Categoría: COMPETITIVIDAD ESTATAL 2021 RESULTADOS

¿Qué mide el índice de Competitividad Estatal?

 El Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) mide la capacidad de los estados para forjar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Para medir esto, nuestro Índice evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los estados. El ICE está compuesto por 72 indicadores, categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la competitividad de los 32 estados del país.

En esta edición se modificaron algunos indicadores con base en criterios de disponibilidad de la información, así como de oportunidad de los temas abordados. Dado que lo anterior impide realizar comparaciones directas entre ediciones, por ello se reconstruyeron las series de todos los indicadores para poder analizar la evolución de los estados a través del tiempo con los cambios incorporados en esta edición.

Índice general y cambios en posiciones

Gráfica 1 Resultados generales del Índice de Competitividad Estatal 2021

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por ubicación geográfica

Mapa 1 Resultados del Índice de Competitividad Estatal 2021 por grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados generales por subíndice y cambios

Tabla 1 Resultados promedio por subíndice para los 32 estados

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Entidad que lleva la delantera

 Ciudad de México

Como ha ocurrido desde la primera edición de este índice, la Ciudad de México fue la entidad más competitiva y el único considerado de competitividad alta. Fue la entidad con el mayor grado de escolaridad (10.1 años), camas de hospital (1.7 por cada mil habitantes), médicos y enfermeras (5.4 por cada mil habitantes) y médicos con especialidad (2.4 por cada mil habitantes) y la mayor esperanza de vida. Fue también la entidad con el mayor PIB per cápita (408 mil 42 pesos por persona), y con la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14 mil 827 contratos de banca móvil por cada 10 mil adultos) y carga aérea (51 mil kilogramos por cada mil personas). No obstante, lo anterior, debe señalarse que la Ciudad de México presenta importantes rezagos en materia de sistema político pues reportó el mayor número de agresiones en contra de la prensa.

Entidad con el peor desempeño

 Guerrero

 La entidad su ubicó en la última posición en nuestro índice con una competitividad baja, debido a que presentó el peor desempeño en el tema de innovación y gobierno. Fue el estado con mayor porcentaje de delitos no denunciados (94%), el menor porcentaje de ingresos propios (2.4% de los ingresos totales. Fue también el estado que reportó la mayor migración ya que 0.9% de la población migró.

 Datos interesantes por subíndice

Sistema de derecho confiable y objetivo

• Los estados con las tasas de homicidios más altas fueron: Colima (75.3), Baja California (69.9) y Chihuahua (62.2).
• Los estados con las tasas de secuestros más altas (por cada 100 mil habitantes) fueron: Morelos (2.9) y Zacatecas (2.2). La tasa de estas entidades fue 3 veces mayor al promedio de las entidades.
• En las entidades en promedio no se denunciaron el 88% de los delitos. En Guerrero no se denunció el 94.2% de los delitos totales ocurridos en el estado, mientras que en Colima no se denunció el 80%.
• En ningún estado se denuncia más del 20% del total de los delitos ocurridos.

Manejo sustentable de medio ambiente

• Hidalgo fue la entidad con el mayor caudal tratado de aguas residuales, al tratar 9 litros por segundo por cada mil habitantes.
• Los estados perdieron, en promedio, 0.4% de su superficie total cubierta por árboles.

Sociedad incluyente, preparada y sana

• De 2005 a 2020 la brecha entre los ingresos promedio estatales de hombres y mujeres se redujo solo 8 puntos porcentuales.
• Mientras que la diferencia salarial entre mujeres y hombres en promedio fue del 13%, en Guerrero fue del 25%.
• En promedio, en los estados se observaron 0.7 camas en áreas de hospitalización por cada mil habitantes. El máximo correspondió a Ciudad de México con 1.7 y el mínimo a Chiapas con 0.4.

Sistema político, estable y funcional

• En 30 estados más del 75% de los adultos consideró que las prácticas corruptas en el gobierno del estado eran frecuentes o muy frecuentes. Los estados por debajo de esta línea fueron Querétaro (72%) y Yucatán (71%).
• En Chiapas aquellas personas que deseen registrarse como candidatos independientes para gobernador debían reunir firmas por el equivalente al 0.25% de la lista nominal, en 11 entidades dicha cifra ascendía al 3%.
• Yucatán fue la entidad con la mayor participación ciudadana, al participar el 74% de su lista nominal en la última elección a gobernador. 

Gobiernos eficientes y eficaces

• En promedio en los estados, el 30% de los adultos del país interactuaron al menos en una ocasión con el gobierno por medios electrónicos.
• Únicamente Michoacán obtuvo menos de 50 puntos en el Índice de Información Presupuestal Estatal.
• Los tres estados con las tasas de informalidad más altas promediaron un 76%, mientras que los tres con las más bajas un 36%.

Mercado de factores eficiente

• El salario estatal promedio de los trabajadores de tiempo completo fue de 7 mil 456 pesos mensuales, sin embargo, los trabajadores de Baja California Sur (primer lugar), ganaron 2.3 veces lo que los trabajadores de Chiapas (último lugar).
• Chiapas (4.66), Baja California (3.97) y Oaxaca (3.42) fueron los tres estados que presentaron el coeficiente de desigualdad salarial más alto.
• En promedio, solo el 4.1% de las personas económicamente del país recibieron capacitación laboral.

Economía estable

• En promedio, los estados generaron 63% de su PIB en sectores de alto crecimiento.
• Nuevo León fue el estado con la mayor proporción de su PIB generado en sectores de alto crecimiento (79%) y Campeche el estado con la menor (10%).
• En 2016 había un promedio de 770 sectores presentes en las economías estatales. En 2020 dicha cifra se incrementó a 797.

Sectores precursores de clase mundial

• En promedio, el 50% de las viviendas contaron con acceso a internet.
• En promedio, el 80% de las viviendas contaron con telefonía móvil.
• En 2018, solo había un promedio de 2 mil 345 contratos de banca móvil por cada 10 mil adultos. Sin embargo, dicha cifra aumentó a 4 mil 642 en 2020.

Aprovechamiento de las relaciones internacionales

• Los tres estados más visitados recibieron el 80% del total de pasajeros aéreos internacionales del país (Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco).
• Quintana Roo (22%), Baja California Sur (16%) y Nayarit (14%) fueron los estados que generaron mayor proporción de su PIB en el sector turístico.
• En promedio, solo el 3.5% del PIB de cada estado estuvo concentrado en el sector turístico.

Innovación y sofisticación en los sectores económicos

• Mientras que en la Ciudad de México presentó 3.1 centros de investigación por cada 100 mil de la población económicamente activa, Colima solo 0.3.
• En 13 estados la tasa de patentes solicitadas fue menor a uno por cada 100 mil de la población económicamente activa.
• De 2019 a 2020 la tasa promedio de patentes solicitadas se redujo al pasar de 2 a 1.8 por cada 100 mil de la población económicamente activa.

¿Qué mide?

El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en los estados. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y entre otros.

Resultados del subíndice

Gráfica I.1 Ranking del subíndice Derecho

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa I.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Derecho

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla I.1 Resultados generales del subíndice Derecho por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

PREVENCIÓN DEL DELITO.

• Implementar una política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana desde lo local. De acuerdo con el Inegi, a nivel nacional el 64.3% de la ciudadanía identificó como primer conducta antisocial y delictiva en su entorno inmediato, del hogar, colonia o comunidad, el consumo de alcohol en las calles, seguido de robos o asaltos frecuentes y el atestiguamiento del consumo o venta de drogas[1]. Lo anterior se agudiza si no existe un modelo adecuado que atienda integralmente y promueva la convivencia y seguridad ciudadana en el entorno más inmediato de los ciudadanos.

La Justicia Cívica[2], como un componente de respuesta y solución, brinda respuestas eficientes, evitando que muchas conductas escalen y se conviertan en delitos. Mediante la implementación y desarrollo de programas de convivencia la Justicia Cívica fomenta la cultura de la legalidad y de cercanía con una policía.

Esta Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, implementada desde las entidades, desde los municipios o en conjunto, con el apoyo directo de los gobernadores o presidentes municipales, la participación social, sociedad civil y el empresariado, preferentemente coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el involucramiento de otras instituciones o dependencias relacionadas con la movilidad, desarrollo social o la salud, entre otras, han dado buenos resultados, por ejemplo, en Aguascalientes, con la implementación hace más de una década del Programa Línea Verde. [3] Este programa generó que los asaltos violentos y robos disminuyeran en un 50%, desde su lanzamiento y que el valor de las propiedades aumentará en un 20%.[4]

La justicia cívica, el establecimiento de un modelo integral de seguridad ciudadana y de solución de conflictos sociales que fomente la cultura de legalidad, el diseño y desarrollo de programas y proyectos de convivencia, prevención de la violencia y delincuencia y mejorar las capacidades de la policía y el involucramiento de la sociedad en las decisiones de cambio, han ayudado en países como Honduras[5], por ejemplo, en aumentar la confianza en sus policías[6].

JUSTICIA PENAL Y POLÍTICA DE REINSERCIÓN SOCIAL.

• Consolidar el modelo de atención a víctimas de delitos. En 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mediante una consulta pública sobre atención a víctimas en México señaló que, el 63% de las víctimas que denunciaron o solicitaron ayuda por un delito por violación a sus derechos humanos no recibió acompañamiento en su denuncia. Lo anterior, principalmente debido a que no se les ofreció ningún servicio (47%), lo solicitaron, pero se les indicó que en ese momento no se contaba con personal o recursos para ello (24%), o se les indicó que no se brinda el servicio de apoyo o acompañamiento (13%)^[7]. Es por eso, que es importante consolidar el Modelo Integral de Atención a Víctimas[8] por conducto del Sistema Estatal de Atención a Víctimas que está integrado por los representantes del poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos públicos (Comisiones de Derechos Humanos) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel local, buscando contar con procesos a nivel estandarizados de atención y acompañamiento, homologación de criterios de reparación de daños y la unificación de sus atribuciones jurídicas a nivel nacional, incluyendo asegurar los recursos suficientes para cumplir con sus objetivos y atribuciones.

A su vez, se considera relevante impulsar desde los gobiernos o legislaturas locales la modificación a la Ley General de Víctimas y al Código Nacional de Procedimientos Penales con el objeto de fortalecer los derechos de la víctima para que pueda contar con un asesor jurídico desde el momento en que interpone una denuncia, sin que sea opcional o a solicitud de la misma.

Lo anterior, servirá para que miles de víctimas, cuenten con los mecanismos adecuados de acceso a la justicia, fortaleciendo el Estado de Derecho en nuestro país.

• Crear unidades eficientes de investigación de delitos. A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3%[9]. Ante los altos niveles de impunidad, es necesario fortalecer las capacidades de investigación, dentro de las Fiscalías, y dependencias encargadas de brindar seguridad ciudadana.

