De la fábula de los tres cochinitos aprendimos que cuando se trata de la vivienda, hacer las cosas con prisa sale caro. Ese parece ser el caso de la iniciativa para reformar la Ley del Infonavit que el presidente envió al Congreso el 5 de octubre y que ahora está en ruta de aprobarse de manera exprés sin que sus implicaciones se hayan comprendido lo suficiente.

La reforma plantea una de las mayores transformaciones al Infonavit en décadas. Actualmente, el Instituto administra recursos de los trabajadores por más de 1.667 billones de pesos y otorga crédito para adquirir o mejorar la vivienda, a través de intermediarios que son las desarrolladoras.

Con los cambios propuestos, los trabajadores ahora podrán recibir el crédito "directamente y sin intermediarios". El problema es que el Infonavit no ha dado a conocer las reglas y controles que se implementarán para otorgar estos créditos directos, que podrían ser cuantiosas transferencias de efectivo a los trabajadores. Tampoco conocemos las medidas que garantizarán que el dinero se utilice para construir, remodelar o comprar una vivienda, y no para otros fines.

Sin claridad sobre las reglas y controles, la implementación pudiera ser atropellada, de guiarse por imperativos económicos y electorales. Primero, por la necesidad de reactivar la economía y "crear" los 800 mil empleos que el presidente prometió; la lógica gubernamental es que Infonavit podría ser un detonante de esa reactivación mediante créditos directos. Y segundo, la rentabilidad política de dispersar estos recursos en año electoral. Visto desde esa óptica, el otorgamiento del crédito directo puede ser una decisión de política pública contraproducente y perjudicial si algunos trabajadores utilizan los recursos sin controles o para otros fines.

Además, la iniciativa contempla otorgar créditos a derechohabientes no activos, es decir, personas que en el pasado cotizaron en el Infonavit, pero que hoy están desempleadas o en la economía informal. Esos créditos son inherentemente más riesgosos y afectarán el balance general del Instituto que, pese a tormentas y un aumento de la cartera vencida en los últimos meses, ha mantenido su salud financiera.

La iniciativa tiene también aspectos positivos, como la posibilidad de que los trabajadores adquieran terrenos y de que reciban más de un crédito a lo largo de la vida. Si bien el Infonavit se ha esmerado en enfatizar estas ventajas para convencer a los trabajadores y patrones representados en su Consejo y a la opinión pública, debemos tener claro que una reforma de estas dimensiones no debe aprobarse al vapor. Merecemos una discusión informada, con análisis financieros y de implicaciones operativas en la mano. Hoy en día, no conocemos estas proyecciones.

Vale la pena reiterarlo. El dinero que Infonavit administra es el patrimonio de los trabajadores mexicanos. No es del Gobierno, ni de los patrones. Es de los trabajadores que a lo largo de una vida han contribuido a su subcuenta de vivienda. Si, como el cochinito que construyó su casa de paja, remodelamos el Infonavit al vapor, corremos el riesgo de que la nueva casa que construyamos se derrumbe en la primera tempestad. Para asegurar que la reforma propuesta no es el lobo feroz disfrazado de oveja, necesitamos transparencia e información. Toca al Infonavit asegurarla y a nosotros exigirla.

Publicado por Reforma
23-10-2020