Guadalupe Mendoza y Fernando Alcázar

La sociedad civil independiente y organizada en México surge a raíz del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Después de 32 años, hemos sido testigos y participantes de acciones solidarias de una magnitud sólo comparable con el tamaño de la tragedia del “otro” 19 de septiembre. Muchos mexicanos, en su mayoría jóvenes, se organizaron de una manera asombrosa, protagonizando esfuerzos de rescate y ayuda que surgieron de forma inmediata, espontánea y orgánica. Esta vez, gracias a la existencia de las redes sociales, se generaron redes de voluntarios y brigadistas, solicitudes de ayuda, un sinnúmero de centros de acopio y plataformas virtuales para conectar esfuerzos ciudadanos como la ya icónica plataforma @Verificado19s.

La respuesta de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) fue igual de poderosa. Diversas instituciones se activaron de manera inmediata y se adueñaron del reto dentro de sus posibilidades y márgenes de acción institucionales, a pesar de las limitaciones que les impone el entorno para su operación.

Las OSC en nuestro país

En el 2014, de acuerdo con datos del INEGI, las OSC o instituciones sin fines de lucro (ISFL) en México representaron el 3% del Producto Interno Bruto (PIB). En perspectiva, en ese mismo año, el sector agrícola aportó un 3.1% del PIB. Aunado a esto, las ISFL representan 21% de todo el valor agregado en el sector educativo; 12% en el campo de las artes, el entretenimiento, y la recreación; y casi el 5% en salud y asistencia social, de acuerdo con información obtenida en el reporte The State of Global Civil Society and Volunteering, del Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins.

A pesar del peso específico de este sector en la economía y de su contribución para el fortalecimiento de la democracia, en México solamente existen un total de 60 mil 205 instituciones sin fines de lucro privadas, cifra que en un país con cerca de 120 millones de habitantes resulta marginal comparada con otros países de la región. Chile, por ejemplo, cuenta con más de 100 mil OSC y una población de 18 millones de personas.

Retos y obstáculos para la expansión de las organizaciones de la sociedad civil

El “subdesarrollo” de la sociedad civil organizada en México se debe, en gran medida, a que nuestro país aún no cuenta con una política nacional coherente e integral para regular y promover el sector de las ISFL. Entre los distintos retos y obstáculos que enfrentan, sobresalen la escasez de financiamiento y la sobrerregulación.

A. Escasez de financiamiento

Si bien existen OSC que han sabido captar fondos, donaciones de fundaciones y programas internacionales, la realidad es que no todas las organizaciones tienen acceso a estos recursos ni cuentan con la capacidad para procurarlos de forma sustentable.

La permanencia de una OSC depende de muchos factores: la relevancia y calidad de su trabajo, la inversión en el capital humano dedicado a esa tarea, un modelo de financiamiento sustentable y un entorno propicio para conseguir financiamiento vital. Para muchas organizaciones, la fuente de financiamiento más importante es internacional, ya que donantes locales, en general, tienen un fuerte sesgo hacia la provisión de servicios de asistencia a población vulnerable y están limitados de manera importante por topes a la deducción de impuestos por donación establecidos por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (lsir), y porque sólo pueden donar a organizaciones con el estatus de donataria autorizada.

Dada la situación de emergencia nacional, hace unos días el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (imcp) propuso que se elimine el tope para deducir donativos en los ejercicios fiscales 2017 y 2018 por lo menos, pues se requiere un apoyo extraordinario dada la magnitud de los daños como consecuencia de los sismos ocurridos recientemente en nuestro país. Actualmente, las personas morales pueden deducir hasta 7% de la utilidad fiscal del ejercicio fiscal anterior. La lógica del Estado para poner un tope a las deducciones tiene el objetivo de no afectar su capacidad recaudadora, perdiendo de vista que las acciones de las organizaciones sustituyen o complementan el ejercicio del gasto que de cualquier forma llevará a cabo el Estado. Sin duda alguna, la cuestión de elevar el tope a las donaciones o eliminarlo por completo resulta importante no sólo para enfrentar la emergencia en el mediano y largo plazo, sino también para el fortalecimiento de la filantropía mexicana, la sostenibilidad de las organizaciones de sociedad civil y la participación de empresas y filántropos individuales en las tareas de reconstrucción.

B. Sobrerregulación entorpecedora

La personalidad jurídica más común entre las ISFL es la de asociación civil. La constitución legal se hace ante un notario público y tiene un costo en tiempo y dinero. Posteriormente, si así se desea, se puede obtener el estatus de donataria autorizada, el cual es una prueba legal de formalidad y seguridad jurídica para quien quiere donar, además de que permite conceder al donante beneficios fiscales a través de la deducibilidad. Si la organización quiere tener posibilidades de solicitar fondos públicos, debe obtener también una clave única para el registro federal de las OSC (cluni). Cada uno de estos pasos implica costos: de registro, verificación y cumplimiento anual.