Hoy en día, las policías de los tres órdenes de gobierno deben de tener un papel protagónico en la investigación de los delitos, sin embargo, aún no se ha logrado que éstas se corresponsabilicen y doten de información útil al Ministerio Público para detonar el avance en las investigaciónes que se les presentan. Se continúan fabricando investigaciones de escritorio (sin salir de la oficina), y continuan existiendo disputas por cuestiones competenciales sobre a aquíen le corresponde resguardar o indagar sobre un crimen. Y en algunas ocasiones esto tambíen se debe a que no se cuenta con las capacidades técnicas necesarias para procesar el lugar de los hechos o para el llenado de un informe policial[10]. Lo cual, tiende a afectar el desarrollo en las lineas de investigación, y en los deficientes resultados ante los tribunales.

Por ello, se requiere, mediante acuerdos de colaboración que se impulsen desde las Fiscalías del país, que cualquier autoridad de seguridad cuente con el personal capacitado  y especializado para el procesamiento del lugar del delito y que pueda efectuar una investigación científica del crimen, sin trabas competenciales o burocráticas entre instituciones, apoyándose de herramientas tecnologicas de análisis, inteligencia delictiva e intercambio de información.

Al concretar lo anterior, se contribuirá a por ejemplo:

• • Detectar patrónes criminales en zonas de alta densidad delincuencial o en prevenir, combatir o disminuir su incidencia.
  • Contar con agentes policiales con los elementos técnicos necesarios para iniciar, buscar o ampliar, investigaciones juridicamente sustentadas ante el Ministerio Público y con altas probabilidades de éxito ante los jueces.

• Disminuir la sobrepoblación penitenciaria. De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, a diciembre del 2020, de los 289 centros penitenciarios federales y estatales del país, 130 están sobrepoblados. Dentro de los que destaca el Estado de México que cuenta con 23 centros cuya capacidad es de más de 14 mil espacios, y sin embargo, cuenta con una sobrepoblación de más 18 mil personas o una población que excede más de la mitad de su capacidad.[11] A su vez, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad^[12] (ENPOL) realizada por el Inegi, muestra que, el 72% de la población recluida cuenta con educación básica. Mas de la mitad (60%), trabajaba en oficios de bajos ingresos como: trabajador artesanal o en el comercio informal, entre otros. El 68% de éstos, son jóvenes entre 18 y 39 años. Y del total de las personas recluidas, casi el 67% se encuentra encerrado ya sea por haber sido condenado o se encuentra a la espera de serlo por cometer un delito relacionado con el robo. Por lo tanto, es posible asumir que la mayoría de los reclusos no son personas que han cometido delitos de gravedad, sino jóvenes con bajos recursos que cometieron el delito de robo y con pocas alternativas de desarrollo personal y profesional.

Si a lo anterior le añadimos las reformas que se han efectuado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPUEM) y al Código Adjetivo penal para la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, no han mejorado los índices delictivos ni desincentivado su comisión. Por el contrario, los datos que arroja el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, a diciembre del 2020 nos muestran el aumento en un año (Dic-2019-Dic-2020) de un poco más de 13 mil personas privadas de su libertad y que están siendo procesados y en espera de sentencia por un delito del fuero común[13]. Así, un 36% de las personas privadas de libertad están aún en proceso, es decir, no existe una sentencia firme que asegure su responsabilidad delictiva y el tiempo que estará en prisión. Por lo anterior, para disminuir la población penitenciaria, se recomienda:

El poder judicial en el ámbito estatal, por conducto de los jueces locales de ejecución de sentencias tienen la encomienda de supervisar y velar que se cumplan los derechos humanos de los internos, puedan aplicar e impulsar constantemente las siguientes figuras jurídicas descritas en la Ley Nacional de Ejecución Penal[14]:

• • Otorgar los beneficios preliberaciones que la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) prevé, por criterios de política penitenciaria, por ejemplo: a personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de enfermedades crónico-degenerativas o terminales o cuando se trate de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión y no se haya cometido con violencia.[15]
  • Utilizar la figura de sustitución de la pena, cambiando la prisión de una persona, por su libertad, por ejemplo, cuando se busque la protección de los menores de 12 años o tengan una condición de discapacidad y cuando su cuidadora principal sea quien esté cumpliendo con la sentencia, o cuando se cumplan con programas de tratamiento de adicciones.[16]
  • Incentivar que se efectúen ante el Juez solicitudes de libertad anticipada (extinción de la pena y libertad del sentenciado), a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, con la condición de cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 141 de la LNEP.[17] (por ejemplo: buena conducta, haber reparado el daño o se haya cumplido con la mitad de la pena impuesta para delitos culposos)

• • Conceder a la persona sentenciada el beneficio de la libertad condicionada cumpliendo los requisitos contemplados en el artículo 137 de la LNEP.[18] (por ejemplo: que no implique un riesgo para la víctima, haber reparado el daño y el pago de la multa, no estar sujeto a otro proceso penal por delito que amerite prisión preventiva, buena conducta)

• • Establecer de manera urgente medidas estratégicas e integrales que tomen en cuenta que el contexto de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y sus operadores ante la pandemia COVID-19, es un tema de salud pública, y es necesario que sea atendido bajo el principio de corresponsabilidad que estipula la propia LNEP[19]y los protocolos correspondientes.[20]

Los gobernadores de los estados puedan considerar las siguientes acciones:

• Impulsar y dotar de recursos económicos suficientes a la autoridad penitenciaria estatal , a fin de asegurar que todas las personas que puedan acceder a la figura de libertad condicionada cuenten con las herramientas de monitoreo electrónico suficientes, a fin, de que los sentenciados que no puedan cubrir su costo, y en tanto un juez así lo disponga , tengan la opción de acceder a su libertad de forma condicional.[21]
• Enviar iniciativa a las legislaturas estatales a fin de que se publique una Ley de Amnistía, pudiendo considerar la Ley publicada el 22 de abril del 2020 por el ejecutivo federal, con el objetivo de buscar la pacificación y la restauración del tejido social, a través de la condonación de penas por diversos delitos como forma de reparar las violaciones al debido proceso, reconociendo los contextos de precarización y/o vulnerabilidad de algunas poblaciones históricamente criminalizadas. Reconociendo que la mayor parte de la población privada de libertad y que pudiese beneficiarse se encuentran en el ámbito estatal.
• La utilización de la figura de sustitución de la pena[22] para evitar el congestionamiento en los centros y proteger a los sectores vulnerables.
• Impulsar que las solicitudes de libertad anticipada[23] se resuelvan de manera positiva prioritariamente en los casos de personas que, por ejemplo, presentaron buena conducta, que hayan reparado el daño o hayan cumplido con la mitad de la pena impuesta para delitos culposos.
• Implementar de manera urgente medidas sanitarias adecuadas dentro de los centros penitenciarios ante la pandemia del COVID-19, atendidas bajo los principios que estipula la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP)[24] y los protocolos[25]
• Adquirir herramientas de monitoreo electrónico[26] suficientes para que los sentenciados que no puedan cubrir su costo, puedan beneficiarse de esos aparatos y acceder a la figura de la libertad condicionada[27].

COMPETENCIA NOTARIAL Y REGISTRO DE PROPIEDAD.

• Eliminar obstáculos regulatorios para acceder a una patente notarial. Todavía, en algunas leyes de la materia de algunos estados como por ejemplo, en Chiapas[28] o Tlaxcala[29] la decisión, para otorgar una patente de notario público, puede ser a elección directa del Ejecutivo Estatal, es decir, los gobernadores tienen una fuerte injerencia en decidir a quienes se les otorga tal función, inclusive sin una previa examinación técnica que acredite sus conocimientos o práctica profesional en la materia, que se traduzca en brindar un servicio eficiente al público usuario[30].

Para esto, es necesario, impulsar las modificaciones y reformas concernientes para evitar que esta práctica continué siendo común y que ponga en riesgo los actos jurídicos que necesiten contar con el profesionalismo, eficiencia y calidad que debe regir a los prestadores de servicios de la fe pública.

• Reducir los rezagos importantes en materia de actualización y modernización del sistema registral y catastral del país. Desde las gobernaturas y las legislaturas locales, se debe impulsar la adopción o creación de una ley en materia de Armonización y Homologación de los Registros Públicos y Catastros, con el objetivo de contar con una norma efectiva y útil para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral, que brinde certeza jurídica sobre los derechos de propiedad de los inmuebles,[31] así como tener la cartografía digitalizada y complementar esa información con el uso de herramientas electrónicas en le identificación de predios.

La ciudad de México, mediante la migración a trámites digitales, los servicios sobre el catastro (oficina virtual del catastro)[32] y seguimiento a los procesos relacionados con el registro de inmuebles. Es una práctica, que busca brindar respuestas ágiles y certeras a sus usuarios, protegiendo sus derechos de propiedad. Estas medidas a nivel internacional, también están siendo aplicadas, en países como España, Suecia o Japón. Por ejemplo, los nipones, mediante la utilización de la tecnología blockchain, están unificando información sobre predios o propiedades, por ejemplo, desocupadas o sin dueño, o en casos de tierras no productivas, a fin de estimular su reutilización y controlar la reurbanización.[33]

[1] Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (México: Inegi, 2021), https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf (Consultado el 16/02/2021).

[2] Justicia Cívica. La Justicia Cívica es el conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen Gobierno orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana en una sociedad democrática. Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno, y Cultura de Legalidad para los municipios de México, aprobado mediante el acuerdo 06/XL/16 el 30 de agosto de 2016 en la cuadragésima sesión del Consejo de Seguridad Pública. En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/281131/Modelo_Justicia_C_vica_Aprob_CNSP.pdf(Consultado el 03/03/2021).

[3] Programa Línea Verde en Aguascalientes, Aguascalientes, México (2010). Tuvo como principal enfoque la toma de decisiones concertadas entre el sector público y privado para la gestión, desarrollo y planificación de la ciudad, al priorizar las siguientes acciones: Recuperar las zonas deterioradas de la ciudad; Promover el uso del espacio público; Impulsar la participación comunitaria de manera activa; Fomentar la seguridad pública y el desarrollo local, mediante programas sostenibles y multifuncionales; Disminuir el robo y el asalto violento; Aumentar el valor de las propiedades en esas zonas. Nathalie Alvarado y Robert Muggah, Crimen y violencia. Un obstáculo para el desarrollo de las Ciudades de América Latina y el Caribe. (USA: BID, 2018), https://publications.iadb.org/es/crimen-y-violencia-un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe (Consultado el 17/02/2021)

[4] Alvarado y Muggah, Crimen y violencia, 13-14.

