Por: Natalia Campos y Raúl Rosales
A pesar de que en la realidad discursiva vivimos en un país en el que “ya no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad”, diferentes mediciones, nacionales e internacionales, apuntan lo contrario: en México, la corrupción es un problema urgente, vigente y con un panorama desalentador.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional y publicado el 25 de enero, ubica a México en la posición 124 de 180 países, al obtener 31 puntos -la misma calificación del año pasado- en una medición basada en la percepción de especialistas, analistas y empresarios sobre la corrupción en el sector público (a menor calificación, mayor percepción de corrupción). Aunque el puntaje se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos diez años, México se encuentra entre los últimos lugares del mundo y muy por debajo de otros países de América Latina como Chile (67) y Uruguay (73).
El IPC no es la única medición que indica que México no va por buen camino en la lucha anticorrupción. El IMCO ha documentado que entre 2018 y 2020, aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 59% de las instituciones federales. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI también da cuenta de un incremento sostenido, de 2013 a 2019, del porcentaje de personas que han reportado ser víctimas de corrupción al momento de realizar un trámite gubernamental, que pasó de 12% a 16%.
En lo que va del sexenio, el INEGI registró 6,485 delitos por corrupción en carpetas de investigación (3,661 durante 2019 y 2,824 durante 2020), sumado al evidente letargo en el que se encuentra el Sistema Nacional y los Sistemas Estatales Anticorrupción, los cuales, en su momento, representaron una oportunidad institucional para enfrentar las complejas redes de corrupción operantes en el país.
Así, parece haber dos historias paralelas: el país sin corrupción, en el que ya se barrieron las escaleras de arriba hacia abajo, y el México en el que la lucha anticorrupción tiene mucho camino por recorrer.
El presidente ha hecho célebre la frase “tengo otros datos” y la ha repetido frente a cifras de pobreza, seguridad pública, economía y corrupción expuestas por instituciones gubernamentales, especialistas y periodistas. El problema es que la visión anticorrupción del gobierno no se restringe al plano discursivo, sino que se traduce en falta de acciones claras.
En la práctica y en el discurso existe un desdén por los datos, lo cual imposibilita un proceso continuo de diagnóstico y una política pública sólida contra las redes y las manifestaciones de la corrupción en el país. Los problemas públicos, especialmente los que se caracterizan por ser multi-causales y multi-sintomáticos, requieren de la mejor evidencia posible para ser utilizada como insumo de análisis y decisión.
La necesidad de acciones contra la corrupción es más evidente que nunca; para avanzar y lograr cambios en ese sentido es importante ir más allá del discurso. No se trata, por supuesto, de que el IPC sea el único indicador a ser tomado en cuenta para hacer un diagnóstico robusto del fenómeno de la corrupción. Como todas las mediciones, tiene sus ventajas y desventajas, y refleja solo una parte del enorme fenómeno de corrupción.
Pero, si se ignoran las mediciones, ¿con qué evidencia se pueden formular e implementar soluciones en la lucha anticorrupción? ¿Se trata acaso de formular acciones de política pública tomando en cuenta los datos que favorecen la imagen del gobierno? ¿No es este un sesgo dañino para la democracia y, en última instancia, para la ciudadanía?
Publicado en Animal Político.
27-01-2022
