El presidente López Obrador hizo de la deuda pública un tema durante su campaña en 2018. En repetidas ocasiones habló de la que según él sería su política de financiamiento afirmando que durante su gobierno no se incrementaría la deuda. De hecho, fue una de sus promesas el 1 de diciembre de ese año, cuando tomó posesión: “… ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso.”
Cualquiera que tenga una ligera idea de cómo se financian los gobiernos sabría, desde el principio, que esa afirmación no tenía ningún asidero con la realidad. En aquel momento, sus asesores económicos nos explicaban amablemente lo que el candidato quería decir. Era evidente, según ellos, que el presidente sabía que no contratar deuda era algo imposible pero que en realidad se estaba refiriendo a que no se incrementaría el cociente de deuda entre PIB, una de las mediciones de apalancamiento más comunes. Es más fácil mentir sobre la deuda que explicar un concepto, supongo.
Más de dos años después el presidente sigue recurriendo a la retórica de que la deuda no se ha incrementado. Ha hecho particular referencia a la deuda externa, como lo dijo en su informe de gobierno el 1 de septiembre del año pasado: “…hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda externa adicional”. Ya sabemos que al presidente le gustan las frases sencillas de explicar y lo suficientemente ambiguas para complicar su verificación. Afortunadamente para los ciudadanos, en el caso de la deuda externa contamos con la información clara y precisa.
En 2019 y en 2020 hubo, en cada uno, tres colocaciones de deuda en mercados extranjeros. Las de 2019 sumaron más de 6.3 miles de millones de dólares. En 2020 se colocaron más de 2.5 mil millones de euros y 6 mil millones de dólares. La primera colocación de este año, en enero, fue por 3 mil millones de dólares.
Además de esas colocaciones, México ha recibido seis créditos del Banco Mundial: uno en 2019, tres en 2020 y dos en lo que va de 2021. Uno de ellos, por mil millones de dólares, fue autorizado en mayo del año pasado justo bajo el esquema de apoyo ante la crisis ocasionada por la pandemia. Suman en total 3 mil 335 millones de dólares.
Hablemos ahora del cociente deuda sobre PIB. El año 2018 cerró con un cociente de 44.8%, usando como deuda el saldo histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la más amplia medida de los compromisos de pago del país. El año siguiente cerró con una razón de 44.5%. Y el gran cambio, dada la disminución del PIB, se dio en 2020, cuando cerramos el año con un cociente deuda / PIB de 52.3%.
No sorprende la colocación de deuda, tampoco la de deuda externa. En un entorno financiero globalizado es normal que los gobiernos diversifiquen sus fuentes de financiamiento. Sí sorprende —aunque quizás ya no debería— la manipulación retórica del concepto de endeudamiento. La deuda es una herramienta financiera, te permite fondear proyectos de inversión que de otra forma serían imposibles.
Ojalá la narrativa radicara en qué uso le daremos a la deuda para apurar la recuperación económica o para mejorar la capacidad instalada —en infraestructura y capital humano— del país. Sería una discusión más útil que el afán del gobierno por ocultar la realidad.
Publicado en El Universal
04-05-2021