[5] Secretaría de Seguridad, Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022. (Honduras: SS, 2011), https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10605.pdf (consultado el 16/02/2021)

[6]Nathalie Alvarado y Robert Muggah, Crimen y violencia. Un obstáculo para el desarrollo de las Ciudades de América Latina y el Caribe. (USA: BID, 2018), https://publications.iadb.org/es/crimen-y-violencia-un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe (Consultado el 17/02/2021)

[7] Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Consulta pública abierta sobre atención a víctimas en México 2019. (México: CEAV, 2019) Enhttps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/489219/Informe_Encuesta_PAIV_2019-2024_1.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[8]El Modelo Integral de Atención a Víctimas, es un conjunto de acciones, tendientes a brindar atención, asistencia, protección y reparación a las víctimas de un delito, impulsando el empoderamiento de las personas, evitando su revictimización. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Modelo Integral de Atención a Víctimas. (México: CEAV, 2015) En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127943/MIAVed..pdf (Consultado el 17/02/2021)

[9] Zepeda, Guillermo Raúl, Jiménez Rodríguez Paola Guadalupe. “Índice Estatal de desempeño de las Fiscalías y Procuradurías 2019” (México: Impunidad Cero, 2019) En: http://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/123/contenido/1567527134U67.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[10] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 9 AÑOS DE OCURRENCIAS: evidencias para entender la crisis en la justicia penal mexicana. (México: IMCO, 2017) https://imco.org.mx/nueve-anos-de-ocurrencias-en-justicia-penal-evidencias-para-entender-la-crisis-de-impunidad/ (Consultado el 13/02/2021

[11] Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. «Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional dic.2020». (México: SSPC, 2020) En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616688/CE_2020_12.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[12] INEGI. “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016.” INEGI. 2017. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

[13] Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. «Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional dic.2020». (México: SSPC, 2020) En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616688/CE_2020_12.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[14] Instituto Mexicano para la Competitividad “PRESOS: LOS OLVIDADOS ANTE EL COVID 19”. (México: IMCO, 2020) En: https://imco.org.mx/presos-los-olvidados-ante-el-covid-19/ (Consultado el 18/02/2021)

[15] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 146” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[16] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 144” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[17] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 141” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[18] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 137” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[19] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 4 (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[20] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “Estándares Especiales UNAPS COVID 19. Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano marzo 2020” (México: UNODC,2020) En: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Estandares_Especiales_UNAPS_COVID-19.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[21] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 137” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[22] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 144” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[23] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 141” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[24] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 4” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[25] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “Estándares Especiales UNAPS COVID 19. Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano marzo 2020” (México: UNODC,2020) En: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Estandares_Especiales_UNAPS_COVID-19.pdf (Consultado el 17/02/2021

[26] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 137” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[27] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 136” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[28]En el artículo 32 la Ley del Notariado del estado de Chiapas, el Gobernador, puede decidir a quién otorgarle la titularidad de una notaría sin cumplir con el requisito, por ejemplo, de aprobar un examen de oposición. En: https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/ley%20del%20notariado%20para%20el%20estado%20de%20chiapas.pdf?v=NA== (Consultado el 18/02/2021).

[29]En el artículo 31 la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, el Ejecutivo de la entidad, y cuando por la demanda poblacional o satisfacer las necesidades del servicio podrá directamente otorgar patente de notario sin sujeción a un procedimiento (examen), eligiendo entre aquellos profesionales del derecho con Constancia de Aspirante. En: http://cjuridica.tlaxcala.gob.mx/images/leyes/Ley%20del%20Notariado%20para%20el%20Estado%20de%20Tlaxcala.pdf (Consultado el 18/02/2021).

[30] En el artículo 32 la Ley del Notariado del estado de Chiapas, el Gobernador, puede decidir a quién otorgarle la titularidad de una notaría sin cumplir con el requisito, por ejemplo, de aprobar un examen de oposición. En: https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/ley%20del%20notariado%20para%20el%20estado%20de%20chiapas.pdf?v=NA== (Consultado el 18/02/2021).

[31] En el año 2017 la Cámara de Senadores aprobó un dictamen para expedir la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, se envió a la Cámara de Diputados sin respuesta alguna. Durante principios del 2020, el Congreso de la Unión organizó diversos foros regionales para analizar y brindar experiencias sobre cómo modernizar los Registros Públicos y Catastros a nivel nacional, para poder expedir una nueva ley de carácter general. El 6 de diciembre del 2020, La diputada Aleida Alavez Ruíz, integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, informó que ya se encontraba lista el proyecto de dictamen (pendiente de aprobar por el pleno de la Cámara de Diputados) de la nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos. En: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2020/Diciembre/06/8143-Listo-proyecto-de-dictamen-de-nueva-Ley-General-de-Catastros-y-Registros-Publicos-Aleida-Alavez (Consultado el 18/02/2021).

[32] Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Oficina virtual del Catastro (México: SAFCDMX,2020) En: https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/ (Consultado el 13/03/2021)

[33] Alcaide Juan Carlos. “Blockchain para registro de la propiedad: países pioneros en su uso” 2019 (España: Enzyme advising group, 2019) En: https://blog.enzymeadvisinggroup.com/blockchain-registro-propiedad (Consultado el 18/02/2021).

¿Qué mide?

El subíndice de Manejo sustentable de medio ambiente (Medio ambiente) mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y uso eficiente de los recursos. Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en los estados en el mediano y largo plazo.

Resultados del subíndice

Gráfica II.1 Ranking del subíndice Medio ambiente

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa II.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Medio ambiente

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla II.1 Resultados generales del subíndice Medio ambiente por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

GARANTIZAR EL ACCESO A ENERGÍA LIMPIA

• Facilitar el tendido de infraestructura de energía. Los gobiernos estatales pueden facilitar la instalación de infraestructura energética en sus entidades, en la medida de sus atribuciones, al facilitar la expedición de permisos y el uso de terrenos.
• Difundir los incentivos fiscales existentes para la instalación de capacidad de generación eléctrica renovable. Una mayor promoción de los beneficios que los gobiernos estatales ofrecen para las tecnologías verdes, como reducciones en el impuesto sobre nómina (ISN), incrementaría el atractivo para las inversiones sustentables.
• Promover la generación distribuida en hogares y negocios. Una campaña de promoción que explique de forma sencilla las ventajas de esta generación y las opciones para los distintos tipos de consumidores sería un aliado para expandir la instalación de paneles fotovoltaicos en los estados.
• Utilizar a las agencias estatales de energía para promover la inversión en parques renovables. Las agencias estatales de energía pueden jugar un papel de coordinación a nivel estatal para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura renovable. Estas agencias pueden ser el principal punto de contacto de las empresas con el gobierno estatal. El papel de estas dependencias como agencias promotoras de inversión en el sector se ha incrementado en la medida que las autoridades federales se han cerrado a la inversión privada en energía. Es necesario convertir estas agencias en órganos descentralizados de la administración pública estatal y que cuenten con un marco legal y regulatorio definido. Esto no implica asumir atribuciones que corresponden a la federación, sino contar con una estructura que permita a las entidades tener una política energética propia dentro de sus facultades constitucionales. Las agencias de energía de estados como Jalisco y Tamaulipas han sido exitosas en adoptar este federalismo energético[1].
• Incluir criterios de eficiencia energética, sustentabilidad y generación eléctrica limpia en licitaciones de compras públicas. El concepto de compras públicas sustentables ha ido creciendo en América Latina. Los países de la Alianza del Pacífico lanzaron en 2016 el “Proyecto de Cooperación Triangular “Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los países de la Alianza del Pacífico”[2] que pretendió establecer criterios sustentables para bienes y servicios prioritarios, los cuales van desde papel hasta electrodomésticos y computadoras, así como servicios de limpieza, publicidad, alimentos y vigilancia en inmuebles. Este proyecto ofrece una ruta crítica que podrían implementar los gobiernos estatales en sus dependencias.

MONITOREAR Y COMUNICAR LA CALIDAD DEL AIRE

• Monitorear la concentración de contaminantes atmosféricos, sobre todo en las zonas más pobladas y facilitar el acceso a los datos que se generan. Ante el riesgo de priorizar a los combustibles fósiles para la generación de electricidad, es fundamental que los gobiernos estatales destinen recursos y capacidades para monitorear la calidad del aire y publicar los datos en tiempo real. El Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (Sinaica) concentra de forma automatizada los datos que generan las estaciones de monitoreo que disponen de infraestructura adecuada para ello. De acuerdo con la NOM-156-SEMARNAT-2012 al menos las 74 zonas metropolitanas[3], deben monitorear su calidad de aire. Sin embargo, en Sinaica solo hay registradas 35 redes y de ellas, al 23 de febrero de 2021, 11 no contaban con datos. Con ello, los habitantes en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Colima, Querétaro, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Campeche desconocían los niveles de contaminación. Aunque el sistema ha evolucionado desde la última edición del Índice de Competitividad Estatal, la descarga de datos más reciente es para 2016^[4]. Es fundamental que estos datos estén actualizados para detectar riesgos a la población en tiempo real, así como hacer análisis sobre los niveles de contaminación y sus posibles impactos.
• Comunicar a la población los riesgos de contaminación atmosférica de forma oportuna. Las concentraciones de contaminantes pueden afectar la salud de la ciudadanía. Sin embargo, los datos que generan los sistemas de monitoreo son técnicos para los ciudadanos y se deben traducir para influir en la toma de decisiones oportunas para reducir la exposición a contaminantes. Para hacerlo, los estados se deben basar en el Índice de Aire y Salud, según la NOM-172-SEMARNAT-2019 que desde el 18 de febrero de 2020 es obligatoria para los gobiernos estatales o municipales responsables del monitoreo de la calidad del aire. El índice se basa en una escala de colores para diferentes rangos de contaminantes, la cual se acompaña de mensajes específicos según el nivel de riesgo que implica y las acciones que se recomienda tomar. La norma busca que los índices de todos los estados estén homologados, para simplificar su interpretación y evitar diferencias entre ciudades. Al 23 de febrero de 2021, en la mitad de las entidades no se encontró evidencia de que el gobierno local calculara el índice y difundiera sus implicaciones[5].

[1] Arroyo, Santiago F. (2020) ¿Qué sigue de la Reforma Energética? La evolución hacia un federalismo energético. Forbes, en https://www.forbes.com.mx/que-sigue-de-la-reforma-energetica/#:~:text=De%20esta%20forma%2C%20arribamos%20a,conocer%20las%20necesidades%20sociales%2C%20econ%C3%B3micas%2C.

[2] Secretaría de la Función Pública (2016). Contrataciones Públicas Sustentable, en https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/contrataciones-publicas-sustentables.

[3] Conapo. 2015. “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015”. https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015.html (Consultado el 11/03/2021).

