Estas últimas semanas han estado marcadas por una avalancha de noticias que se arrebatan la agenda pública. El debate está saturado y las notas tienen un tiempo de vida cada vez más corto. En medio de la inmediatez, la educación corre el riesgo de quedar fuera de la conversación, pero ignorarla no la vuelve menos urgente.
En fechas recientes ocurrieron dos hechos sintomáticos en materia educativa: el despido de Marx Arriaga y el cierre de escuelas en al menos nueve estados derivado de la violencia desatada el pasado domingo. Ambos deberían obligarnos a reflexionar sobre la crisis que atraviesa el sistema educativo, sobre su fragilidad al enfrentar desafíos estructurales de largo plazo, pero también presiones inmediatas que interrumpen el derecho de niñas, niños y jóvenes a aprender.
Desde el sexenio pasado, la apuesta es la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que revirtió la Reforma Educativa de 2013 y afirma plantear un modelo más humanista. Este cambio de enfoque ha estado acompañado por una transformación profunda en la arquitectura institucional. En menos de una década, México eliminó dos instituciones encargadas de evaluar y mejorar la calidad educativa. Primero, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado en 2002 y que desde 2013 operaba como organismo autónomo, fue sustituido en 2019 por Mejoredu. Posteriormente, Mejoredu también desapareció en 2024, trasladando sus funciones a la propia SEP.
Este debilitamiento institucional y la pérdida de autonomía han limitado la capacidad para medir el panorama real de la educación. La última prueba estandarizada a nivel nacional (Planea) se aplicó en primaria en 2019 y en secundaria en 2022. Esta fue sustituida por una evaluación diagnóstica sin preguntas en áreas clave como español y matemáticas. Actualmente, la única referencia consistente en el tiempo es la prueba PISA de la OCDE, aplicada a estudiantes de 15 años. Los resultados más recientes son alarmantes, ya que el país se ubica entre las tres economías con peor desempeño en Matemáticas, Lectura y Ciencia.
Dimensionar el alcance del rezago educativo es cada vez más difícil. No solo por la ausencia de evaluaciones comparables y periódicas, sino también por las crecientes barreras para acceder a la información pública. Obtener datos que antes estaban disponibles se ha vuelto un proceso más complejo, más lento y, en muchos casos, sin éxito. La desaparición de los contrapesos encargados de garantizar el acceso a la información ha debilitado los incentivos para la transparencia. Sin información confiable, el sistema educativo pierde la capacidad de diagnóstico, y por lo tanto, la posibilidad de corregir su rumbo.
La inseguridad también se ha convertido en un desafío para la asistencia escolar. El cierre de escuelas por razones de violencia, así como el miedo de las familias de enviar a sus hijos a clases, interrumpe las trayectorias educativas y profundiza las brechas existentes. Además, la violencia erosiona el entorno escolar como un espacio seguro, limita la continuidad de los procesos educativos y debilita uno de los principales mecanismos de movilidad social.
La educación enfrenta una tormenta silenciosa marcada por decisiones institucionales que debilitan la capacidad de evaluar, opacidad que impide dimensionar los rezagos y una ola de violencia que interrumpe el acceso a las aulas. El sistema educativo mexicano avanza sin una dirección clara, sin una política contundente. Mientras que la agenda pública se mueve de una nota a otra, el país pierde la brújula en uno de los ámbitos más determinantes. La educación es el cimiento sobre el cual se construye el futuro del país, postergar su atención solo profundizará las consecuencias.
@fergarciaas
Publicado en Substack
25-02-2026
