La Suprema Corte de Estados Unidos puso un freno a la política comercial del presidente Donald Trump. La Corte determinó que el Ejecutivo no puede imponer aranceles generales al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una norma diseñada para responder a amenazas extraordinarias, no para rediseñar de forma amplia la política comercial.
Más allá del tecnicismo, el mensaje institucional es relevante: la autoridad primaria en materia de comercio exterior recae en el Congreso. La decisión, aprobada por seis votos contra tres, reafirma el sistema de contrapesos en un contexto en el que el Ejecutivo había ampliado su margen de acción. Sin embargo, el fallo no elimina las facultades presidenciales ni las herramientas disponibles para influir en la política comercial.
El mismo día de la resolución, Trump anunció un arancel global de 10% con base en la Sección 122. Un día después, lo elevó a 15%. Esta disposición permite imponer aranceles durante 150 días, con posibilidad de prórroga sujeta a aprobación legislativa. Además, el presidente adelantó que utilizará ese plazo para diseñar nuevos aranceles “legalmente permisibles”, apoyándose en otras leyes relacionadas con seguridad nacional o prácticas comerciales desleales.
La herramienta cambia, pero la estrategia permanece. Si la amenaza comercial se ha convertido en instrumento de negociación, la pregunta es si esta dinámica se extenderá durante el resto de la administración, incluso más allá de la revisión del T-MEC.
El nuevo esquema aplica a países o bloques con acuerdos de aranceles recíprocos con Estados Unidos, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán. En términos agregados, la tasa arancelaria efectiva promedio se ubicaría en 13.7%, ligeramente por debajo del nivel previo al fallo.
Para México, el impacto es favorable, al menos por ahora. Los productos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC pasarán de enfrentar un arancel de 25% a uno de 15%.
El elemento central es que el T-MEC se mantiene como ancla institucional. La mayoría de las exportaciones mexicanas que cumplen con el tratado permanecen exentas del nuevo arancel global. En un entorno de creciente proteccionismo, esa excepción no es menor.
No obstante, sería un error confundir estabilidad jurídica con estabilidad política. La Corte limitó una vía específica, pero no la disposición de utilizar el comercio como instrumento de presión. En México hemos visto que las amenazas arancelarias también funcionan como palanca para obtener otros compromisos.
La cuestión no es si la amenaza desapareció, sino cuánto tiempo seguirá formando parte del entorno económico. Si el proteccionismo continúa como eje de política pública, México enfrentará un periodo prolongado de incertidumbre.
La lección es clara: la arquitectura institucional estadounidense funciona, pero la volatilidad política persiste. Para México, la tarea no es celebrar, sino fortalecer el cumplimiento del T-MEC, diversificar mercados y reducir vulnerabilidades internas. Y, sobre todo, consolidar un Estado de derecho que dé certidumbre a la inversión y a la actividad productiva.
La amenaza no terminó. Cambió de forma. Y todo indica que seguirá presente.
@ValeriaMoy
Publicado en El Universal
24-02-2026