[4] En el portal del SINAICA, se hizo una búsqueda aleatoria de las redes donde se sabe que ha información actualizada (como la de CDMX) y se trató de descargar información para diferentes contaminantes.

[5] Se hizo una búsqueda en Google con el concepto “índice aire y salud” y el nombre de las 32 entidades. Se consideró como válidas aquellas observaciones donde hubiera una página del gobierno local con los datos y el uso de la escala de colores del índice. No se evaluó la calidad de la información ni otros esfuerzos para difundir los resultados (por ejemplo, mensajes en redes sociales).

¿Qué mide?

El subíndice de Sociedad incluyente, preparada y sana (Sociedad) mide la calidad de vida de los habitantes a través del acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en las siguientes tres áreas: inclusión, educación y salud. Éstas dan un indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y retener capital humano. Se incluyen indicadores desigualdad, rendimiento académico, oferta médica, servicios de salud y condiciones socio-económicas. Un estado que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es más justo y competitivo.

Resultados del subíndice

Mapa III.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sociedad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla III.1 Resultados generales del subíndice Sociedad por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

SALUD

La pandemia por Covid-19 acentuó los desafíos en el sector salud para garantizar atención de calidad en los servicios médicos. Sin embargo, también significa una oportunidad para los gobiernos estatales a fin de generar acciones complementarias al gobierno federal cuyos esfuerzos estén liderados a nivel local en materia de prevención de enfermedades crónicas y transmisibles.

Ante este panorama, el IMCO propone las siguientes medidas:

• Incrementar las pruebas de Covid-19 en los estados. Aumentar los esfuerzos de prevención puede tener beneficios de mayor control y previsión de necesidades de medicamentos, así como ocupación hospitalaria a nivel local. Además, esta información puede servir como referente para mejorar las estadísticas estatales sobre los casos activos de SARS-CoV2 y, de esta forma, mejorar la contención y atención de la enfermedad.

Algunas entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León han implementado módulos fijos,[1] módulos drive-thru[2] y macrokioscos[3] para ofrecer pruebas gratuitas de Covid-19. Estos esfuerzos se hacen mediante la geolocalización de los centros de salud en un mapa, incluyendo la información de contacto y horarios para acudir. Asimismo, se realizan valoraciones médicas en caso de tener síntomas como fiebre, tos o dolor de cabeza y, de ser necesario, se canalizan a las unidades médicas para su seguimiento.

Estas acciones deben estar a cargo de las Secretarías de Salud estatales las cuales, a su vez, podrían generar un sistema que garantice la digitalización de los registros y de los casos detectados para que, con base en ello, se genere un plan gradual de regreso a la “nueva normalidad”.

• Generar mecanismos de seguimiento a distancia de enfermedades crónicas y transmisibles. Alienado a los esfuerzos de prevención y con ayuda de la tecnología, se podrían desarrollar aplicaciones móviles, líneas de atención telefónica -como el caso del sistema Radar Jalisco-[4], o servicios de información vía mensajes de texto (SMS) -similar a la herramienta de rastreo vía mensajes en Yucatán-[5], con el objetivo de emitir recomendaciones, así como recordatorios de atención médica y seguimiento del paciente cuyo resultado de la prueba haya dado positivo, pero que no presente síntomas graves de Covid-19.

Adicionalmente, es importante fortalecer los protocolos de protección a la salud en los establecimientos y espacios públicos. Esta acción podría ser similar al escaneo de códigos QR implementados por el gobierno de la Ciudad de México a través del cual los usuarios registran su entrada o permanencia en un lugar. Posteriormente, mediante el cruce de información, se notifica a la persona si estuvo en el mismo sitio que alguien con Covid-19 para frenar la cadena de contagios y tomar las medidas de aislamiento necesarias.[6]

Esta información podría ser útil para las autoridades sanitarias locales a fin de contar con información sobre posibles casos de contagio y, con ello, fortalecer la atención inmediata de salud. Dicha medida también podría estar a cargo de las Secretarías de Salud estatales, en conjunto con universidades y organizaciones que presten servicios tecnológicos, así como personal de salud especializado que vigile el correcto seguimiento de los casos.

• Impulsar una estrategia de fomento de vida saludable. En México, el 10% de la población adulta padece diabetes mellitus y el 18% tiene hipertensión arterial.[7] Ante este escenario, se han generado algunas estrategias locales como el programa “Salud en tu vida”,^[8] a través del cual se realiza un cuestionario a los usuarios vía SMS para calcular el nivel de riesgo de padecer una enfermedad crónica. Una vez obtenidos los resultados, la persona recibe un perfil de riesgo con una serie de recomendaciones y notificaciones continuas para mejorar su salud. De ser el caso, se canaliza a alguna unidad médica cercana a su domicilio para recibir atención inmediata.

Generar un esfuerzo parecido a éste liderado por las Secretarías de Salud, en coordinación con el IMSS e ISSSTE, mediante campañas de salud o kioskos de atención situados en diversos puntos de las ciudades, puede ayudar a detectar en una etapa inicial casos de obesidad, diabetes o hipertensión arterial.

Además, esta podría ser una forma de fortalecer el eslabón de la prevención y dar atención primaria a través de un algoritmo diseñado con ayuda de las y los médicos, para aquellos que requieren de información relacionada a padecimientos menores y requieren de seguimiento automatizado.

INCLUSIÓN SOCIAL

• Promover una agenda de inclusión que contemple estrategias para sumar a más mujeres al mercado laboral, especialmente en puestos de liderazgo dentro del gobierno y la iniciativa privada. Actualmente hay una baja representación de las mujeres en el sector público y privado.

Durante 2019, a nivel nacional, solo el 18% de las titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal fueron mujeres.[9] En los estados, 18 entidades federativas cuentan con un congreso paritario o las mujeres representan más del 50% del total de los legisladores.[10] Por su parte, en el sector privado, solo el 35% del total de la plantilla laboral en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, son trabajadoras. En los consejos de administración, las mujeres representan solo el 9%.[11]

Algunas acciones para impulsar la participación de las mujeres en las economías estatales podrían ser diseñar convocatorias dirigidas a mujeres para ocupar puestos dentro del gobierno, principalmente al frente las dependencias con base en su experiencia y perfil. Esta recomendación podría estar a cargo de las Secretarías generales de Gobierno en conjunto con las Secretarías del Trabajo y las Secretarías de las Mujeres.

Asimismo, se podría acompañar de la ampliación del sistema de guarderías infantiles basado en aquellas a cargo de los DIF estatales. Éste sería especialmente valioso para los hogares monoparentales en los que, en su mayoría, la jefa de familia es una mujer. Además, formaría parte de la estrategia para generar un sistema de cuidados a nivel local que permita insertar y mantener a más mujeres en el mercado laboral.

• Generar un directorio estatal de los centros de trabajo certificados por la norma mexicana 025. Hasta marzo de 2021, 441 centros de trabajo del sector público y privado contaban con la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y no discriminación.[12] Aunque el padrón de organizaciones listadas es generado por el Consejo Interinstitucional de la norma 025 a nivel nacional, es necesario contar con un registro a nivel estatal de las empresas que han hecho esfuerzos por mejorar las condiciones laborales de las mujeres.

Esta información, generada desde las Secretarías de Trabajo estatales, sería útil para replicar las políticas de inclusión en otras empresas de la región, así como aumentar el valor social y reputacional de las organizaciones ya certificadas.

Para el caso de las empresas que aún no cuentan con la norma 025, en dicha secretaría es posible capacitar a algunos miembros de la dependencia o generar un área encargada del acompañamiento de los centros de trabajo durante el proceso de certificación. De esta forma, se podrían generar sinergias con Conapred, la STPS e Inmujeres, a fin de reducir la carga administrativa y dar a conocer los beneficios para los empleados y empleadores de contar con más mujeres en su plantilla laboral.

A los estados les conviene tener a más empresas con mejores condiciones laborales que se traduciría en autonomía económica para las mujeres, beneficios de productividad, menor rotación y mayor reconocimiento de las buenas prácticas a nivel local.

EDUCACIÓN

Para lograr una sociedad más incluyente, capaz de recuperarse de la pandemia de covid-19, es indispensable incrementar la calidad de los aprendizajes que las niñas, niños y jóvenes desarrollan en el sistema escolar. Las soluciones a los desafíos en educación requieren que las autoridades federales, estatales y escolares actúen de manera coordinada desde sus respectivos ámbitos. En particular, los gobiernos estatales tienen atribuciones para diseñar acciones específicas en materia educativa que respondan mejor a las necesidades de sus territorios. En ese sentido, el IMCO propone algunas acciones específicas:

