El 27 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó los Pre-Criterios Generales de Política Económica, con lo que arrancó el proceso de aprobación de lo que serán la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del Paquete Económico de 2025. En ese documento se pueden distinguir claramente las presiones a las que están sometidas las finanzas públicas y nos da pistas para entender por qué eso debería llamar nuestra atención.
Si empezamos por el marco macroeconómico, Hacienda estima que la economía mexicana crecerá entre 2 y 3% en 2025. Banco de México y el Fondo Monetario Internacional tienen un estimado de 1.5%, la encuesta de analistas de Citibanamex, 1.8%, la OCDE, 2%, y el Banco Mundial, 2.1%. La de SHCP no parece una mirada demasiado optimista –al menos en la parte baja de su intervalo–, aunque como pasa usualmente, es más favorable que la mayoría.
En materia de ingresos, la SHCP estima que estos crecerán un 0.6% en términos reales –es decir, por encima de la inflación– el próximo año con respecto a los que calcula obtener en 2024. Al interior de esos ingresos, se estima que los obtenidos vía impuestos crezcan un 3%, pero que los petroleros caigan un 13.5%, pues se espera un precio del petróleo más bajo.
Al respecto, vale la pena recordar que –aunque no depende de las decisiones nacionales– un precio del crudo más elevado tampoco implicaría mayores ingresos, porque el gobierno utiliza esos recursos procedentes del petróleo para estabilizar los precios de la gasolina mediante una renuncia recaudatoria del IEPS.
De hecho, en 2022 los estímulos a los combustibles le costaron 397,000 millones de pesos a la hacienda pública, mientras que los excedentes petroleros fueron 269,000 millones de pesos. Mal negocio, sobre todo porque el estímulo al IEPS es un subsidio regresivo, que beneficia a quienes tienen mayores ingresos.
Aunque esta política podría sustituirse por un apoyo más focalizado para evitar el incremento en precios de algunos bienes básicos, como los alimentos, el hecho de que los combustibles sean también materia electoral hace difícil que alguien en las esferas del poder, quien sea, se anime a modificar el comportamiento fiscal al respecto.
Del lado del gasto, lo primero que se nota en los pre-criterios es que en 2025 no habrá elecciones. Mientras que para 2024 las pensiones del bienestar para personas adultas mayores tuvieron un incremento presupuestal de más de 30% en términos reales, para el próximo año se busca que crezcan sólo conforme a la inflación.
Pero lo más importante es que se está planteando una reducción del gasto público de 8.8% en términos reales. De esta forma, el endeudamiento necesario para el 2025 sería la mitad del que se va a requerir en 2024.
Este recorte vendrá en el gasto programable, que se reducirá 12.1 por ciento. Eso significa que se le reducirá el presupuesto a los bienes y servicios que proporciona el Estado para la población. Hay que esperar todavía unos meses para saber si serán recortes a la inversión pública, la educación, la seguridad, la salud o a algún otro rubro.
En el balance, como hemos visto en los últimos años y será especialmente notorio en éste, los ingresos no crecen al mismo ritmo que los gastos, así que el endeudamiento es cada vez más grande.
Para el cierre de 2025, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público –que es la medida más amplia de la deuda– representaría 50.2% del PIB, algo que sólo se vio en 2020, por la crisis de la pandemia, pero está por encima de su nivel previo más alto en los últimos dieciocho años, en 2016, cuando alcanzó 47.2 por ciento. Por otra parte, el costo financiero de la deuda se mantendrá por encima de un billón de pesos y por lo pronto se estima que represente 14% del gasto total.
Es falsa la historia de la responsabilidad fiscal del sexenio: en 2019 se gastó prácticamente la mitad de los fondos de estabilización, así que quedaron menos ahorros para cuando realmente se necesitaban, en 2020. En 2020 se optó por no incurrir en un déficit fiscal primario, justo cuando el gobierno podía endeudarse con las tasas de interés bajas para apoyar con más determinación la recuperación económica, pero en 2021, 2022 y 2023 sí se entró en déficit primario y cada año el déficit total ha sido más grande, como proporción del PIB, además de que la deuda se ha adquirido con tasas de interés más altas.
La deuda pública en sí misma no es mala. Pero si no es para inversión productiva, si no es para la recuperación de un golpe como la pandemia y si además se consigue a costos elevados, no está demás levantar una ceja. O las dos, porque alguien tiene que atrapar la papa caliente.
Publicado en El Economista
03-04-2024
