México anuncia el incremento de sus compromisos climáticos en la COP 27
Las emisiones globales de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que se emite a raíz de las actividades del ser humano, aumentó 1.0% en 2022 respecto al año previo, alcanzando así un nuevo récord de 36 mil 600 millones de toneladas liberadas a la atmósfera a nivel global. Es por ello que cada año se celebra la COP (Conferencia de las Partes, por sus siglas en inglés), cuya vigesimoséptima edición se celebró en Egipto del 7 al 18 de noviembre de 2022. 197 países se reunieron para discutir propuestas de política pública para combatir el cambio climático.
En el contexto de una crisis energética global, el principal reto que se analizó durante esta COP fue el desarrollo de mecanismos de financiamiento para que los países en desarrollo puedan implementar medidas que atiendan los efectos del cambio climático. Estas incluyen acciones de mitigación, es decir, de prevención de incrementos en la temperatura global, y de adaptación, que consisten en ajustes a las actividades económicas y al estilo de vida.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analiza las nuevas metas climáticas a las que México se comprometió durante la cumbre. Durante los últimos cuatro años el país ha transitado en sentido contrario de la tendencia mundial hacia la descarbonización de las actividades económicas. Las distintas acciones implementadas o propuestas por el gobierno, particularmente en el ámbito legislativo y regulatorio no demuestran un compromiso creíble del Estado mexicano con la transición energética y carecen de una ruta crítica para su implementación.
Actualización de las metas climáticas de México
- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció un aumento de la meta de reducción de emisiones de 22% a 35% para 2030. Esta nueva actualización incrementa 5 puntos porcentuales a lo anunciado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 8 de noviembre que estipulaba un objetivo de 30%, Estas metas se suman a nueve acciones que incluyen soluciones basadas en la protección de los recursos naturales, el transporte con bajas emisiones y la generación de energías con baja huella de carbono.
- El elemento central de las medidas basadas en la protección de recursos naturales es el programa Sembrando Vida, el cual contará con un presupuesto de 37 mil 137 millones de pesos en 2023 y busca una mitigación anual de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono (MtCO2) a través de la siembra de 100 millones de árboles en 2023 para una meta final de mil 188 millones. Sin embargo, este programa aún no cuenta con sistemas de monitoreo y geo-referencia, ni con mecanismos de seguimiento, evaluación y reporte de captura de carbono, que ayuden a evaluar su cumplimiento. Además, durante el primer año del programa solo sobrevivió 7% de los árboles plantados.
- En México, la propuesta de transporte de bajo carbono retoma el Pacto de Glasgow por la electromovilidad, el cual evitará una emisión anual de 30 MtCO2. México todavía tiene puntos que abordar si quiere cumplir con sus metas de mitigación y acciones de cero emisiones en el sector transporte, ya que para llegar a esta meta se considera que en 2030 el 50% de los vehículos vendidos en el país sean cero emisiones. Para lograrlo se tendrían que vender como mínimo 600 mil vehículos eléctricos al año, un volumen difícil de alcanzar en 7 años sin políticas públicas que incentiven la inversión.
- De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el 2021 se vendieron a nivel nacional tan solo 47,079 vehículos ligeros híbridos y eléctricos. Además, vender vehículos eléctricos de cero emisiones a partir de electricidad fósil (en el caso de que la matriz energética del país no avance hacia las energías renovables), solo traslada el punto de emisiones del vehículo a la planta de generación eléctrica. El incremento de vehículos eléctricos debe ir acompañado necesariamente de un aumento en la generación de electricidad renovable y limpia.
- El país pretende aumentar la generación de energías renovables durante los próximos 8 años, tales como energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, con el objetivo de llegar a los 40 GW (Gigawatt). Esto implicaría incorporar más de 25 GW de nueva capacidad a la actual matriz energética. Con ello se reduciría la emisión de 52 MtCO2 al año. Esta meta forma parte de un proyecto en conjunto con Estados Unidos que representa una inversión de 48 mil millones de dólares. Sin embargo, aún no queda claro cómo se lograría este objetivo, pues en los hechos el actual gobierno ha implementado barreras para la implementación y operación de centrales de energía renovable.
En el fondo, la clave para que el país avance en la reducción de gases de efecto invernadero depende de un clima favorable para la inversión con un marco jurídico que atraiga y retenga los recursos necesarios para la transición energética y descarbonización.
Mientras México va en contrasentido de la tendencia mundial, los países han avanzado en comprometer metas más ambiciosas para financiar el combate al cambio climático.
Algunas de las propuestas hechas durante la COP27 incluyen:
- Ampliar el financiamiento para la transición energética. Durante la COP 26, llevada a cabo en Glasgow en noviembre de 2021, los países acordaron duplicar el financiamiento para las acciones ante el cambio climático. Este tema ha sido retomado este año, y los países desarrollados anunciaron planes actualizados para el financiamiento para la adaptación y la mitigación. Estados Unidos y la Unión Europea presentaron planes para abordar las barreras de acceso al financiamiento para el desarrollo en las diferentes subregiones de América Latina y el Caribe. Un ejemplo de las colaboraciones presentadas en la COP 27 es el de Sudáfrica, que presentó un plan con una inversión de 8.5 mil millones de dólares, que será financiado conjuntamente entre Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, para transitar del uso de carbón a las energías renovables. Los recursos se inyectarán a través de diversos mecanismos de financiamiento a lo largo de un periodo de cinco años.
- Eliminar subsidios a combustibles fósiles. Los mecanismos financieros deben tener como objetivo acelerar la reducción del uso intensivo de carbono. Un paso fundamental en este sentido implica eliminar eventualmente los subsidios a los combustibles fósiles.
- Desarrollar mercados para financiar las inversiones en descarbonización. Estados Unidos, por su parte, anunció el plan "Acelerador de transición energética" para desarrollar un nuevo mercado de créditos de carbono, con el fin de financiar la descarbonización y acelerar el uso de la energía limpia en países en desarrollo. Este plan entrará en vigor en enero de 2023, con la participación de instalaciones industriales, generadores e importadores de energía eléctrica, distribuidores de gas natural y proveedores de combustible. Con esta acción se espera una reducción de 6.72 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) al año.
- Reducir emisiones de metano. Además, el presidente Joe Biden presentó un nuevo plan de regulación para reducir las emisiones de metano de Estados Unidos, un 87% para 2030, por debajo de los niveles de 2005.
- Limitar la quema y fugas de gas en el sector energético. La Unión Europea firmó un compromiso para reducir sus emisiones de CO2 y metano provenientes de la quema y fugas del sector energético por el uso de combustibles fósiles en al menos un 30% con respecto al año 2021.
Finalizada la COP 27, los países, principalmente los mayores emisores globales, incluyendo México que es el duodécimo emisor de CO2 a nivel mundial, deberán prepararse para adentrarse en las negociaciones y para la generación de resultados que puedan, efectivamente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello combatir las consecuencias del cambio climático. Dichas negociaciones deberán centrarse en la entrega de mecanismos financieros para la reparación de pérdidas y daños, producto del calentamiento global y por otro lado, para la mitigación de emisiones. México debe regresar a la senda de la transición energética, no únicamente por una cuestión ambiental, sino de competitividad, para atraer y retener inversiones de alto valor agregado en las industrias del futuro.