• Desarrollar programas de nivelación académica y de reincorporación de alumnos para atender los efectos escolares de la pandemia de covid-19. La pérdida de aprendizajes y el abandono escolar causados por la pandemia arriesgan crear una generación perdida de estudiantes, especialmente entre los que provienen de sectores más vulnerables. Por lo menos 2.3 millones de personas no se inscribieron al ciclo escolar 2020-21 por motivo de la pandemia. Además, el 59% de los alumnos que permanecieron en la escuela y tomaron clases a distancia considera que en ellas aprendieron menos, o incluso nada, en comparación con las clases presenciales.[13] El sistema escolar debe buscar atraer de vuelta a quienes abandonaron sus estudios durante la pandemia. Al mismo tiempo, los alumnos que permanecieron en clases deben recibir apoyos académicos, como programas de nivelación de aprendizajes, que den mayor prioridad a los aprendizajes fundamentales, como lenguaje y matemáticas, y a las habilidades socioemocionales.[14]Existen estrategias que han demostrado tener efectos positivos en el logro de aprendizajes de estudiantes rezagados, entre las que destacan las tutorías. Estas son grupos de enseñanza con pocos o incluso un solo alumno, dirigidos por maestros y enfocadas en temas claves del currículo.[15] Para elevar su pertinencia y utilidad, el diseño y la implementación de estos programas debe realizarse con base en evaluaciones diagnosticas de los alumnos después del regreso a las aulas, las cuales pueden ser diseñadas y aplicadas por sus profesores o por autoridades estatales y federales.[16] Las secretarias e institutos estatales de educación, o sus equivalentes, cuentan con las atribuciones para realizar este tipo de programas. Es importante que se considere aumentar el presupuesto para implementar estas estrategias, ya que los recursos ordinarios no serán suficientes para atender tanto los retos creados por la pandemia, como los rezagos que ya existían en el sistema educativo.
• Asignar todas las plazas docentes, directivas y de supervisión mediante procesos públicos y transparentes. En 2017, las autoridades estatales abrieron a concurso tan solo entre el 25 y 30% del total de las plazas docentes vacantes.[17] Sin embargo, la evidencia indica que los alumnos aprenden considerablemente más cuando sus profesores fueron seleccionados por concurso y no con discrecionalidad.[18] La asignación de plazas en todas las entidades federativas debe realizarse en eventos públicos, transparentes y que presenten información completa, confiable y actualizada sobre las plazas vacantes y su asignación resultante. Para asegurar que las plazas ofertadas sean todas las que se encuentran vacantes, la lista de la nómina de docentes que se envía a las instancias federales debe incluir solamente las posiciones que se asignen en estos eventos, para evitar el gasto de recursos públicos en plazas otorgadas sin un concurso de por medio. Las autoridades estatales de educación tienen las atribuciones necesarias para realizar este tipo de eventos, siempre y cuando cumplan con los lineamientos en la materia que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal. El involucramiento de más sectores de la población en la observación de los procesos de asignación de plazas es necesario para dar certidumbre a la imparcialidad y justicia de los procesos de ingreso y promoción al servicio docente. Estos eventos deben contemplar la participación de todos los integrantes de las comunidades escolares, los sindicatos docentes, los sistemas anticorrupción, la sociedad civil y otros actores interesados.
• Fortalecer los sistemas estatales de información y datos del sistema educativo. Los datos que estos sistemas generan son un insumo crucial para la planeación, la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas. Los sistemas estatales de información deben centralizar la recolección de datos, evitar la duplicidad de procesos y reducir la carga administrativa de las escuelas. Para ello, es necesaria su vinculación con las plataformas federales análogas (el Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED), el aseguramiento de presupuesto suficiente para su adecuado funcionamiento, así como incrementar la cantidad de escuelas con el equipo de cómputo y la conectividad necesaria para capturar y enviar su información a sus supervisores. La operación de estos sistemas de información es responsabilidad de las autoridades estatales de educación, aunque estas deben coordinarse con la SEP para observar lineamientos en el tema, ya que nutren las bases federales de datos educativos. En México, existen ejemplos como los sistemas de información de Guanajuato y Yucatán, los cuales han sido exitosos en generar información útil y en su uso en los planteles educativos.[19] Al ser información que beneficia a todos los integrantes del sector de educación, desde padres de familia hasta académico e investigadores, estos sistemas deben ser accesibles al público de manera oportuna y en formatos abiertos.

¿Qué mide?

El subíndice de Sistema político, estable y funcional (Sistema político) mide el potencial de los sistemas políticos estatales para ser estables y funcionales. Un sistema político incluyente y democrático es un bien público por sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas. Se incorporan indicadores que dan información sobre corrupción, participación electoral y libertades civiles.

Resultados del subíndice

Gráfica IV.1 Ranking del subíndice Sistema político

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado. Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa IV.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sistema político

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla IV.1 Resultados generales del subíndice Sistema político por indicador

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. ** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

MEJORES CONGRESOS Y AUDITORÍAS ESTATALES

Para tener mejores gobiernos necesitamos un ecosistema con pesos y contrapesos que contribuyan a fortalecer el marco institucional de los estados. Los congresos y sus auditorías locales son actores fundamentales en esa tarea.

Los congresos estatales no solo tienen la función legislativa de redactar, aprobar o desechar leyes. Tienen la responsabilidad de:

1. Representación: expresar, vincular y proteger los intereses, valores y demandas de los ciudadanos.
2. Político – administrativa: nombrar, ratificar y designar a funcionarios de otros entes públicos por medio de la ratificación o evaluación de perfiles a cargos de interés públicos.
3. Jurisdiccional: aplicar el derecho en caso concreto de controversia, el cual se ejerce a través de la declaración de procedencia y del juicio político.
4. Legislativa: presentar, deliberar y aprobar o rechazar normas de aplicación general.
5. De control y presupuestales: cerciorarse de que cada ente público se mantenga en su esfera de competencia. Discutir, modificar y aprobar los presupuestos estatales, auditar el destino de los recursos públicos y sancionar a quienes excedan los límites presupuestales.

Los congresos que no son vigilados son instituciones que pueden ignorar sus responsabilidades, por ejemplo, mantener auditorías débiles (como asignar solo el 4% del presupuesto del Poder Legislativo[1]) y volverse cómplices en el abuso del poder. Por eso, IMCO propone cambios en nuestros poderes legislativos locales:

• Modificar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales. Un criterio que se debe de incluir es que, si un gobierno requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15%, debe tener la aprobación del congreso local y estar debidamente justificado.
• Blindar legislativamente de recortes por 7 años el presupuesto de las auditorías estatales para evitar presiones presupuestarias por parte de los congresos.
• Prohibir en la legislación que las auditorías superiores locales sean ocupadas por personas que hayan trabajado en posiciones de subordinación o de pares al gobernador o secretario de finanzas estatal en turno de la administración anterior o en curso; para ello se requiere armonizar la regulación en materia de órganos superiores de fiscalizadores.
• Realizar procesos de elección de auditores con la participación de consejos ciudadanos y estableciendo criterios de conformación de metodologías claras para la evaluación del perfil dentro de los requisitos de la legislación en materia de fiscalización. 

MAYOR REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA

La falta de competencia, tanto en la economía como en la política, actúa en perjuicio del interés público. Si bien la mayor parte de los estados del país han alcanzado mejores oportunidades para que las y los ciudadanos puedan acceder a cargos públicos, todavía se mantienen retos importantes.

La política sigue estando en manos de los partidos con registro nacional. A principios de 2021, sólo un gobernador del país no tenía afiliación a un partido y de los 1,113 congresistas estatales en funciones sólo 42 pertenecían a partidos locales (el 3.8%), y 40 (el 3.6%) eran congresistas sin afiliación partidista, el resto (92.6%) pertenecían a ocho partidos con registro nacional.[2] Esto puede indicar que no han sido derribadas las barreras para que candidatos independientes y personas afiliadas a partidos locales puedan participar en la política.

Las reglas de las candidaturas independientes están delegadas a los órganos legislativos locales, por lo que hay una diversidad de criterios según el estado del que se trate. En este sentido, los legisladores locales deben modificar las leyes en esta materia para eliminar o modificar aquellos principios que dificultan el derecho a ser votado a través de esta figura.

Por estas razones, IMCO propone:

• Reducir en la normatividad local el porcentaje de firmas necesarias para el registro de candidaturas independientes a cargos estatales. Para la candidatura independiente para el cargo del Poder Ejecutivo federal es necesario al menos el 1% de la lista nominal, sin embargo, a nivel estatal solo cinco entidades exigen un porcentaje igual o menor.

PROFESIONALIZACIÓN

La confianza en las instituciones democráticas requiere contar con representantes populares legítimos y profesionales. En la actualidad las y los candidatos a ocupar cargos públicos cuentan con pocas herramientas para su profesionalización y una vez en el cargo no hay incentivos para capacitarse.

Por este motivo, IMCO propone:

• Establecer la segunda vuelta para las elecciones a gobernador cuando el candidato con mayor número de votos no alcance el 40%. Desde 2013 se han celebrado 37 elecciones a gobernador, pero en 15 de ellas la candidatura ganadora no superó el 40% de los votos emitidos y solo en cuatro obtuvo más de la mitad de los votos.[3] Para esto, es necesario que las legislaturas locales aprueben reformas a sus constituciones locales para que, en el caso de que ningún candidato a gobernador o jefe de gobierno alcance un porcentaje superior al 50% de los votos, se convoque a una nueva elección entre los dos candidatos más votados.
• Prohibir el gasto en ayudas sociales en las legislaturas estatales. En los últimos años, el IMCO ha documentado, a través del Informe Legislativo, la mala práctica de los congresos locales de ejercer recursos públicos en funciones que no les corresponden. Tan solo en 2018, los órganos legislativos reportaron un gasto en este concepto equivalente a los mil 852 millones de pesos.^[4] En 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Congreso de Quintana Roo presentó una demanda de amparo para combatir esta asignación presupuestal por exceder las funciones legislativas y considerarse una fuente de riesgo para la corrupción.^[5]
• Destinar el 10% de los recursos para los partidos políticos estatales en centros de investigación partidistas en donde se defina la agenda programática de los partidos políticos y se capacite a sus miembros. Para ello, se debe reformar la normatividad relacionada con el instituto estatal electoral.

GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS ESTATALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA

La crisis sanitaria que el país enfrenta demuestra la importancia de contar con compras públicas eficientes, eficaces y transparentes, las cuales permitan adquirir los servicios e insumos médicos indispensables para atender a la ciudadanía, proteger al personal de salud con equipo médico y asegurar un plan de vacunación oportuno y completo en las entidades federativas.

Hasta julio de 2020, 13 entidades hicieron público el monto de las contrataciones en la compra de bienes y servicios para atender el covid-19. Este monto representa 8 mil 160 millones de pesos^[6]. El resto, carece de información respecto de las acciones y contrataciones destinadas a la atención de la pandemia lo que dificulta su seguimiento y control. Por ello, el IMCO Propone:

• Realizar procesos claros para la contratación y ejecución de compras de emergencia. Es fundamental que las entidades federativas cuenten con lineamientos específicos para la contratación y adquisición de bienes y servicios en tiempos de emergencia, a través de reformas a las leyes de compras públicas de los estados, adquisiciones y obra pública, así como el acompañamiento de la Contraloría Estatal (o equivalente) para la implementación. Por ejemplo, Sonora realiza auditorías en tiempo real a las compras públicas de emergencia para garantizar la capacidad de atención médica a la población del estado. Estos lineamientos deben:
• • Detallar de manera obligatoria el fundamento legal que justifica realizar un proceso de adjudicación directa y no una licitación pública.
• • Desglosar los bienes o servicios adquiridos, la cantidad, el precio unitario y el giro del proveedor.
• • Enlistar los tipos de bienes y servicios que las entidades federativas pueden adquirir mediante procesos de emergencia, de tal manera que las compras se realicen y planifiquen con base en las necesidades de la población.

• Generar plataformas que transparenten las compras de emergencia y promuevan el control y la vigilancia de los recursos públicos en tiempos de emergencia. Es importante contar con portales electrónicos actualizados constantemente que trasparenten los recursos destinados a la atención de la emergencia, incluyendo el registro de la información de las compras en datos abiertos, con bases estructuradas y descargables, las cuales detallen los bienes y servicios adquiridos, así como los proveedores contratados.

El portal de Contrataciones Abiertas del Estado de Chihuahua incluye un apartado de proyectos especiales para consultar la información sobre las compras para atender la pandemia por covid-19[7].