La obtención de este estatus es de suma importancia en términos de seguridad jurídica (beneficios fiscales, acceso a donaciones privadas y públicas, etcétera), pero el procedimiento para obtenerlo podría simplificarse. Por ejemplo:

• La Ley del Impuesto Sobre la Renta todavía no se encuentra totalmente armonizada con legislación pertinente al sector, como la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Nos enfrentamos a diversas inconsistencias que generan inseguridad jurídica y un doble estándar promovido por el propio gobierno.
• La verificación de actividades de una asociación civil sigue siendo relativamente arbitraria. La obtención de la “carta” de verificación es, en esencia, un procedimiento burocrático y no homogéneo entre las dependencias que emiten esa declaratoria.
• Las OSC tienen una carga de obligaciones fiscales que en muchos casos rebasan las capacidades operativas de las organizaciones, sobre todo las más pequeñas o aisladas. Asimismo, no existe una especialización de la comunidad jurídica y de contadores en el tema, lo cual genera incertidumbre en el mercado de estos servicios.
• Las OSC también tienen un límite al monto de ingresos propios que pueden generar al año con ventajas fiscales. Este tope, sumado al que tienen los donantes, no permite crear fórmulas de sostenibilidad.

El voluntariado en México

Un tema pendiente en México es la promoción y regulación del voluntariado. En nuestro país no existe un marco legal que establezca estándares y reglas para la promoción del voluntariado con la intención de que éste sea un semillero de talento para el cambio social, una oportunidad de profesionalización de la sociedad civil organizada, y una herramienta de movilización y organización de la acción ciudadana en casos de emergencia.

En cambio, el voluntariado en México es el centro de un prejuicio injusto que, en muchos contextos, lo hace parecer como una actividad caritativa exclusiva de la élite o de las clases más acomodadas. Eso se combate con un esquema de incentivos coherente y una fuerte alianza con el sector de sociedad civil, que comprende organizaciones con variados fines y objetivos.

Además, el país no cuenta con programas gubernamentales que abran la puerta al voluntariado internacional como, por ejemplo, en Ecuador, cuya política migratoria incluye un visado especial para visitantes voluntarios. Tampoco existe un esquema de incentivos como en el caso de Bolivia, donde en este momento se analiza la posibilidad de hacer intercambiable la liberación del servicio militar por una experiencia de voluntariado verificada. Incluso, en otros países se ofrecen becas de manutención gracias a alianzas entre los sectores público y privado, tanto a voluntarios nacionales como extranjeros, especialmente en los casos donde se requiere de una actividad o servicio prolongado.

En una etapa inicial, México debería contar con una oficina nacional de registro de voluntarios con capacidad de articular una red de éstos al servicio de la sociedad, que pueda vincularse tanto con el sector público como con el sector privado de manera regular, pero especialmente en casos de emergencia como los sismos de septiembre del 2017.

Algo similar ya existe en Ecuador, en donde el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (coe) autorizó la creación de una mesa interinstitucional de voluntariado tras los violentos sismos del 2016. Se habilitó la línea telefónica 1800-APOYAR, un formulario de inscripción en línea, y se estableció presencia en redes sociales. En la primera semana se inscribieron 25 mil 162 ciudadanos. A partir de las inscripciones, la mesa de voluntariado los organizó de acuerdo a sus perfiles y aptitudes, y los distribuyó en diferentes tareas. Esta mesa contó con la participación de dependencias gubernamentales y OSC. Éste es un extraordinario ejemplo de una alianza intergubernamental y de participación ciudadana que podría regularizar la actividad voluntaria en México y otorgarle el debido reconocimiento a dicho trabajo.

Es así que debemos de aprovechar la efervescencia de la participación ciudadana en la emergencia para promover cambios en las políticas que permitirían que la fuerza de la sociedad civil organizada y de la acción voluntaria de miles de personas contribuya a la sostenibilidad del sector social y a la participación ciudadana cotidiana para cambiar nuestro entorno de forma positiva y duradera. 

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1. INEGI, Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro de México 2014, 2014.
2. Elaboración propia con datos del INEGI, 2014, consultados el 9 de octubre del 2017.
3. Lester M. Salomon et al., The State of Global Civil Society and Volunteering .
4. INEGI, op. cit. Es importante señalar que la definición de ISFL que utiliza INEGI es muy amplia e incluye hospitales, escuelas, cajas de ahorro, el Nacional Monte de Piedad, instituciones autónomas con financiamiento público (por ejemplo, UNAM, INE, CNDH), juntas de colonos, sindicatos, fundaciones, etcétera, y no sólo las ONG.
5. Ireri Ablanedo, Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana, USAID & ICNL, 2009.
6. Notimex, “IMCP Propone Eliminar Tope Para Deducir Donativos”, El Economista.
7. “12-VII Religiosos Misioneros Voluntarios: Página 4”,. Web . 9 de octubre del 2017.
8. “Plantean el servicio social como alternativa al militar”, Los Tiempos, 10 de agosto del 2017.
9. “Voluntarios trabajan unidos por Ecuador”, Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Web. voluntarios-trabajan-unidos-por-ecuador/>. 9 de Oct. de 17.
Publicado por Este país
01-12-2017
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