
En medio de una desaceleración económica global y un panorama comercial incierto, la Secretaría de Hacienda estima un crecimiento del PIB de entre 1.8 % y 2.8 % en el Paquete Económico 2026, reflejo de un optimismo respecto al desempeño de la economía mexicana para el próximo año. Por ello, es necesario preguntarse si el Paquete Económico como se presentó tiene el potencial de detonar mayores niveles de crecimiento.
La consolidación fiscal es, quizá, el gran reto de las finanzas públicas de hoy en día, aunque ante el panorama económico actual se reduce su nivel de ambición para 2026. Se estima que el déficit de los Requerimientos Financieros del Sector Público –la expresión más amplia del balance fiscal– se reduzca de 4.3 % estimado para este año a 4.1 % el próximo (los Pre-Criterios publicados en abril estimaban el rango de 3.2 % a 3.5 % en 2026).
A pesar de la restricción presupuestal, el gasto en infraestructura física asciende a 960.1 mil millones de pesos (mmdp), un crecimiento en términos reales de 10 % comparado con 2025. Este incremento es una buena noticia en un contexto donde los niveles de inversión en el país van a la baja: en junio cayó 6.8 % comparado con el año anterior y 1.4 % comparado con el mes de mayo.
El segundo pilar del presupuesto de inversión física es el sector energético, donde Pemex tendrá 247.2 mmdp para invertir, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contará con 61.1.
De acuerdo con el Plan Estratégico de Pemex, 2026 será el último año que el Gobierno Federal aporte recursos para solventar las obligaciones financieras de la empresa. Como cierre de la política de aportaciones que inició en 2019, se propone que la Secretaría de Energía transfiera 263.5 mmdp en el transcurso del próximo año.
La viabilidad de ser financieramente independiente del Estado a partir de 2027 depende, en buena medida, de las inversiones que haga la empresa. Los 247.2 mmdp que tiene asignados para inversión son bajos comparado, en términos reales, con los montos de inversión que ejerció la empresa en años no tan lejanos: 383.6 mmdp en 2024, 369.4 mmdp en 2023 y 483.6 mmdp en 2022. Derivado de ello, es poco probable que el monto presupuestado para 2026 sea en sí mismo suficiente para cambiar la trayectoria a la baja de la plataforma de producción de la empresa.
El caso de la CFE es similar, los 61.1 mmdp asignados en el presupuesto de inversión son insuficientes si se compara con los objetivos de inversión que planteó el Gobierno Federal en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030. Un caso concreto es la transmisión eléctrica. De acuerdo con el plan, la CFE debería invertir 27.3 mmdp anuales en infraestructura de transmisión entre 2025 y 2030, sin embargo, el proyecto de presupuesto únicamente contempla 10.3 mmdp para este rubro (está por verse cuántos recursos recauda la CFE con la emisión de bonos de su Fibra E próximamente, los cuales se destinarán a proyectos de transmisión). El presupuesto de ambas empresas es insuficiente tanto para sus necesidades como para las del crecimiento económico del país.
Para que las proyecciones económicas de la Secretaría de Hacienda se cumplan, los proyectos de inversión del gobierno deben atraer y complementarse con nueva inversión privada. Sin embargo, la incertidumbre jurídica derivada de la reciente reforma judicial representa un obstáculo importante que podría limitar la inversión del sector privado en sectores clave, empezando por el energético. Ese es el elefante en la habitación del Paquete Económico.
@OscarOcampo
Publicado en Animal Político
11-09-2025