• En México, el porcentaje de adultos que tiene acceso a una cuenta en alguna institución financiera formal asciende al 36.9%, mientras en países como Kenia esta cifra llega al 84.8%.

• A pesar de contar con las condiciones necesarias de cobertura de telefonía, en nuestro país no se ha logrado incluir a más personas al sistema financiero formal mediante pagos móviles.

• Las plataformas de intercambio de pagos como CoDi requieren repensar su diseño para que las especificaciones tecnológicas para su uso no sean tan altas. La ley fintech de 2018 podría introducir más competencia y el Gobierno hacer uso de programas sociales para impulsar la bancarización.

A continuación se presentan los principales hallazgos de un documento de investigación del Center for Global Development, en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad y el analista Jorge Andrés Castañeda, sobre la inclusión financiera en México.

¿Por qué la inclusión financiera es tan baja en México? Nuestro país tiene una enorme brecha de inclusión financiera. Mientras que en países como Kenia el porcentaje de adultos que tiene acceso a una cuenta en alguna institución financiera formal asciende al 84.8%, en México esa cifra llega solo al 36.9%.

Existe una multitud de factores que contribuyen a esta problemática. Por una parte, los consumidores reportan ingresos insuficientes, informalidad laboral y desconfianza en el sector bancario como las principales razones que explican la poca demanda por sus servicios. Por otra parte, las tarifas, comisiones, altas tasas de interés, así como la falta de infraestructura bancaria y de productos dirigidos a segmentos de menores ingresos parecen ser barreras que enfrenta la población para ser incluida financieramente.

En presencia de estas restricciones, se esperaría que en México la demanda por servicios financieros condujera a más personas hacia opciones de pago móvil. El dinero móvil  y otras estrategias digitales han detonado el acceso y uso de servicios financieros en segmentos desatendidos de la población en países en vías de desarrollo. Sin embargo, en nuestro país las opciones tecnológicas han sido desaprovechadas.

¿Por qué el pago móvil no ha acelerado la inclusión financiera? México cuenta con las condiciones necesarias para hacer del pago móvil una alternativa viable a la banca convencional: el 90% de adultos tiene una identificación, el 60% posee un teléfono celular y el 95% de la población está cubierta al menos con una señal 3G. Sin embargo, solo el 4.1% de los adultos reporta haber usado una cuenta de pago móvil en el último año. La misma cifra en Kenia es del 76.9%. Detrás de esta dinámica hay dos posibles explicaciones.

Factores regulatorios. A pesar de los avances en material legal, la regulación mexicana no ha sido efectiva en incentivar la competencia en el mercado de pagos y ha mantenido reglas sectoriales que son favorables para la banca comercial. Evidencia de esto es que los operadores de redes móviles en México no han sido capaces de ampliar su cobertura de servicios financieros debido a barreras legales a la entrada que en otros países con mejor diseño regulatorio han sido eliminadas.

Adicionalmente, en la ley fintech de 2018, diseñada con el objetivo de fomentar la innovación y definir reglas para que las empresas de tecnología financiera (conocidas como fintech) puedan operar y ofrecer servicios, existen todavía lineamientos que podrían reducir su impacto en la inclusión financiera. Por ejemplo, la necesidad de contar con una cuenta bancaria para tener acceso a una plataforma de pagos móvil limita el potencial de mercado a personas que ya tienen acceso a este producto financiero.

Adicionalmente, el Banco de México lanzó recientemente el Sistema de Cobro Digital (CoDi), una plataforma de intercambio de pagos que requiere que los usuarios tengan una cuenta con un banco formal y un teléfono inteligente capaz de escanear códigos QR. Los requisitos técnicos de CoDi dificultan el acceso a su funcionalidad al excluir teléfonos 2G, los cuales son más sencillos que un smartphone.

Productos financieros sustitutos. En México, el 62% de los adultos accede a créditos sin tener una cuenta de transacciones, a través de tarjetas de crédito emitidas por comercios minoristas. Esto es casi el doble que aquellos que usan tarjetas de crédito bancarias.

Las tarjetas de crédito departamentales requieren de un ingreso mínimo menor y requisitos de identificación más laxos que los exigidos para obtener tarjetas de crédito emitidas por bancos. Estas tarjetas de crédito de minoristas son importantes porque están diseñadas para cubrir con las necesidades crediticias de segmentos de la población de ingresos medios y bajos, quienes han sido ignorados por los bancos.

Sin embargo, las tarjetas de crédito minoristas implican tarifas y tasas de interés más altas que las bancarias y no son tarjetas de pago de uso general. Parece que este tipo de tarjetas cubren una parte de la demanda de los servicios financieros de la población de bajos ingresos en México, pero no deben de ser consideradas adecuadas para la inclusión financiera. 

La falta de un producto de ahorro niega su flexibilidad para amortiguar choques repentinos en los ingresos de las familias, lo que reduce de manera importante su utilidad como un instrumento financiero.

Recomendaciones de política pública

Nivelar el campo de juego financiero. México necesita fomentar más competencia e innovación para extender la cobertura a los clientes más pobres. Las plataformas de intercambio de pagos como CoDi requieren repensar su diseño para que las especificaciones tecnológicas para su uso no sean tan altas. La ley fintech de 2018 podría introducir más competencia, aunque la relativa falta de supervisión podría resultar contraproducente si las empresas asumen riesgos excesivos. Además, las empresas fintech se ven perjudicadas por la incapacidad de tomar depósitos y, por lo tanto, dependen de bancos por este componente en sus servicios.

Finalmente, las fintech también necesitan extender sus servicios al pago móvil (no únicamente a la banca móvil con acceso a internet), que puede ser utilizada en tecnologías mínimas como la tecnología móvil 2G.  

Intervenciones de política pública. Los gobiernos tienen herramientas de política pública para promover la inclusión financiera. India aumentó la inclusión financiera de los adultos del 35.2% al 79.9% en seis años, debido al impulso del Gobierno para abrir cuentas bancarias bajo  programas sociales. 

El Gobierno mexicano tiene un historial de implementación de programas sociales con transferencias, lo que sugiere que tiene la capacidad de lograr metas ambiciosas de inclusión financiera si se adhieren componentes como la creación de cuentas bancarias y desarrollo de ecosistemas financieros que permitan el uso de estos productos.