La Secretaría de Energía (SENER) reconoció en la más reciente edición del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, documento rector para la planeación del sector, que el Estado mexicano incumplirá con algunos de los compromisos pactados en el Acuerdo de París.
Aunque nuestro país se comprometió a que en 2024 el 35 % de la energía generada en territorio nacional sería producida con tecnologías limpias, el propio gobierno federal estima que para ese año solo se generará el 31 % de la electricidad mediante este tipo de tecnologías. Si se considera que la generación de energía eléctrica es la segunda fuente de gases de efecto invernadero a nivel nacional, esta diferencia de cuatro puntos porcentuales representaría la emisión en 2024 de alrededor de ocho millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) adicionales a las que se observarían en caso de dar cumplimiento a las metas acordadas.
Incumplir los compromisos del Estado mexicano en el combate al cambio climático no es un tema menor. No solo será el gobierno mexicano quien resentirá la desaprobación de la comunidad internacional por no contribuir al principal esfuerzo global por mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 1.5°C, sino que seremos los mexicanos quienes pagaremos de forma desproporcionada las consecuencias cada vez más palpables del cambio climático, al ser uno de los países más vulnerables a sus efectos.
Más allá del oprobio para el país y de los efectos negativos del cambio climático que afrontaremos, este eventual incumplimiento es preocupante en la medida en que es un reconocimiento implícito de la fallida política de la administración actual en lo que se refiere a la transición energética del país.
Una meta cuyo cumplimiento parecía razonable hasta hace apenas unos años se ha vuelto inviable debido a las políticas implementadas en el sector eléctrico en los últimos dos años y medio. Esto pese a que México tiene un enorme potencial para el aprovechamiento de las energías renovables y al desplome de los costos de generación de las energías limpias a nivel mundial en años recientes –según datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable, entre 2010 y 2019 los costos nivelados promedio a nivel global de las energías eólica y solar fotovoltaica registraron caídas del 38% y del 82%, respectivamente–.
Entre las distintas políticas que han restringido la integración de energías limpias a la matriz de generación de electricidad del país destaca la cancelación de las subastas de energía eléctrica y potencia de largo plazo. Aunque las subastas celebradas entre 2015 y 2018 permitieron que distintos actores del sector privado generen hoy en día energía limpia (eólica y solar fotovoltaica) a precios hasta 72% más bajos que los precios promedio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en beneficio de los consumidores y del medio ambiente, estas fueron canceladas a inicios de 2019 sin mayor justificación por el Centro Nacional de Control de Energía a petición de la SENER.
Además, cambios a la legislación emanada de la reforma energética de 2013/2014 amenazan las inversiones de los generadores privados de energía, tales como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (actualmente suspendida en tribunales) o la ya anunciada reforma constitucional en materia energética. Esta última busca que las centrales eléctricas de la CFE mantengan, ad infinitum, una participación de cuando menos 54% de la producción de la energía eléctrica del país, generando un clima de incertidumbre entre los participantes privados de la industria eléctrica que desincentiva la inversión en energías limpias.
De continuar obstaculizando la participación del sector privado en la generación de electricidad, aun cuando este ha demostrado su capacidad para generar energía limpia a precios competitivos a nivel internacional, el gobierno federal generará un daño irreversible al medio ambiente, por no mencionar las múltiples consecuencias negativas que estas acciones conllevan también para el bolsillo de los consumidores, la salud pública, las inversiones nacionales y extranjeras, y para la competitividad nacional.
Publicado en Animal Político.
05-08-2021
