La semana pasada, Pemex presentó sus resultados operativos y financieros al cierre de 2023. A pesar de tener utilidades netas por 109,000 millones de dólares, éstas fueron sustancialmente menores a los apoyos que recibió por parte del gobierno federal (167,000 millones de dólares). Junto con los resultados de los años previos, no cabe duda de que el supuesto rescate a Pemex de este sexenio fracasó.
De acuerdo con el presidente López Obrador, la idea era sembrar petróleo durante tres años y cosechar en la segunda parte del sexenio. Pasarán los seis y no se cosechó nada. Amarguras, si acaso. Pablo Zárate lo apuntaba en estas páginas: con los recursos destinados al rescate de Pemex alcanzaba para comprar Iberdrola y Repsol, pero en su lugar la producción de crudo sigue estancada y la refinación pierde dinero cada día que opera.
Sin duda, los resultados de Pemex en los últimos años son tan malos precisamente al compararse con la cantidad de recursos estatales destinados a la empresa, pero conviene que veamos atrás, porque la situación –crítica– en que Pemex se encuentra es en parte consecuencia de la política rentista a la que el gobierno federal se resiste a renunciar desde hace décadas y que de poco ha servido para apalancar el desarrollo nacional.
Durante el sexenio de Vicente Fox se dio el gran crecimiento y declive del activo Cantarell, en particular del campo Akal. En diciembre de 1999, este campo producía un poco más de un millón de barriles diarios (mmbd). Para diciembre de 2003 llegó a un impresionante 2.1 mmbd –un crecimiento así de rápido sólo se vio en 1980-1981– y para diciembre de 2006 ya había caído a 1.4 mmbd y su declive continuó: desde 2015 produce menos de 100,000 barriles diarios.
Los especialistas han dejado claro que el campo Akal fue sobreexplotado y mucho de su potencial se quedó en el subsuelo. Los recursos extras que sacó el gobierno federal en esos años se usaron en gran medida en gasto corriente. De hecho, mientras los ingresos petroleros del gobierno federal representaron 3.8% del PIB en promedio entre 2001 y 2006, la inversión física presupuestaria promedió 2.1% del PIB, y la diferencia entre estos dos indicadores es la mayor en los últimos cuatro sexenios.
El período con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo Federal se distinguió por dos cuestiones en términos de producción: mientras Akal iba en franco declive, se desarrollaron Ku, Maloob y Zaap, tres campos que impidieron un desplome todavía peor. Sin embargo, el gobierno calderonista hizo una gran apuesta para desarrollar el proyecto Aceite Terciario del Golfo, también conocido como Paleocanal de Chicontepec, que terminó en un fracaso, pues las inversiones, que estuvieron entre 20,000 y 30,000 millones de pesos durante varios años, rindieron muy poco a pesar de las expectativas.
Por otra parte, durante la administración de Calderón el precio del crudo estuvo por las nubes, con un promedio cercano a los 80 dólares por barril, pero que en julio de 2008 superó los 130 dólares y estuvo consistentemente sobre 100 en 2011 y 2012. Ante esta situación, esa administración hizo lo mismo que haría diez años después la de López Obrador: subsidiar el precio de la gasolina. Durante todo ese sexenio, la recaudación del IEPS a los combustibles fue negativa (salvo por unos meses en 2009), con un promedio de -0.8% del PIB.
A pesar del declive en que se encontraba la producción de crudo, Pemex tuvo utilidades operativas muy elevadas –en 2012 fueron alrededor de 900,000 millones de pesos–, pero la carga fiscal, el endeudamiento y el hecho de que la exploración y la operación se haría relativamente más cara conforme los yacimientos fueran más complejos y más “pequeños” (al menos comparados con Akal y los otros gigantes), entre otras cosas, complicaban cada vez más las finanzas de Pemex.
En ese contexto, al final del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto se da una reforma energética que tenía entre sus objetivos incrementar la renta petrolera disponible para el gobierno, esta vez con la participación del sector privado en la exploración y producción de crudo.
Si bien las rondas petroleras fueron relativamente exitosas, esos contratos tardarían mucho en ser productivos. Por otra parte, la reforma no estableció mecanismos suficientemente ágiles para que Pemex transitara a esquemas contractuales con términos fiscales más apropiados y que incentivaran su productividad –el mejor ejemplo de que eso era posible son Ek y Balam, dos campos que mejoraron sustancialmente su desempeño apenas se les puso bajo un contrato–, además de que mover el aparato burocrático de la empresa siempre ha sido muy difícil y políticamente complejo, empezando por su sindicato.
Por si eso fuera poco, la caída de precio que ocurrió en la segunda mitad de 2014 (pasó de más de 100 a menos de 50 dólares por barril de la mezcla mexicana de exportación entre junio y diciembre de ese año, y llegó a 22 dólares en enero de 2016) dio al traste con los ingresos de todas las empresas petroleras, incluida Pemex, que lo primero que recortan en una circunstancia así es usualmente la exploración.
Al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador la situación operativa y financiera de Pemex ya era bastante delicada y los contratos no habían madurado lo suficiente, pero la estrategia de “rescate” estuvo muy lejos de ser adecuada.
Los campos que se declararon como estratégicos eran poco más que una lista de buenos deseos, los apoyos fiscales que ya acumulan más de 1.6 billones de pesos no han incrementado la producción (mucho menos la rentabilidad de Pemex), además de que la obsesión con refinar más no nos ha dado ni más seguridad ni más soberanía, pero sí está en el sentido contrario de las inversiones que el país necesita para acelerar la transición energética.
Si los últimos cuatro sexenios –y varios más antes de ellos– han fracasado de distintas formas en el sector petrolero, se debe a que el “oro negro” se sigue viendo como un botín político, y no como un recurso que, bien utilizado, puede financiar proyectos que permitan que el petróleo sea menos útil como herramienta de control político.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en El Economista.
06-03-2024
