El pasado siete de mayo el secretario de Educación Mario Delgado anunció que el ciclo escolar 2025–2026 terminaría seis semanas antes de lo previsto, argumentando la ola de calor y el Mundial. La medida fue echada atrás, pero dejó expuesta la forma en que se toman las decisiones educativas en México.
La propuesta generó quejas generalizadas. Los maestros protestaron por tener que replantear su planeación a última hora, los padres de familia no sabían cómo cubrir las seis semanas adicionales de vacaciones imprevistas, y los gobernadores de Nuevo León y Jalisco expresaron públicamente su rechazo.
En otro frente, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares aclaró que sus planteles continuarían operando con normalidad. Sus escuelas están regidas por un contrato de servicio y estaban obligadas a cumplirlo por el periodo pactado.
En México 89% de los alumnos de educación básica asiste a escuelas públicas, 23.4 millones de niñas y niños cuyo calendario, evaluación y aprendizaje dependen de decisiones que se toman sin medir sus consecuencias. Solo 11%, los 2.6 millones que van a escuela privada, hubieran seguido en clase.
La brecha de aprendizaje entre ambos sectores ya es problemática antes de cualquier recorte al calendario. Según la prueba diagnóstico del ciclo 2024–2025, 34% de los alumnos de sexto de primaria en escuelas privadas ha adquirido las habilidades de lenguaje esperadas para su nivel, frente a 19% en escuelas públicas. En pensamiento científico la diferencia persiste, con 39% en privadas contra 26% en públicas.
Adelantar las vacaciones habría profundizado esa brecha. Existe evidencia sobre el fenómeno “summer slide”, en el cual los alumnos pierden conocimientos al regresar de vacaciones prolongadas. Ese retroceso es desigual. Los niños de familias con mayores recursos tienen un menor retroceso durante las vacaciones gracias a su acceso a libros, museos y viajes, su descanso es intelectualmente más estimulante. En cambio, los niños de familias con menos recursos regresan a clases con un mayor retroceso.
Una política pública abre o cierra oportunidades. Cuando se anuncia sin una planeación seria ni se consulta a todos los involucrados el costo lo absorbe la ciudadanía. En este caso, lo habrían pagado los niños con menos recursos y sus familias.
Decisiones así revelan que las autoridades educativas no dimensionan la gravedad del momento. La educación atraviesa una situación crítica. En la prueba PISA más reciente, México obtuvo el tercer peor resultado en lectura y matemáticas entre los países evaluados, y el peor en ciencias. La cobertura en educación básica pasó de 95% en el ciclo 2014–2015 a 89% en 2024–2025. Los aprendizajes retrocedieron a niveles equiparables a los de hace veinte años y no parece que haya reacción política, mediática o social como la que observamos en días recientes.
La exigencia es que la política educativa se tome en serio. Que cada ajuste al calendario, a la evaluación o al currículo pase por un diagnóstico técnico, una consulta real a docentes, familias y autoridades locales, y una estimación pública de a quién beneficia y a quién perjudica. El costo de las decisiones en materia educativa se debe calcular antes de tomarlas, con diagnósticos serios, no descubrirse después de haberlas tomado y en el mejor de los casos echarlas para atrás.
Sebastián Corona
Publicado en Substack.
12-05-2026.
