- Al cierre de 2020, el saldo de la deuda de los estados, los municipios y sus respectivos organismos, en conjunto, ascendió a 637,275 millones de pesos (mdp), 33,467 mdp más que en 2019 (603,808 mdp).
- A pesar de la crisis económica, la deuda en los estados y municipios aumentó únicamente un 2% en términos reales, en comparación con el 2019.
- En 2020, los gobiernos de las entidades federativas concentraron el 93% (593,812 mdp), mientras que los municipios sólo el 7% (43,463 mdp) del total de la deuda subnacional.
El endeudamiento de los estados y municipios ha cambiado en los últimos 30 años. El acceso a más y mejores créditos con fines productivos y sostenibles aumenta sus capacidades para hacer valiosas inversiones que sirvan como catalizadores de mejores condiciones de vida. Cuando es usada para fines improductivos y de forma insostenible, puede comprometer las finanzas públicas, minar la confianza de inversionistas y limitar el desarrollo futuro. La creación de la Ley de Disciplina Financiera ha permitido establecer un marco más claro para su uso y bases mínimas en la materia.
Con este reporte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hace un seguimiento de la evolución de la deuda pública subnacional que incluye el 2020 y la compara con periodos anteriores. Este documento se realiza con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), actualizada al cuarto trimestre de 2020 sobre la deuda pública de estados y municipios. Aunque la Secretaría únicamente lleva el registro de una parte de la deuda total, la información permite dimensionar la magnitud y la tendencia de endeudamiento de los gobiernos locales.
Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas, los municipios y sus respectivos organismos, en conjunto, ascendió a 637,275 mdp; un saldo de 33,467 mdp mayor al observado para el mismo periodo de 2019 (603,808). A pesar de la profunda crisis económica, la deuda en los estados y municipios aumentó únicamente un 2% en términos reales en comparación con el 2019. Este es un escenario atípico en comparación con otras crisis registradas en México como la de 1994 y 2009, en donde la deuda creció 45% y 20%, respectivamente.
Principales hallazgos del 2020:
- En 2020, los gobiernos de las entidades federativas y sus organismos concentraron el 93% (593,812 mdp), mientras que los municipios y sus organismos sólo el 7% (43,463 mdp) del total de la deuda subnacional.
- Las entidades que tuvieron mayor incremento en el saldo de sus obligaciones financieras fueron Yucatán (99.7%), Jalisco (33.8%) y San Luis Potosí (25.8%).
- Las entidades que tuvieron una mayor reducción en el saldo de sus obligaciones financieras fueron Querétaro (-29.7%), Tabasco (-18.1%) y Sinaloa (-12.9%).
- Los estados con mayor porcentaje de deuda con respecto a sus ingresos son Nuevo León (81.1%), Coahuila (77.5%) y Chihuahua (69.1%).
- Los estados con mayor porcentaje de endeudamiento con respecto a su Producto Interno Bruto son Chihuahua (8.6%), Quintana Roo (7.9%) y Chiapas (7.7%).
- Los 50 municipios más poblados del país acumularon más del 58.1% de la deuda contratada por municipios. Mientras que 573 municipios contrataron el resto de la deuda pública municipal. Además, 1,821 municipios no contrataron deuda.
Por ello, el IMCO Propone:
- Dar continuidad al Sistema de Alertas de SHCP y a la información recopilada por el Registro Público Único. La información es un insumo fundamental para fomentar la competencia en el sector y generar mejores condiciones de contratación.
- Mejorar y revisar las capacidades locales de las haciendas públicas y tesorerías municipales para estar en posibilidad de contraer deuda o emitir activos bursátiles. Durante 2020, un total de 1,821 municipios no adquirieron deuda. La subcontratación puede disminuir a través de esquemas de colaboración entre municipios (intermunicipalidades) o con el gobierno estatal, que los habilitaría para acceder a créditos.
- Asociar la deuda con inversión productiva. Los gobiernos subnacionales aún son opacos, en muchos casos no es posible conocer su destino. La deuda pública debe permanecer como un instrumento de financiamiento que, bien utilizado, mejoraría las condiciones de vida de las personas.