Como parte de la estrategia de rescate del sector energético mexicano, a inicios de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de medidas orientadas a recuperar la capacidad productiva y revertir el deterioro financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde entonces, y hasta el 31 de marzo de 2022, el Gobierno Federal ha apoyado a Pemex –según sus estados financieros– con 769.8 mil millones de pesos (mmdp) a través de aportaciones de capital, créditos fiscales y otro tipo de apoyos destinados al cumplimiento de sus requerimientos de inversión física (por ejemplo, la construcción de la refinería de Dos Bocas y la adquisición de la refinería de Deer Park), así como al pago de sus obligaciones financieras.
A pesar de que el Gobierno Federal ha apoyado a la petrolera con un monto que equivale a 1.7 veces los recursos ejercidos por la Secretaría de Salud entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2022 (498.5 mmdp), este ha sido insuficiente para mejorar sus principales indicadores financieros. Prueba de ello es que al cierre de 2021, los auditores independientes de la empresa reiteraron sus dudas sobre la capacidad de Pemex para continuar con sus operaciones y cumplir con sus obligaciones de pago durante un periodo razonable.
Como lo evidencia el documento Pemex en la mira del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que da seguimiento trimestre a trimestre a los principales indicadores financieros y operativos de la empresa, Pemex presenta un deterioro continuo de su patrimonio como resultado de nueve años consecutivos (2013-2021) de pérdidas.
La efectividad limitada de la estrategia de rescate de Pemex se atribuye a la naturaleza misma de las ayudas otorgadas, que se han limitado a transferencias monetarias sin el compromiso de implementar cambios de fondo en la gestión de la empresa. Mientras que el Gobierno Federal ha desembolsado recursos multimillonarios con cargo a la Hacienda pública (y a los contribuyentes mexicanos), la empresa ha optado por ser un receptor pasivo de estos recursos y no implementar ajustes –algunos de ellos sin ningún impacto presupuestario– que atiendan las múltiples deficiencias estructurales que la aquejan, mismas que no se resuelven a partir de transferencias monetarias.
No se ha reformado el gobierno corporativo de la petrolera con el objetivo de aumentar la participación de consejeros independientes y así aumentar su autonomía frente al Ejecutivo, ni se ha implementado un programa agresivo de austeridad. Además, una proporción importante de los apoyos recibidos se ha invertido en el negocio de refinación, una de las áreas que más pérdidas le ha significado a Pemex en los últimos años.
En la medida en que no se implementen ajustes de esta naturaleza, cualquier apoyo monetario a Pemex de parte del Gobierno mexicano, independientemente de su magnitud, será insuficiente para revertir de forma permanente la trayectoria de deterioro financiero y operativo que ha experimentado hasta ahora. Sin cambios de fondo, la petrolera continuará presionando al gobierno y a los contribuyentes para aportar recursos a un barril sin fondo.
Para más información sobre los apoyos del Gobierno Federal a Pemex y otros indicadores de la empresa consulta el proyecto “Pemex en la mira” del IMCO aquí.
Publicado en Animal Político.
05-05-2022
