El hacinamiento es uno de los principales problemas del sistema penitenciario en México. De acuerdo con datos oficiales, de los 297 centros penitenciarios federales y estatales del país, 110 están sobrepoblados. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró que en 2016, el 46% de la población entrevistada compartía celda con cinco personas. 

Ante la actual crisis sanitaria, es necesario considerar que, de acuerdo a estándares internacionales, en México la medida establecida para las celdas individuales es de cuatro metros cuadrados, mientras que la de las celdas triples es de quince metros. Es decir, en las prisiones mexicanas hay de todo, menos una sana distancia, lo cual representa un mayor riesgo de contagio. 

Las cárceles mexicanas tienen importantes retos que van desde la falta de acceso a servicios médicos, de saneamiento y de alimentación, hasta el hacinamiento. Frente al COVID-19 surgen preguntas y reflexiones sobre la interacción que prevalece al interior de los presidios y la convivencia diaria entre la población privada de su libertad, familiares, custodios y autoridades judiciales.

Respecto a las medidas de atención en los centros penitenciarios ante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), han sugerido a los países  tomar medidas que pongan a salvo a la población recluida en condición de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas y personas adultas mayores o con enfermedades crónico-degenerativas.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, especializadas en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, han hecho un llamado frente a la crisis sanitaria para exigir que esta población cuente con los beneficios preliberacionales que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). 

Esto no solo ayudaría a proteger la salud de este sector, también lograría visibilizar otras opciones legales para frenar la saturación de las prisiones mexicanas.

La Enpol refiere que la mayoría de los centros penitenciarios no cuenta con las medidas sanitarias adecuadas para enfrentar problemas de higiene, ya que el 30% de las personas encuestadas refirió no contar con agua potable y el 5% reportó la ausencia de drenaje en el interior de su celda; asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó que el 33% de las personas recluidas en centros penitenciarios sufren de deficiencias en los servicios de salud; aunado a que el 63% ha reportado que no cuenta con  materiales, equipamiento e higiene necesaria en el área de dormitorios. 

El hacinamiento y la gobernabilidad son dos términos imposibles de coexistir en los centros penitenciarios, de lo contrario se pone en peligro a la población penitenciaria y al personal que labora en las cárceles por las implicaciones de seguridad y salubridad que representa. 

En el contexto actual, el hacinamiento en las prisiones ha derivado en diversos motines para protestar ante las medidas tomadas por las autoridades penitenciarias del  país, como los módulos sanitarios de revisión médica para el ingreso a los centros, así como la suspensión de visitas conyugales, y la restricción de visitas familiares.

Tales restricciones han tenido un impacto grave y preocupante para las personas privadas de su libertad, pues dependen en gran medida de los recursos económicos e insumos que sus familiares les proporcionan en las visitas.

Es necesario que el Gobierno mexicano observe y valore las medidas implementadas en otros países (principalmente latinoamericanos, por las similares condiciones penitenciarias que comparten) frente a la pandemia actual:

• Colombia permitió la excarcelación a casi 4 mil personas que ahora están en detención domiciliaria.
• Argentina y Brasil evalúan la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la detención a  las personas privadas de su libertad que cuentan con mayores riesgos de salud o que se encuentran en proceso bajo prisión preventiva. 
• En Chile, el Gobierno ha anunciado que enviará un proyecto de ley al Congreso para conceder el arresto domiciliario a personas privadas de libertad de edad avanzada que no hayan sido condenadas por delitos graves. Además, ha creado un comité de emergencia encargado de adoptar medidas preventivas contra el coronavirus en las cárceles.

A pesar de que en la Ciudad de México han iniciado los procesos de revisión para las personas con mayor vulnerabilidad en las prisiones, para determinar los beneficios del programa de libertades por razones humanitarias y el otorgamiento de la libertad anticipada, aún es necesario que estas medidas sean implementadas a nivel nacional. 

IMCO propone:

• Otorgar la liberación a personas adultas mayores con enfermedades crónico-degenerativas o terminales o cuando se trate de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión y no se haya cometido con violencia, de acuerdo con la LNEP.
• Evitar la prisión preventiva, salvo que se trate de conductas delictivas en las que no lo permita la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto con el objetivo de frenar el congestionamiento del sistema penitenciario.
• Incentivar que el Juez de Ejecución utilice la figura de sustitución de la pena para evitar el congestionamiento en los centros y proteger a los sectores vulnerables. 
• Resolver de manera positiva las solicitudes de libertad anticipada efectuadas por la población privada de libertad, prioritariamente en los casos de personas que por ejemplo, presentaron buena conducta, que hayan reparado el daño o hayan cumplido con la mitad de la pena impuesta para delitos culposos.
• Implementar de manera urgente medidas sanitarias adecuadas dentro de los centros penitenciarios ante la pandemia del COVID-19, atendidas bajo los principios que  estipula la propia LNEP y los protocolos correspondientes.
• Adquirir herramientas de monitoreo electrónico suficientes para que los sentenciados que no puedan cubrir su costo, puedan beneficiarse de esos aparatos y acceder a la figura de libertad condicional.
• Analizar los impactos negativos que generan las medidas nacionales empleadas, en comparación a las medidas preliberaciones adoptadas en otros países, para contrarrestarlos y complementar estratégicamente las medidas existentes.

La crisis sanitaria actual expone los grandes desafíos del sistema de justicia penal en México. Hoy más que nunca debemos voltear a ver a las personas que padecen las consecuencias de un sistema poco eficiente e incapaz de cumplir con su encomienda. Es necesario cambiar ideas e inercias y mirar con otra perspectiva lo que las propias prisiones no nos permiten ver: su legitimidad ante la sociedad mexicana.