Por: Daniela Balbino y Manuel Sobral, investigadores de Finanzas Públicas.
En los últimos años se ha incrementado la lucha de la sociedad por reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes como el acceso a la salud, a la educación, a la igualdad y a la participación. Es más, constantemente le exigimos al gobierno que garantice todos sus derechos humanos. Sin embargo, son pocos los momentos en los que nos detenemos a pensar en qué se traducen estos derechos y cómo es que el gobierno garantiza su cumplimiento.
Según el jurista israelí Joseph Raz, los derechos humanos son estándares de justicia e intereses de la sociedad que deben ser protegidos. En el caso de México, los derechos humanos se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales.
En el país, los derechos de los niños, niñas y adolescentes comprenden una lista sumamente extensa y difícil de garantizar. Todos estos derechos, se vea por donde se vea, conllevan un determinado costo que el gobierno debe asumir. Como dice el académico argentino Juan González Bertomeu, “dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) y te diré qué derechos tienes.”
¿Cuántos recursos se destinan a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿A qué se destinan? Cada año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se consideran recursos específicos para la niñez y la adolescencia que involucran la participación de diferentes secretarías como la de Educación o Salud, y los diferentes niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- a través del gasto federalizado.
De los 8.3 billones de pesos de gasto público federal aprobados para 2023, se espera que se destine un poco más de la décima parte (899 mil 522 millones de pesos) a la niñez y la adolescencia. Aunque parece ser una cifra difícil de dimensionar, ésta se ha reducido en términos reales (-)12.5% con respecto a 2015.
Así, para este año, en promedio, el gobierno gastará mensualmente mil 915.4 pesos por niño, niña o adolescente, mientras que en 2015 gastaba 2 mil 192.7 pesos, cifra en términos reales que considera gasto en educación, salud, guarderías, migración, cultura, atención a derechos humanos, entre otros.
México atraviesa un panorama en el que la desigualdad estructural condiciona la garantía de los derechos humanos. Lo anterior es preocupante a la luz de un gasto público que es insuficiente. La canasta alimentaria urbana para marzo de 2023 alcanzó $2,164.51 pesos. Esto implica que, el monto actualmente presupuestado por niño, niña o adolescente ni siquiera alcanza para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Entonces, la pregunta es: ¿qué podemos hacer desde el gobierno y desde la sociedad para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes?
Publicado en La-Lista.
26-04-2023
