El Instituto Nacional Electoral (INE) desempeña un papel fundamental en la preservación y promoción de la democracia en México: entre otras funciones, es responsable de la organización, ejecución y validación de los procesos electorales. Al igual que cualquier institución pública, el Instituto presenta áreas de oportunidad para mejorar. El debate sobre cuáles son esas áreas y cómo abordarlas debe girar en torno al beneficio de la democracia y la ciudadanía.
Por lo tanto, la repetida frase de “el INE no se toca” debe entenderse en su dimensión y contexto, es decir, el INE sí se toca, pero con evidencia y teniendo en cuenta las prioridades institucionales. Para abordar el análisis, podemos considerar al instituto como una empresa de seguridad, y la democracia mexicana como la propiedad bajo su cuidado. Una empresa de seguridad fundada en 1990 no tiene las mismas responsabilidades o desafíos que una establecida en 2024. Para mantener su competitividad y adoptar las mejores prácticas, la empresa debe fortalecerse mediante la inversión en tecnología, capacitación del personal y reestructuraciones necesarias para alcanzar los mejores resultados en sus funciones.
El INE, que tiene la necesidad de adaptarse y evolucionar, se enfrenta al desafío más significativo desde su establecimiento: la organización de elecciones de más de 19 mil cargos y un padrón electoral que supera las 100 millones de personas. En este contexto, el IMCO realizó un estudio para analizar la capacidad de la institución en este momento histórico. Los resultados muestran varios retos que enfrenta el INE y que pueden agruparse en tres categorías principales: presupuestarios, organizacionales y de fiscalización.
El reto presupuestal se evidencia en la disminución de los recursos destinados a la gestión administrativa del Instituto y a la organización electoral. Esta última recibió 2 mil 873 millones de pesos en 2024, 21 % menos -en términos reales- que en 2018. Por otro lado, los partidos políticos recibieron 10 mil 179 millones de pesos, el monto más alto en la historia.
Desde la reforma electoral de 2014, el INE ha delegado la responsabilidad de llevar a cabo las elecciones locales a los Órganos Públicos Electorales Locales (OPL). En la práctica, esta situación ha generado una duplicidad de funciones, lo que representa un desafío para el INE. En ocasiones, se ve obligado a financiar temporalmente actividades que deberían ser responsabilidad de los OPL cuando estos no disponen del presupuesto suficiente.
El desafío de fiscalización radica en que 61 % del gasto operativo del INE se asigna a las Juntas Locales (32) y Distritales (300), sin embargo, en 2023 sólo se realizaron tres auditorías en estas áreas, lo que evidencia una deficiencia en la fiscalización del Instituto. Esto implica una falta de detección oportuna de irregularidades en el uso de recursos públicos.
En resumen, el INE ha desempeñado un papel crucial en la protección de la democracia en México, y hoy en día se enfrenta a desafíos significativos en el periodo electoral. Por esto mismo, la noción de que el instituto electoral está en una bóveda donde es inmune a cambios ya no es sostenible. Al contrario, es necesario que se propongan reformas y estrategias para aumentar sus capacidades y seguir garantizando elecciones justas, transparentes y confiables. En definitiva, el INE sí debe ‘tocarse’ para fortalecer su autonomía y capacidades, y así asegurar que la democracia mexicana no se toque.
Publicado en Animal Político
18-04-2024
