El pasado 10 de julio el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Internacional 2013, “Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del siglo XXI” al término de la presentación, en conferencia de prensa, dimos a conocer nuestra posición como institución sobre los desafíos del sector energético.
El IMCO ha concluido que, en el caso del sector energético, la reforma constitucional no sólo es imprescindible sino es una responsabilidad política y una obligación ética del Poder Legislativo y los partidos políticos.
La reforma constitucional es la llave para que 310 mil mexicanos más puedan acceder a nuevos empleos adicionales cada año. Esto representa, por ejemplo, que se podría emplear anualmente a la totalidad de la Población Económicamente Activa de una nueva ciudad del tamaño de Saltillo o Villahermosa.
La reforma constitucional además de ser sinónimo de bienestar para los mexicanos, es la única vía para garantizar la seguridad energética del país y la fortaleza de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
La situación económica internacional, el cambio del mapa energético global y el contexto del sector energético nacional dan claridad sobre la urgencia de la reforma constitucional. Es la última oportunidad que México tiene para reformar el sector por voluntad y no por necesidad.
En el IMCO decimos no a la privatización. En el IMCO decimos que el petróleo le pertenece a los mexicanos, no a PEMEX. Por lo tanto, en el IMCO estamos convencidos que el Estado Mexicano debe dotar de la mejor legislación y de los mejores socios a PEMEX, para que sea un verdadero motor del desarrollo.
