Las mujeres en México viven una clara descomposición de nuestro sistema social, político y jurídico. Ellas pertenecen a un grupo que desde temprana edad es objeto de acoso, abuso sexual y violencia que las puede llevar a perder la vida.

Los datos oficiales nos dejan ver esa realidad. La encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 del INEGI muestra que casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de algún tipo de discriminación a lo largo de su vida. Cerca del 44% de esta violencia es ejercida por parte de su pareja, esposo o novio.

Además, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años, el delito de feminicidio se ha incrementado en más del doble en el país, al pasar de 411 en 2015 a 980 en 2019. Si sumamos los homicidios dolosos contra mujeres y los clasificados como feminicidios, a febrero de 2020 suman 310 casos. De continuar esa tendencia, el día de hoy habrá 10 mujeres más asesinadas en México.

Los hechos de violencia seguirán ocurriendo en la escuela, en el trabajo, en el ámbito comunitario o en casa, sin ser denunciados por las mujeres por considerarlo sin importancia, por miedo a las consecuencias, por vergüenza o porque no confían en la autoridad que más que ayudarlas las victimiza debido a su edad, preferencia sexual, idioma, estatus migratorio, parentesco con el agresor o condición económica.

El reto que tenemos hoy es prevenir y sancionar este tipo de delitos para garantizar la seguridad y vida de más de 62 millones de mujeres del país. El primer paso es fortalecer los Centros de Justicia, a través de la mejora de sus mecanismos de protección, sensibilización y certificación a sus operadores.

A su vez, es necesario diseñar programas sociales focalizados y evaluar su impacto sobre la autonomía, estabilidad emocional y económica de las mujeres. Además es importante contar con evidencia que nos demuestre que la coordinación entre instituciones para prevenir, contener, perseguir y sancionar los delitos contra las mujeres es realizada de manera integral y a favor de ellas, y en muchos casos de sus hijos. Es decir, desde quién atiende un caso por teléfono hasta un juez que lo sanciona.

Todos tenemos la enorme responsabilidad de contrarrestar la violencia contra las mujeres. El primer paso es aumentar la conciencia pública y la movilización social. No se trata de seguir ocultando la impunidad y la insensibilidad al tema, ni tampoco de quedar bien ante la opinión pública por medio de ocurrencias, de oportunismo politico o populismo penal. Nuestras madres, hermanas e hijas necesitan acciones de inclusión que las protejan y brinden lo mínimo necesario para proteger su dignidad, integridad y vida.

Publicado por Animal Político
07-04-2020