Es difícil -de hecho, prácticamente imposible- pensar en una decisión pública que no involucre una compra o contratación. Salvo contadas excepciones como las empresas del Estado, el Gobierno mexicano y las instituciones que lo conforman necesitan proveedores e insumos para construir, distribuir, producir o entregar los bienes y servicios que proporcionan a la ciudadanía.
¿Pavimentar una calle? ¿Distribuir medicamentos? ¿Organizar un evento de difusión gubernamental? ¿Dar mantenimiento al transporte público? ¿Surtir papelería a las oficinas de gobierno? Estas decisiones requieren un conjunto de materiales, productos y servicios que son contratados mediante una compra pública, un proceso en apariencia sencillo y al mismo tiempo complejo y necesario.
No existe institución que no realice contrataciones porque no hay decisión pública -y mucho menos política- sin compras públicas. Desafortunadamente, una contratación pública también es susceptible a decisiones que no están alineadas al bienestar colectivo. En cambio, la intervención de intereses particulares en el proceso corrompe la contratación y beneficia a unos cuantos: a una red pública y privada que simula una transacción para obtener una ventaja.
Para muestra, analicemos tres prácticas que ocurren en este proceso: 1) La creación de empresas fachada para recibir recursos públicos, incumplir con el contrato y desviar los millones obtenidos, 2) La colusión entre proveedores y funcionarios públicos para conocer o pactar las condiciones de los contratos antes de comenzar y así aumentar las posibilidades de ganar, y por supuesto, de premiar a las partes involucradas, 3) El intercambio de favores entre empresas de amigos y familiares que se ven correspondidos al obtener contratos públicos durante administraciones o sexenios. ¿Suenan a temas familiares?
No son casos hipotéticos que buscan ejemplificar el abuso de las compras públicas, tienen nombre y apellido en México: 1) Empresas fachada: la Estafa Maestra, las empresas de Duarte... de ambos Duartes y el desfalco en Segalmex; 2) Colusión: el caso Odebrecht y los contratos de ventiladores del IMSS; y 3) Intercambio de favores: la Casa Blanca... y Gris, y los contratos entre Pemex y Agronitrogenados. Estos escándalos de corrupción o de irregularidades involucraron un conjunto de compras públicas. Pero, en una compra pública, toda acción deja un rastro. Los procesos fueron el vehículo para identificar las prácticas y actores.
La principal fuente de información para destapar la red entre instituciones y empresas en la Estafa Maestra, las operaciones de César y Javier Duarte, las irregularidades en Diconsa y Liconsa, y los contratos que obtuvieron Cyber Robotic Solutions, Grupo Higa y Baker Hughes fue una y la misma: la documentación de las compras públicas y los datos de proveedores y servidores públicos involucrados.
Desde 2015, la agenda política, legislativa y social en México ha incluido el tema de la corrupción, tanto por su presencia como por la necesidad de combatirla. Aunque ha pasado casi una década, la forma en la que las instituciones compran no ha cambiado. Pero hay algo que sí es distinto: las decisiones públicas son monitoreadas.
Independientemente de la voluntad política -o falta de ella- contrapartes de sociedad civil como el IMCO identificaron la necesidad de aprovechar la información que arroja cada transacción y desarrollaron una herramienta pública, innovadora y sumamente útil para revisar los contratos del gobierno. La plataforma ofrece visualizaciones, series de tiempo e indicadores de riesgo de más de 800 mil contratos del Gobierno Federal registrados en Compranet entre 2018 y 2022. Ahora, más de 440 mil millones de pesos son analizados con lupa cada año. (Está disponible en: https://imco.org.mx/riesgosdecorrupcion/).
Mientras que las compras permiten a las instituciones públicas cumplir su función y proveer bienes y servicios a millones de personas, también posibilitan formar parte de actos de corrupción que benefician a un grupo bastante más reducido. Afortunadamente, sea cual sea la decisión detrás de una compra pública, los rastros y los cientos de ojos puestos sobre ellas permanecerán.
Publicado en Reforma.
13-08-2023
