Por: Oscar Ocampo, coordinador de Energía, y Sandra López, investigadora de Medio Ambiente.
Es una verdad de Perogrullo afirmar que México vive una crisis hídrica. Únicamente entre 2000 y 2020 la disponibilidad de agua por habitante se redujo de 4 mil m3 a 3.2 mil m3 y, de seguir la tendencia actual, se espera descienda por debajo de los 3 mil m3 para 2030. Más allá de la estadística, los habitantes de las grandes zonas metropolitanas del país como el Valle de México, Monterrey y Guadalajara ya experimentan de primera mano los efectos de la falta de agua.
La necesidad de tomar medidas para mitigar el estrés hídrico es evidente; sin embargo, también lo es el imperativo de que la toma de decisiones en materia hídrica responda a criterios técnicos y no a decisiones políticas que parecen perseguir otros fines en lugar de reforzar los sistemas de aguas para garantizar el suministro. Un ejemplo de ello es el anuncio del pasado 8 de mayo durante la presentación de las bases de licitación para los “polos de desarrollo” del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec -uno de los 30 proyectos prioritarios de la administración del presidente López Obrador-, donde la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, anunció que el Gobierno Federal prohibirá el otorgamiento de nuevas concesiones de agua para uso industrial en 16 entidades de las regiones Norte y Centro del país.
La motivación de fondo de esta medida no atiende realmente la problemática en esas zonas, sino más bien pareciera que solo busca atraer industrias a la región del Istmo a costa de nuevas inversiones en donde hoy se encuentran instalados los clústers manufactureros más competitivos de México. ¿La estrategia rendirá frutos? Para ser competitivo, no solo se debe considerar la disponibilidad de recursos, también se debe promover un entorno favorable para la inversión, respetando al Estado de derecho, ofreciendo una mayor certidumbre jurídica a los empresarios, seguridad, energía abundante, una logística de calidad y un capital humano adecuado.
De implementarse esta medida, es poco probable que las industrias que hoy ven en el Norte y Centro del país un destino atractivo para invertir en un contexto de nearshoring elijan instalarse en los nuevos parques industriales del Corredor.
Al mismo tiempo, el impacto en la disponibilidad de agua en las zonas que padecen más estrés hídrico será bajo, dado que el consumo de las actividades industriales al día de hoy representa sólo 5% del agua concesionada a nivel nacional. En otras palabras, cerrar la puerta a nuevas inversiones industriales no resolverá los problemas hídricos y sí limitará las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico de estas entidades.
Una efectiva respuesta de política pública debe ir enfocada en generar más y mejores datos sobre el estado de las cuencas para poder llevar a cabo una mejor gestión del agua. Además, se debe promover la captación de aguas pluviales y el uso de agua tratada en la industria y, en términos generales, invertir en mecanismos de vigilancia y monitoreo para promover un uso responsable de las concesiones. De esta manera, se puede asegurar un futuro sostenible para el suministro de agua, sin ir en contra de la competitividad de los estados.
El Gobierno Federal debe apostar por aprovechar el potencial del nearshoring para detonar el desarrollo de todas las regiones del país. Cancelar la posibilidad de nuevas concesiones para uso industrial en 16 entidades atenta contra la posibilidad de mejor calidad de vida para su población.
Publicado en Animal Político.
18-05-2022
