2023 termina con perspectivas optimistas sobre el futuro. El país crece, avanza, y se desarrolla en algunos sentidos. Los derechos laborales mejoran y los ingresos de los trabajadores incrementan, la participación de las mujeres en la economía aumenta, y la inversión nacional y extranjera muestra niveles históricos. En otros desafortunadamente retrocede: faltan medicamentos y acceso a la salud, la crisis educativa se hace cada vez más patente, y las finanzas públicas se ven presionadas por una política fiscal que privilegia las estrategias cortoplacistas en vez de apostar por la sostenibilidad a futuro.
El próximo año la discusión sobre el rumbo que debe tomar el país alcanzará su punto más álgido. No es poco lo que hay en juego en una elección de la magnitud que se llevará a cabo en junio. Sin importar quién llegue a la silla presidencial, México debe tomar acción para ser un país más competitivo y próspero. Por ello, en el IMCO pensamos en 12 deseos que nos gustaría ver materializados en los meses y años por venir.
1. Diseñar ciudades compactas e inclusivas: El crecimiento de las zonas metropolitanas debe gestionarse tomando en cuenta la calidad de vida de los ciudadanos, donde el transporte público sea eficiente, seguro e incluyente. Que se garantice la cobertura universal de servicios y se construya infraestructura de calidad.
2. Cultivar generaciones más prósperas: Priorizar la educación y los esfuerzos dirigidos hacia revertir las tendencias regresivas del aprendizaje académico de los estudiantes mexicanos, al canalizar de manera eficiente los recursos para implementar evaluaciones estandarizadas, proporcionar a los docentes las capacitaciones necesarias y dotar a las escuelas de infraestructura básica.
3. Diseñar e implementar una política nacional de cuidados: Construir una nueva organización social de los cuidados para que no recaigan de manera predominante en las mujeres, es decir, que se reconozcan y redistribuyan entre los hogares, el sector privado y el Estado. Primero, es necesario garantizar el derecho al cuidado y designar a las instituciones responsables de atenderlo.
4. Mejorar la calidad de los empleos de las mujeres: Generar empleos que permitan compaginar la vida familiar con la profesional sin penalizar los ingresos o las prestaciones, para propiciar que las trabajadoras decidan en libertad.
5. Invertir en más y mejor infraestructura pública: Destinar más recursos públicos a obras de infraestructura socialmente rentables que impulsen el crecimiento económico sostenido del país al mejorar el capital humano de la población, su productividad y acceso confiable a insumos básicos, como agua y electricidad.
6. Expandir la infraestructura energética para capitalizar el nearshoring: El país requiere inversión pública y privada en capacidad de generación eléctrica con bajas emisiones para garantizar que la oferta crezca a la par que la demanda en un contexto de creciente electrificación de las actividades económicas.
7. Fomentar las actividades productivas que garanticen la conservación y preservación del medio ambiente a través del desarrollo de mercados sostenibles: Reducir las barreras regulatorias e incrementar la coordinación institucional en pro del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y sus cadenas de producción.
8. Garantizar la transparencia en las compras públicas a través de la digitalización de los procesos de contratación en todos los niveles de gobierno: Llevar a cabo todas las etapas de los procesos contractuales en una plataforma en línea, de forma que el registro de los documentos de compras públicas sea completo y automático.
9. Garantizar el rol del INE como árbitro de un proceso electoral transparente y democrático: Que los ciudadanos dimensionen y las autoridades respeten el rol y la responsabilidad del Instituto en el desarrollo de elecciones democráticas.
10. Procurar la integridad en la interacción público-privada en el marco del nearshoring: Disminuir los costos asociados a la corrupción en pagos, registros y otros trámites que deben hacer las empresas en las instituciones públicas en el marco de procesos de inversión.
11. Implementar una política industrial encaminada a crear condiciones necesarias para atraer inversión y comercio del extranjero: Garantizar el acceso a insumos básicos como el agua y la electricidad, crear una fuerza laboral suficientemente preparada para cubrir los puestos de trabajo, y construir o modernizar la infraestructura de conectividad, vivienda y logística en el país.
12. Impulsar mejoras en las condiciones laborales orientadas a un balance entre las necesidades de los trabajadores y los costos enfrentados por los empleadores: Los esfuerzos no se deben basar únicamente en la legislación, sino que deben tomar en cuenta el impacto sobre los costos enfrentados por los empleadores -la mayor parte de los cuales son micro o pequeñas empresas-. Así, se evitará crear incentivos a la informalidad.
Publicado en Animal Político.
04-04-2024
