Los argumentos en contra de las reformas al Poder Judicial y la que elimina siete órganos autónomos han sido ampliamente comentados. Se han explicado los potenciales impactos negativos para el equilibrio de poderes, la arquitectura institucional -gran parte resultado de la lucha de la sociedad civil-, la capacidad para atraer y retener el talento y la inversión, la estabilidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC), la libre competencia de los mercados, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la capacidad de evaluación de la política social, entre otros.
Si bien el gobierno ha conseguido en las urnas el apoyo electoral que ha hecho viable la aprobación legislativa de las reformas, detrás de la argumentación oficial sobre estas hay un profundo engaño y un fenómeno de falta de proporcionalidad. Me explico: en nombre de la democracia y del bienestar del pueblo se busca aprobar en tiempo récord un conjunto de reformas cuyas consecuencias no han sido correctamente ponderadas o, peor, sí, pero no han importado.
Por ejemplo, ¿cómo se puede afirmar que las reformas se hacen en favor de las y los mexicanos cuando vemos una exposición de motivos tan pobre? De entrada, es una pésima señal que la reforma de simplificación administrativa busque eliminar de tajo siete organismos que, aunque comparten atributos de autonomía, son muy distintos entre sí.
Se eliminan al mismo tiempo diversas instituciones bajo un argumento de austeridad y eficacia, pero ¿dónde está el diagnóstico que nos permita entender que gracias a esta decisión los beneficios para México serán inminentes? O ¿dónde podemos consultar el análisis que nos permita tener la tranquilidad que las funciones de estos autónomos serán absorbidas sin contratiempo por las secretarías de estado y el INEGI? Porque eso es lo que se asume en la lógica de la reforma.
O si hablamos de la reforma judicial, actores relevantes del movimiento de Morena no han podido explicar la relación entre los graves problemas de la justicia en el país y la elección por voto popular de jueces y magistrados. Mario Delgado, próximo secretario de Educación, afirmó que la reforma fue una decisión que tomó el pueblo de manera contundente, pero ahí está el engaño. Claro que la ciudadanía votó por un proyecto político, pero no votó por impulsar una serie de reformas que no tienen sustento, que no están fundamentadas, que no han sido debidamente socializadas y que no han sido ponderadas en sus efectos. La ciudadanía no votó por la falta de honestidad ni de responsabilidad, ni para darle ‘regalos’ al presidente saliente en forma de reformas constitucionales aprobadas en tiempo récord.
Lamentablemente, la categoría de pueblo se reduce en el discurso actual a quienes están a favor de las reformas, porque por supuesto que el pueblo es sabio, pero cuando el pueblo está en contra de la reforma al Poder Judicial es que ‘no ha leído bien’ o ‘ha sido engañado’. Tristemente, para quienes gobiernan, solo el pueblo que no cuestiona es bueno. La historia juzgará la falta de rigurosidad para implementar reformas tan importantes para el país.
Publicado en Animal Político
05-09-2024