REALIZAR COMPRAS PÚBLICAS EFICIENTES QUE ATIENDAN LAS PRÁCTICAS CON RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Aún sin la presencia de una emergencia, las compras públicas en México deben realizarse de manera eficiente, ya que representan una gran cantidad de recursos públicos y permiten adquirir los bienes y servicios para atender las necesidades de la población y poner en marcha las políticas públicas de interés. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por 13 mil 311 millones de pesos en las aportaciones a las entidades federativas y municipios. Para atender el uso de ineficiente de los recursos, así como las prácticas de riesgo de corrupción, es necesario:

• Priorizar los criterios de calidad en la evaluación de las propuestas de proveedores sobre los formalismos, al mismo tiempo que se asegure el cumplimiento de la ley. Es importante realizar procesos de compra pública que no limiten la competencia, por lo que las dependencias de gobierno pueden priorizar los criterios de calidad-precio, y evitar aquellos requisitos técnicos y formalismos de tal forma que no se conviertan en causales de desechamiento.
• Definir un identificador único del contrato para todas las plataformas electrónicas. Actualmente, las dependencias de gobierno en las entidades federativas tienen la obligación de capturar información sobre compras públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia y, en ocasiones, en las plataformas de compras públicas estatales. Ambas cuentan con un proceso de captura particular para registrar la información. Por lo tanto, con el objetivo de permitir la interoperabilidad y los cotejos de información entre los sistemas electrónicos, es importante establecer un mismo identificador para cada proceso de compra que coincida en todas las plataformas donde sea publicado.
• Monitorear el registro de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Actualmente, se registran compras públicas con retrasos e inconsistencias. Es importante monitorear constantemente la calidad de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que, además de contener datos útiles para el seguimiento de los recursos públicos, es una obligación de ley[8].
• Generar y utilizar herramientas de detección de riesgos de corrupción en compras públicas. Además de contar con una plataforma electrónica para publicar la información de las compras públicas, las entidades federativas deben implementar metodologías para identificar los riesgos de corrupción, de tal forma que exista un mapa de ruta que muestre, de manera sistemática y en tiempo real, los procesos con mayor riesgo de padecer algún tipo de corrupción.

El IMCO desarrolló Mapeando la Corrupción, una plataforma que le permite al Gobierno y a la ciudadanía identificar riesgos de corrupción en compras públicas de manera automática. Esta herramienta, que está a disposición de las entidades federativas, permitió al gobierno estatal de Chihuahua analizar prácticas de riesgo de corrupción en más de mil 668 procesos de obra pública educativa de 2014 a 2018, lo que representa una auditoría al gasto de mil 947 millones de pesos.

• Transitar a un esquema de gobierno digital. La digitalización de la información es un paso fundamental para facilitar los procesos internos en la adquisición de bienes y servicios. A través de la generación y aplicación de herramientas electrónicas que permitan monitorear toda la información, específicamente de las compras públicas, es posible identificar las etapas, las fallas en estas y las posibles soluciones. Estas herramientas pueden ser plataformas electrónicas que incluyan la planeación, conducción y monitoreo de las compras públicas de forma abierta y en tiempo real. La transición a un gobierno digital debe considerar el registro de la información de compras públicas en plataformas transaccionales, donde la información y documentación esté disponible al público, de tal manera que facilite la participación y la contratación de bienes y servicios.

[1] El presupuesto de los poderes legislativos es distinto en estados como Puebla donde se otorga un 52% del presupuesto a la entidad de fiscalización, mientras que en Morelos se le asigna únicamente el 4% del presupuesto. Fuente: Informe Legislativo 2017, IMCO.

[2] Fuente: IMCO, con datos de portales electrónicos de los congresos estatales, consultado en enero 2021.

[3] Fuente: Elaborado por el IMCO con información de los institutos electorales locales.

[4] Fuente: Informe Legislativo 2019, IMCO.

[5] Fuente: Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, www.anticorrupcionqroo.org

^[6]Transparencia Mexicana y Tojil, (In)cumplimiento de las obligaciones de transparencia en contrataciones por COVID-19. Disponible en https://www.tm.org.mx/susanavigilancia-cumplimientoleytransparenciacontrataciones-covid19/ (Consultado el 22/02/2021).

[7] Estado de Chihuahua, Portal de Contrataciones Abiertas. Disponible en https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/

[8] Artículo 70 fracción XVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

¿Qué mide?

 El subíndice de Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos) mide la forma en que los gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus respectivos estados. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, considera indicadores sobre la capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.

Resultados del subíndice

Gráfica VII.1 Ranking del subíndice Economía

 Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Economía

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados del subíndice

Tabla VII.1 Resultados generales del subíndice Economía por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. **El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

IMPUESTOS Y FEDERALISMO FISCAL

El actual pacto fiscal presenta una dinámica que debilita las capacidades de todos los órdenes de gobierno. Tenemos estados y municipios que han cedido los costos políticos y fiscales de tener sistemas de recaudación eficientes a cambio de que en la federación recaigan todas las responsabilidades.

La dependencia es tal que, desde finales de los noventas a la fecha, entre el 70% y el 80% de los ingresos estatales han provenido de transferencias federales.[1] Con la dependencia viene la centralización de las soluciones en el ámbito federal impidiendo que los estados y municipios experimenten con soluciones cercanas a sus contextos locales.

Para favorecer un ecosistema innovador de soluciones públicas, los estados deben de empezar por recuperar sus responsabilidades recaudatorias. Por estas razones, IMCO propone:

• Cambiar la estructura de los ingresos estatales de su alta dependencia en el impuesto a la nómina (un impuesto que encarece la formalidad) a impuestos con más progresivos como a la tenencia vehicular e incluso explorar el cobro compartido del impuesto predial con los municipios[2].
• Aprovechar las facultades impositivas. Los estados recaudan en promedio seis de los dieciocho impuestos que pueden cobrar, de acuerdo con la recaudación reportada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre los que no cobran están aquellos por las actividades de explotación minera y otros impuestos relacionados a las actividades industriales y mercantiles.

Actualmente, seis entidades (Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora y Tabasco) no recaudaron ninguna cantidad por tenencia o uso de vehículos. En 2019, el resto de las entidades recaudaron 16 mil 623 millones de pesos, representando el 11% de los ingresos por impuestos. El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es el segundo más importante para todas las entidades (después del impuesto a la nómina).

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 2019. Inegi.

Por otro lado, el impuesto de explotación de minas es uno de los impuestos con menor recaudación. Los estados recaudaron sólo 17 millones de pesos por ellos, Coahuila es el estado que más recauda (16 mdp) seguido de Campeche (0.5 mdp).

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 2019. Inegi.

GOBIERNO DIGITAL Y PARTICIPATIVO

A través de la implementación de estrategias digitales es posible acercar a los gobiernos estatales a la ciudadanía y también a las empresas. Reconocer las oportunidades que brinda la tecnología no solo es la base para mejorar la eficiencia de la gestión, sino que también respalda políticas públicas y favorece que los gobiernos sean innovadores, participativos, abiertos, transparentes y confiables. Por ello IMCO propone:

• Destinar y/o mejorar la planeación del presupuesto en materia de tecnología e innovación que facilite la incorporación de gobiernos digitales. Para esto, es necesario involucrar a las partes interesadas, a los tomadores de decisiones y a los expertos dentro de la planeación de los presupuestos de egresos. Las secretarías de finanzas y administración locales deben asignar presupuesto a los programas estatales en materia de innovación y comercio. Además, los congresos locales deberán aprobar y verificar que los recursos se ejerzan en dicha materia.
• Garantizar que el acceso a internet sea inclusivo, accesible y asequible para todas y todos en los estados. Esto es posible gracias a la creación de puntos de acceso públicos y abiertos a internet para que las herramientas digitales estén disponibles para la población en su conjunto. Las secretarías de desarrollo local deberán establecer en las líneas de acción de los programas correspondientes al gobierno digital, así como la inclusión de la participación de privados en su consecución.

INNOVAR LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS

• Eliminar los formularios en papel y transitar hacia los servicios públicos digitales. De acuerdo con el informe Doing Business 2020, del Banco Mundial, México se encuentra en la posición 60 de 190 de los países más fáciles para hacer negocios^[1]. Las comisiones estatales de mejora regulatoria deberán estar a cargo de la revisión y opinión anual de los trámites que se lleven a cabo en la entidad federativa.
• Mejorar la eficiencia, reforzar la infraestructura de datos de la entidad[2], reducir los costos laborales y redireccionar al personal burocrático hacia actividades que eleven la competitividad en los estados.Mediante la incorporación de agencias de transformación digital dentro de cada una de las entidades. Estas agencias deberán eliminar las barreras existentes a las que se ven expuestas las Pymes y facilitarles el acceso a un mercado más amplio.
• Implementar herramientas tecnológicas que promuevan la participación e inclusión ciudadana. Es importante reconocer los esfuerzos de la sociedad civil y los gobiernos estatales que han invertido en tecnologías para el monitoreo de los recursos, compras públicas y proyectos de infraestructura. Sin embargo, estas plataformas electrónicas deben contar con información accionable, útil y de valor público, así como un seguimiento por parte de las autoridades.

INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES

La exclusión sistémica desperdicia el talento humano. Los gobiernos inclusivos permiten explotar el potencial de los ciudadanos, esto se traduce en estados más competitivos. El acceso igualitario al poder, la toma de decisiones, la política y el liderazgo no es solo una cuestión de justicia y buen gobierno, sino que también tiene un impacto positivo en los resultados económicos y sociales.

Para esto, es necesario aumentar la participación de las personas de grupos tradicionalmente marginados en el liderazgo público, la toma de decisiones y los procesos democráticos. Esto implica promover políticas públicas desde el estado que aumenten la inclusión y la oferta de oportunidades, por lo que IMCO propone:

• Diseñar, identificar y establecer la participación de mujeres, hombres, jóvenes, grupos marginados, grupos vulnerables y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas públicas. Las secretarías de desarrollo social de los estados deberán identificar los espacios en donde sea posible la presencia de consejos consultivos o mecanismos de participación ciudadana para la implementación de políticas públicas relacionadas con la inclusión social.
• Recopilar, analizar y publicar con calidad y de manera ética los datos que conforman los sistemas estadísticos estatales. La calidad de los datos consiste en el acceso y disponibilidad de información al público en general que cumpla con atributos como oportunidad, formato de datos abiertos, detalle y desglose, legibilidad, así como la homologación de conceptos utilizados. Los datos son necesarios para que el diseño de políticas públicas responda mejor a las distintas necesidades de una población y suministro de servicios básicos.
• Incorporar presupuestos sensibles al género[3] y apoyar la participación de mujeres y jóvenes en procesos importantes que fomenten la inclusión y el empoderamiento en sus estados.Las secretarías de finanzas estatales deberán incluir anexos transversales en los proyectos de presupuestos de egresos con metodologías públicas que identifiquen los recursos que estén destinados de forma específica a las acciones de equidad de género, participación ciudadana, sectores marginados y vulnerables.
• Incluir en las administraciones estatales una instancia dedicada a incorporar la perspectiva de discapacidad de forma transversal en la toma de decisiones. A pesar de que a nivel federal se otorga una pensión para las PCD, esto no genera oportunidades (en el mercado laboral, en la planeación de ciudades o en educación, entre otros) para quienes tienen esta condición. Por ello, las entidades deben poseer instancias especializadas para diseñar políticas públicas destinadas a esta población y ofrecer recomendaciones a todas las áreas del Gobierno para que incorporen las necesidades de estos grupos de manera transversal. Además, esta instancia debe contar con el presupuesto suficiente para lograr un impacto y tener continuidad entre administraciones. Un ejemplo a nivel local es el Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad (Ingudis), que en 2020 tuvo un presupuesto 168% mayor^[4] al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

GOBIERNOS TRANSPARENTES

La transparencia institucional es la base de una buena gobernanza y el primer pilar para lograr la rendición de cuentas en los estados. Un gobierno transparente incrementa la reputación del estado y genera confianza, no solo en la población, sino ante inversionistas a nivel nacional o internacional.

