La liga entre representantes y representados se ha estirado al máximo. De acuerdo con el Latinobarómetro[1], el 83 % de los mexicanos no se siente representado por su congreso y lo percibe como corrupto o extremadamente corrupto[2]. En otras palabras, la percepción ciudadana de escasa representatividad se debe a la falta de concordancia entre lo que se legisla y la realidad del entorno. Estos porcentajes muestran que el descontento social sobre la deficiencia en el trabajo legislativo y los legisladores pasó de ser una opinión aislada a una impresión generalizada.
En las democracias constitucionales, los poderes legislativos son los depositarios de la representación ciudadana. A grandes rasgos, un diputado tiene cinco tipos de responsabilidades[3]:
- Representar: defender el interés público.
- Legislar: presentar, discutir y aprobar o rechazar leyes.
- Controlar: vigilar el cumplimiento de otros poderes.
- Nombrar y administrar: por ejemplo ratificar nombramientos o cargos.
- Juzgar: por ejemplo, iniciar juicios políticos.
Por la importancia que implican los diputados locales, debido a su conexión directa con los representados, el IMCO elaboró la segunda edición del Informe Legislativo 2017. El Informe busca reducir la distancia entre representantes y representados poniendo a disposición de los legisladores y de la sociedad, datos que hagan posible disminuir la opacidad. De esta forma, el Informe dota de insumos que servirán para mejorar el desempeño en los 32 congresos locales.
El Informe Legislativo está estructurado en tres secciones:
- Composición de los congresos: señala el número de legisladores, la conformación partidista, la cantidad de habitantes representados y la paridad de género.
- Manejo de recursos públicos: muestra los sueldos y salarios de los diputados locales, los presupuestos aprobados y sus ampliaciones, el crecimiento presupuestal y el ejercicio del gasto de las legislaturas locales.
- Desempeño del legislativo: indaga en el número de sesiones, iniciativas, comisiones y recursos humanos de los congresos locales. Así como el ejercicio de funciones de contrapeso y fiscalización.
Los hallazgos son muchos, pero en términos generales hay tres puntos a destacar:
I. Fragmentación: hoy existen más partidos políticos que en teoría deberían ofrecer mayor oferta a los electores; sin embargo, han generado congresos fragmentados y condiciones de ingobernabilidad.
II. Mala planeación-presupuestación: la opacidad en el gasto legislativo es total. Para 2017 no podemos conocer con certeza cuánto ganan algunos diputados locales ni encontrar una justificación al crecimiento presupuestal o a la institucionalización de los moches legislativos, recursos públicos catalogados como “ayudas sociales”, los cuales son asignaciones que los entes públicos otorgan a personas e instituciones y que no forman parte de las funciones de un legislador.
III. No controlan y no son contrapeso: el número de sesiones y comparecencias de secretarios estatales ante sus respectivos congresos incumple las reglas más básicas de pesos y contrapesos. Asimismo, algunos congresos tienen en abandonado a sus órganos de fiscalización al no otorgar ni el 5 % del presupuesto del Poder Legislativo. Finalmente, los diputados tampoco legislan, los gobernadores se han convertido en los verdaderos legisladores.
Este informe cobra importancia porque en un contexto de opacidad y discrecionalidad son el escenario perfecto que impide el funcionamiento efectivo de la división de poderes y la función de contrapeso frente a los ejecutivos locales.
En este sentido, es indispensable que los congresos locales realicen sus funciones en apego a las propias leyes que aprueban. Predicar con el ejemplo (terminar con la opacidad y arbitrariedad) es el primer paso para destensar la relación entre representantes y representados. A fin de cuentas, la política no es el problema; los políticos, nuestros representantes, son los que deben cambiar. Es momento de que nuestros diputados locales encarnen las peticiones de sus representados.
[1] Latinobarómetro 2015.
[2] Transparency International, Global Corruption 2013.
[3] María Amparo Casar, Ignacio Marván, Khemvirg Puente. (2010). La Rendición de Cuentas y el Poder Legislativo. México: CIDE.
Publicado por Animal Político
27-06-2017
