El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la edición del segundo trimestre de 2019 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Este instrumento se enfoca en la medición de percepciones y experiencias ciudadanas sobre la seguridad pública en zonas urbanas del país de manera trimestral.

Algo novedoso que se suma a este análisis es el conocer el porcentaje de víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, la estimación sobre victimización delictiva y la inclusión de la Guardia Nacional como factor de identificación y medición de desempeño. Además, por primera vez se incorporan tres municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán y Cuautitlán.

¿Por qué importan este tipo de estudios?

Este tipo de estudios sirven para evaluar factores subjetivos como la sensación de inseguridad que construye la población en distintos escenarios donde desarrolla su vida cotidiana (espacio urbano, hogar, colonia, transporte), así como para detectar las modalidades delictivas y el nivel de afectación en la sociedad.

¿Cómo influyen estas mediciones para resolver un problema?

Para responder a la pregunta, este análisis se concentrará en los principales datos que arroja la ENSU con respecto al entorno en donde viven las personas y los enfrentamientos o conflictos sociales que la población enfrenta en su cotidianidad, los cuales son:

• El 64.5 % de los encuestados identificó el consumo de alcohol en las calles como la conducta delictiva o antisocial más recurrente, seguida de los robos o asaltos, con un 63.2 %.
• El 87 % de los conflictos comunitarios tiene consecuencias y pueden convertirse en delitos.
• El 38.7 % de los encuestados tuvo al menos un enfrentamiento o conflicto en su vida cotidiana.
• La encuesta identificó que más del 50 % de los conflictos cotidianos pueden escalar a gritos, insultos e incluso violencia física.
• El 72.5 % de la población tuvo por lo menos un enfrentamiento o conflicto, principalmente con vecinos.

Además, durante el primer semestre del 2019, el 15.5 % de la población tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública y cerca de la mitad de los mismos (47.3 %) experimentó algún acto de corrupción.

La información y datos que proporcionan estudios como la ENSU, realizados por organismos autónomos como el INEGI, sirven para que actores como el Gobierno, la sociedad civil y ciudadanía exploren alternativas para resolver los fenómenos y problemas sociales. Un ejemplo de solución es la denominada justicia cívica.

La justicia cívica busca implementar y consolidar un modelo de solución de conflictos, en donde se fomente la cultura de legalidad, la prevención del escalamiento y comisión de delitos y la solución ágil a los problemas comunitarios.

Los principales objetivos de este mecanismo son:

• Prever que los conflictos escalen a conductas delictivas.
• Solución de manera ágil, transparente y eficiente a conflictos comunitarios.
• Mejorar la convivencia entre la colectividad.
• Promover reglas de convivencia y fomentar una cultura de legalidad.
• Mejorar la percepción de seguridad.
• Disminuir la reincidencia en faltas administrativas.

La justicia cívica es un valor agregado en la prevención de la violencia e incidencia delictiva, en donde las políticas públicas de inclusión son el bastión de solución, en lugar de mecanismos represivos que a largo plazo no son la forma adecuada de entender el fenómeno de la criminalidad y su disminución.

Publicado por Animal Político
31-07-2019