Al mismo tiempo, tener gobiernos transparentes favorece una distribución correcta y equitativa de los recursos públicos y mejora el desempeño y la toma de decisiones. De acuerdo con el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2020, en 2019 únicamente 8 de 32 estados tuvieron un cumplimiento por encima del 90% sobre el reporte de información financiera.^[5] Por esto, el IMCO propone para promover la transparencia y rendición de cuentas estatales:

• Crear agencias de transformación digital que genere y procese datos para mejorar la toma de decisiones. Es decir, que la evidencia funcione como motor de acciones efectivas para solucionar los problemas de la entidad. Además, de mejorar el componente tecnológico y de digitalización de trámites y servicios públicos. Por ejemplo, la Agencia[6] Digital y de Innovación Pública (Adip) lleva a cabo colaboraciones con el gabinete de seguridad y la Fiscalía. Se ha transformado el sistema informático con el que se registran y procesan datos de incidencia delictiva; trabaja en una firma electrónica para facilitar trámites ciudadanos en la ciudad; y ha generado ahorros importantes en la contratación de tecnología para el Gobierno de la CDMX. A la par, hay avances sustanciales para colocar a la ciudad entre las listas de metrópolis del mundo con mayor cobertura de internet público para los ciudadanos. En unos meses pasaron de 96 a 14 mil 500 puntos instalados con wifi gratuito.
• Generar un sitio electrónico único sobre el reporte de información financiera del estado a cargo de las secretarías de finanzas estatales. Las entidades federativas cuentan con una serie de obligaciones en materia de transparencia y de finanzas públicas a lo largo del ciclo presupuestario.[7] La consolidación de portales con información presupuestal, del ejercicio del gasto y de fiscalización facilita la transparencia y rendición de cuentas. El sitio electrónico al menos debe proporcionar información relativa al paquete económico, informes trimestrales al congreso y la cuenta pública, así como las obligaciones en materia de contabilidad gubernamental y disciplina financiera.

[1] Fuente: Hablemos de Ingresos en los estados 2020, IMCO.

[2] Tras su misión 2020, el Fondo Monetario Internacional sugirió una reforma tributaria que contemple el cobro de la Tenencia. Este impuesto es progresivo porque paga más quien tiene más. Además, es un impuesto verde que contribuye al combate contra el cambio climático, tiene beneficios sobre la salud pública y permite una mayor independencia de las transferencias federales.

[3] Doing Business 2020, table 0.1 Ease of Doing Business Ranking. Banco Mundial (2021).

[4] El caso de la Agencia Digital de Innovación Pública quedó documentado en el Índice de Competitividad Estatal 2020, IMCO.

[5] De acuerdo con el Monitor de Mujer en la Economía del IMCO, sólo dos estados (Sonora y la Ciudad de México) cuentan con mujeres gobernadoras.

[6] En 2020, el presupuesto del Conadis fue de 33,559,804 pesos, mientras que el del Ingudis ascendió a 89,856,744 pesos.

[6] Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2020, reporte de contabilidad gubernamental. Instituto Mexicano para la Competitividad (2021).

[7] Políticas en la Mira: Rumbo al Índice de Competitividad Estatal 2022, ICE, 2020.

[8] Fuente: http://imco.org.mx/finanzaspublicas/ciclo-presupuestario

¿Qué mide?

 El subíndice de Mercado de factores eficiente (Mercado de factores) mide la eficiencia del principal factor de producción: el trabajo. En específico, se consideran características que son esenciales para el adecuado desempeño de trabajadores y empleadores puesto que esto es determinante para establecer condiciones de competitividad de cada una de las entidades federativas. Aquellas entidades en las que los trabajadores están más y mejor capacitados y los salarios son mejores, son más atractivas para el talento y la inversión.

Resultados del subíndice

Gráfica VI.1 Ranking del subíndice Mercado de factores

*Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VI.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Mercado de factores

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla VI.1 Resultados generales del subíndice Mercado de factores por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

Los factores productivos (trabajo y capital) están regulados a nivel federal. Sin embargo, los gobiernos estatales no están exentos de responsabilidades en hacer que los mercados para ellos funcionen adecuadamente. La Ley Federal del Trabajo es un ordenamiento federal cuya aplicación es de naturaleza local. La rentabilidad de las inversiones (capital) depende en buena medida de que los gobiernos estatales generen las condiciones propicias de seguridad y justicia para que las controversias entre empresarios y entre ellos y el Estado se diriman adecuadamente. El papel del gobierno local en hacer que los contratos se cumplan es indispensable para la adecuada reproducción del capital. En el caso de la energía, también la regulación es federal, pero sin la participación de los gobiernos estatales, el despliegue de las redes de energía es imposible.

MERCADO LABORAL

El buen funcionamiento del mercado laboral es uno de los temas que normalmente tienen la atención de los gobiernos estatales. Normalmente las políticas públicas están enfocadas a la creación de empleos. Es importante que la creación de empleos en el corto plazo no destruya las posibilidades de educación, el desarrollo tecnológico, ni impidan la movilidad laboral. Para ello, las políticas públicas más exitosas en el largo plazo se enfocan en crear capacidades en las personas, más que oportunidades de empleo. Algunos ejemplos son los siguientes:

APOYO A LA CAPACITACIÓN LABORAL, EMPLEABILIDAD Y VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

El gobierno estatal puede ayudar a que quien necesita un empleo encuentre a las empresas que necesitan contratarlo. Asimismo, el elemento más importante para que esos empleos estén bien remunerados depende de la productividad de las personas, y esta a su vez depende de los conocimientos útiles y la experiencia de las personas. Por ello, la vinculación y capacitación laboral son los instrumentos de política pública más comunes para incrementar la empleabilidad formal y los prospectos salariales de la fuerza laboral.

Durante abril del 2020, el primer mes de confinamiento en México, se perdieron poco más de 12 millones de empleos, es decir cerca del 22% de los puestos de trabajo registrados en el primer trimestre de ese año. De mayo a diciembre se generaron poco más de 10 millones de empleos. De modo que aún hay una brecha de alrededor de 2 millones de empleos pendientes por recuperar[1].

El ingreso laboral real cayó 2.5% entre 2019 y 2020.[2] Como consecuencia, el porcentaje de la población con ingresos laborales inferiores a la canasta alimentaria pasó de 37% a 41% durante el mismo periodo. La vinculación y capacitación laboral son instrumentos de política pública relevantes para incrementar la empleabilidad formal y los prospectos salariales de la fuerza laboral.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) a nivel federal se ha quedado sin recursos pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redireccionó el presupuesto asignado a este proyecto hacia el Plan de Reactivación Económica. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 asignó al PAE 55.5 millones de pesos mientras que en 2020 su presupuesto fue de 700 millones.

Las secretarías estatales de trabajo, desarrollo económico y finanzas deben coordinar esfuerzos para fortalecer presupuestalmente programas locales de apoyo al empleo. Por otra parte, las secretarías de educación y los consejos estatales de ciencia y tecnología, de la mano con las autoridades en materia de trabajo podrían diseñar mejores programas de vinculación entre la currícula de la educación media superior y superior y el sector empresarial. Esto con el objetivo de dar más dinamismo al mercado laboral y al empleo a nivel local, para una recuperación económica más rápida en el mediano plazo.

A nivel local las autoridades del trabajo y desarrollo económico pueden retomar el diseño del Servicio Nacional de Empleo (SNE)[3] para implementarlo o fortalecerlo en los estados. Estas instituciones sirven como un vínculo entre oferentes y demandantes de empleo y orienta a personas en la generación de alternativas para regresar al mercado laboral. El SNE, por ejemplo, ofrece servicios de apoyo para el acceso a programas como el PAE y el subprograma de Fomento al Autoempleo.[4]

Las crisis gemelas de inversión productiva y de pandemia ofrecen la oportunidad de que los trabajadores se muevan a actividades más productivas que las que realizaban antes.

