Las compras públicas de un gobierno deben garantizar bienes y servicios de la máxima calidad al menor precio posible. Por ello, deben ser planeadas y ejecutadas priorizando el beneficio de la población y no de intereses privados.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido que los procesos de compra pública son vulnerables a la corrupción. Existen tres elementos para asegurar el uso eficiente de los recursos: competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Analizar y detectar prácticas que obstaculizan cualquiera de estos tres principios permite identificar riesgos de corrupción.
