La tercera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington D.C. el pasado 12 de julio, después de negarse a asistir a la IX Cumbre de las Américas de Los Ángeles en junio, se llevó a cabo sin reuniones con legisladores de comités clave en el Capitolio ni con organizaciones de latinos en Estados Unidos y, lo más importante, sin agendas ambiciosas. La reunión con el presidente Joe Biden fue una de páginas interiores en los principales periódicos de Estados Unidos, no de ocho columnas.
El presidente López Obrador presentó a su homólogo Joe Biden un plan de cinco puntos para combatir la inflación. Este "plan" consiste en incrementar los inventarios de combustibles en la frontera norte para atender consumidores estadounidenses (con gasolina subsidiada y en su mayor parte importada de Estados Unidos), facilitar el acceso a la capacidad en gasoductos contratada por la CFE en Estados Unidos, inversiones público-privadas para regionalizar cadenas de valor, reducir aranceles a una canasta no especificada de alimentos y eliminar obstáculos al comercio en alimentos y ordenar el flujo migratorio, a través de un programa de visas temporales para enviar más trabajadores mexicanos a Estados Unidos.
En la reunión destacó la ausencia de un tema fundamental para el éxito del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y la competitividad regional de América del Norte: el combate al cambio climático y la transición energética. La energía es, en este momento, uno de los tres temas más álgidos en la relación bilateral y quizá el principal reto en el componente comercial -la migración y el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, son los otros dos-.
El T-MEC ofrece una arquitectura institucional propicia para la cooperación binacional y regional en materia energética, para la inversión en energías renovables en los tres países, para desarrollar infraestructura energética como redes de transmisión eléctrica, ductos que permitan una mayor penetración del gas natural -combustible más asequible, más eficiente y menos contaminante que el resto de los fósiles- y almacenamiento de petrolíferos.
El cambio climático es el principal riesgo que enfrenta la humanidad y la competitividad de los países en años por venir. Por ello, las acciones que emprendan los socios de América del Norte para acelerar la transición energética serán clave para su capacidad de atraer y retener inversiones y talento. Unas líneas en el comunicado conjunto de ambos países sobre las energías renovables y una serie de compromisos vagos en materia de hidrocarburos quedan lejos de las necesidades de la región.
A dos años del T-MEC no ha habido un impulso de iniciativas que promuevan una integración más profunda a nivel América del Norte. Se requiere una agenda de energía con visión de largo plazo que aborde el desafío a nivel regional para consolidar a la región como la más competitiva del mundo de cara a otros clústeres manufactureros en Europa y Asia.
México es quien más tiene que ganar de esto, por ello el país debe ser el motor de esta iniciativa. Empero, la combinación de una retórica hostil a la inversión privada y la falta de certidumbre legal en el sector energético mexicano no es congruente con una agenda de este tipo. La causa de raíz no es una motivación política o ideológica del gobierno en turno, sino la falta de compromiso del Estado mexicano con el Estado de derecho. Si el TLCAN original fue revolucionario al comprometer por primera vez al Estado mexicano a respetar una serie de disciplinas estrictas a cambio de preferencias comerciales, hoy el reto está en mostrar un compromiso creíble con el Estado de derecho en los mercados energéticos por una cuestión no solo ambiental, sino también de competitividad y desarrollo.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en Reforma.
16-07-2022
