incentivar el consumo de combustibles fósiles.
Publicado en El Heraldo de México.
13-10-2022