• Implementar y fortalecer programas locales de apoyo al empleo que nutran la política de atracción de inversiones. Estos programas deberán tener como objetivo la vinculación laboral y la capacitación de trabajadores en los estados, al igual que el PAE. Sin embargo, ante el recorte de los recursos federales de este programa, será necesario que los gobiernos estatales encuentren mecanismos de vinculación y capacitación eficientes y costo-efectivos. A las poblaciones urbanas, es importante guiarlas a recursos de capacitación y vinculación laboral disponibles a través de internet. En el caso de la gente sin acceso a las redes digitales o en zonas rurales, los gobiernos estatales tendrán que invertir recursos financieros y humanos en la capacitación y vinculación de estas personas a empleos. En ambos casos, los gobiernos estatales pueden usar tecnologías de información para dar seguimiento a las características de los empleos recuperados, con el fin de establecer si los nuevos empleos son más precarios, informales o improductivos que los que los trabajadores tenían antes. Esta información debe nutrir la política de atracción de inversiones, de manera que tanto las empresas como los trabajadores puedan alcanzar su máximo potencial.
• Implementar programas de autoempleo, empleo temporal y designación de fondos para proyectos productivos. Una medida para revertir el incremento en desocupación registrado durante 2020 es el diseño e implementación de programas complementarios de autoempleo y ocupación temporal, o bien, un aumento en el otorgamiento de recursos a proyectos que surjan desde el sector privado con el mismo fin. El objetivo es dar oportunidad a las personas desempleadas de generar un ingreso, a partir de la realización de actividades productivas temporales. Adicionalmente, se deberá fomentar la reinserción laboral de las personas a través de capacitación y bolsa de trabajo. Es importante que los programas de empleo temporal se realicen en coordinación con el sector privado, que no se conviertan en nóminas paralelas del sector público estatal, y que las actividades realizadas aporten valor a la economía y sociedad del estado. Inducir retrocesos tecnológicos (como construir carreteras a mano) solamente con el fin de mantener a la gente ocupada, tiene efectos muy nocivos para la recuperación económica, porque el downgrade tecnológico destruye la productividad. Una economía eficiente es aquella que usa la menor cantidad de trabajo, capital y energía para generar alto valor económico. Hacer lo contrario es una receta segura para el desastre.
• Vincular la educación técnica y superior con las necesidades del sector productivo. Además de los programas de empleo, es necesario diseñar estrategias para incrementar la pertinencia de los planes de educación técnica y superior. Esto es fundamental para elevar los prospectos laborales y de empleabilidad de los jóvenes. Esta estrategia necesita de la colaboración institucional tripartita entre autoridades educativas, secretarías del trabajo y sector empresarial para actualizar los planes de estudio de manera que se asegure que los egresados técnicos y universitarios adquieran las habilidades que buscan los empleadores de su sector. Los sistemas de capacitación estatales, bachilleratos técnicos, escuelas de artes y oficios, escuelas tecnológicas y universidades deben abrir programas con una visión a futuro que esté nutrida por los empresarios locales. En cada sector productivo del Estado, los empresarios en conjunto con los académicos pueden detectar las oportunidades de eficiencia en su industria, y realizar planes de corto, mediano y largo plazo para mejorar la competitividad global de su sector.
• Evaluar la continuidad de sectores improductivos o poco competitivos. El gobierno estatal puede tomar un papel de financiamiento de consultorías y conocimiento experto para que las empresas transformen su actividad, incluso cambiando de actividad, en caso de que la productividad y competitividad de los mismos sea baja. En Australia, durante los primeros años del siglo, los gobiernos estatales y federal de ese país ayudaron a productores de commodities como la caña de azúcar a evaluar qué predios se mantenían en esa actividad y cuáles podrían cambiar de actividad a cultivos con mayor riesgo-rendimiento. En esos años, la liberalización comercial de la agricultura de ese país creó una crisis que obligó a reevaluar las actividades productivas. En Nueva Zelanda en los años 80 se eliminaron los subsidios agrícolas ante la imposibilidad gubernamental de seguir financiándolos, y ello mejoró la productividad de las cadenas productivas que sobrevivieron.

INCENTIVOS FISCALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE GRUPOS VULNERABLES 

La recuperación de empleo entre los jóvenes y adultos mayores ha sido más lenta que en otros grupos poblacionales. De acuerdo con datos de la ENOE, al cuarto trimestre de 2020 las personas de 65 años y más se encontraban 9% por debajo del nivel de ocupación registrado en el primer trimestre del mismo año.[5] Para las personas de menos de 25 años el rezago respecto de inicios de 2020 es de más de 5%. Durante la pandemia otros grupos vulnerables han sido desproporcionadamente afectados por el desempleo. Las mujeres, los trabajadores informales y de menores ingresos han salido también del mercado laboral en mayores proporciones y han tenido más dificultad en la recuperación de sus puestos de trabajo respecto de otros grupos de población. En enero de 2021 los hombres se ubicaban en niveles de empleo 4% menores respecto de marzo de 2020, mientras que las mujeres tienen un rezago de 11%. Por otra parte, cerca de 8 de cada 10 personas que perdieron su empleo durante abril de 2020 fueron trabajadores informales. Adicionalmente, de los trabajadores formales que han perdido su empleo, los que más han sido afectados han sido aquellos que ganaban hasta 1 salario mínimo y no han logrado recuperar los niveles de ocupación registrados antes de la pandemia.

• Generar incentivos para la contratación de jóvenes y apoyo al emprendimiento juvenil. La crisis por la pandemia ha impactado los niveles de ocupación e ingresos de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, particularmente a los jóvenes. Este grupo de trabajadores es altamente proclive a encontrarse en situación de subempleo, desempleo y en horarios laborales reducidos, frente a una disminución de la demanda de mano de obra. Este grupo de trabajadores es el que ha mostrado el ritmo de recuperación más lento y, a finales del 2020, su nivel de ocupación aún se encontraba 5% por debajo del observado en el primer trimestre del año. De manera que se requiere generar incentivos para su contratación, a partir de acciones como, por ejemplo, la realización de transferencias a las empresas condicionadas a la contratación de personas menores de 30 años. También se deberá destinar recursos para apoyar el emprendimiento realizado particularmente por jóvenes, para ayudarles en el proceso de formalización de su actividad.
• Otorgar estímulos e incentivos fiscales para la contratación de personal perteneciente a poblaciones vulnerables. Estos incentivos pueden otorgarse como facilidades o reducciones en el pago de impuesto sobre la nómina de empresas que contraten a personas en condición de vulnerabilidad y que se encuentren desempleadas. Otro mecanismo para impulsar estos estímulos es a través de la legislación de desarrollo y promoción económica local, en las cuales se pueden establecer condicionamientos a incentivos económicos de acuerdo con variables como el número de contrataciones o puestos de trabajo reservados para adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y mujeres.

REDUCCIÓN DE COSTOS LABORALES FORMALES

 Es posible incrementar la participación laboral formal y el ingreso disponible de trabajadores formales de bajos ingresos mediante la modificación de la legislación en materia de impuestos al trabajo a nivel estatal.

• Otorgar subsidios adicionales al empleo para personas que ganan menos de 10 mil 500 pesos al mes, por el monto equivalente a lo que deben pagar de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Un subsidio local para personas que tengan un salario de cotización por debajo de este umbral les permitiría reducir de manera efectiva el pago de impuestos e incrementar su ingreso disponible. Los estados tienen que encontrar fuentes de fondeo para estos subsidios. La recuperación de costos en los servicios públicos, así como la eliminación de los subsidios a las tenencias vehiculares, pueden ser fuentes de financiamiento para estos subsidios.
• Consolidar el presupuesto estatal de salud para otorgar la seguridad social obligatoria en el empleo. El sistema de seguridad social nacional tiene una historia de fragmentación entre los trabajadores formales e informales. Los gobiernos estatales tienen una oportunidad para mejorar el acceso al IMSS e ISSSTE de todos los habitantes de los estados mediante convenios con esas instituciones que amplíen la cobertura de los servicios que prestan localmente. Etiquetar impuestos específicos, como los de nómina, para el pago de las cuotas de seguridad social creará incentivos tanto en empresas como en trabajadores a la afiliación a la seguridad social. Asimismo, estados y municipios deben coordinar el cobro de impuestos específicos para salud a los trabajadores informales, buscando su afiliación al IMSS a través de las uniones y asociaciones que los representan. 

• Crear fondos de garantía para préstamos de liquidez a las empresas. El gobierno estatal puede usar el patrimonio público para garantizar créditos comerciales que den liquidez de corto plazo a las empresas.  A las empresas se les debe apoyar con liquidez, con el objetivo de recontratar y mantener puestos de trabajo formal, lo cual implica hacer transferencias y apoyos fiscales directamente a las nóminas (dispersión desde el banco comercial al trabajador de manera directa). Esta medida debe contemplar principalmente a las actividades productivas que están teniendo mayores dificultades para recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia, como es el caso de los restaurantes y servicios de alojamiento, cuya población ocupada al cuarto trimestre del 2020 se encuentra 17% por debajo de la registrada a principios de ese año, de acuerdo con lo reportado por el Inegi.[6] 

• Reducir temporalmente o diferir el impuesto sobre nómina. Deben generalizarse las medidas centradas en la conservación del empleo formal, de lo contrario el proceso de recuperación podría ser más lento y complicado. La reducción del impuesto sobre nómina es una forma de disminuir el costo laboral, lo que permitiría incentivar la continuidad laboral en condición de formalidad. Esta medida debe destinarse principalmente a las pequeñas empresas, que han tenido que parar sus actividades, y a establecimientos medianos. De acuerdo con los datos del IMSS, alrededor del 60% de los puestos de trabajo perdidos durante 2020 pertenecían a empresas con entre 6 y 250 trabajadores. Durante el periodo de contingencia en 2020, al menos 17 estados han implementado programas de condonación o prórroga del pago de impuesto estatal a las nóminas de empresas en distintas modalidades.[7]

MERCADO DE CAPITAL 

México tiene un problema de intermediación bancaria hacia las actividades productivas. Los empresarios que tienen garantías crediticias son financiables en lo personal, pero los proyectos empresariales no son financiables porque en casos de quiebra, el fisco y los trabajadores se quedan con la masa de activos de la empresa, y los acreedores y socios tienen una probabilidad baja de recuperación de lo prestado.

Hay algunas cosas que los gobiernos estatales pueden hacer para mejorar la productividad del capital localmente:

• Impulsar los mercados de capital semilla, capital ángel y capital emprendedor. Antes de la Revolución mexicana, las lonjas locales servían como el mecanismo de inversión entre los capitales de una región. Las hostilidades de la revolución y el nuevo Estado mexicano que surgió de ese proceso, suprimieron a las lonjas y el Estado ocupó el lugar de la banca y las lonjas para el financiamiento de proyectos productivos. Los gobiernos estatales tienen una oportunidad para hacer versiones del S. XXI de estas lonjas, promoviendo la información transparente para los socios de los negocios, la protección a accionistas minoritarios, la calificación crediticia y de solvencia financiera y moral de las empresas, y la protección de contratos para que los negocios locales puedan financiarse a través de asociaciones y alianzas estratégicas, no solamente con subsidios o créditos bancarios.
• Dinamizar el mercado de tierra y otros activos inmobiliarios para financiar la actividad productiva. La tierra en México no puede utilizarse siempre como garantía crediticia, por existir conflictos y definiciones imperfectas de la propiedad de la misma. Los gobiernos estatales pueden modernizar sus catastros y registros públicos de la propiedad. El uso de suelo autorizado para un predio debe ser transparente y público, con el fin de evitar especulación y corrupción en los precios de la tierra.
• Impulsar la modernización en el sistema de pagos. El dinero en efectivo favorece la informalidad, el crimen y la corrupción. Los gobiernos estatales pueden jugar un papel fundamental para reducir el uso de papel moneda y favorecer el uso de pagos electrónicos. Esto ayudará a formalizar la economía, elevar la productividad local (al no necesitarse los mecanismos usuales para transportar y cuidar el dinero), reduce la inseguridad pública y ayuda a establecer historial crediticio a personas y empresas, lo cual facilita su acceso futuro al crédito.

[1] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE^N), https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados

[2] CONEVAL, “EL CONEVAL PRESENTA INFORMACIÓN REFERENTE AL ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA (ITLP) AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020”, 16 de febrero de 2021,  https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_02_ITLP_4to_TRIMESTRE_2020.pdf?platform=hootsuiteP_4to_TRIMESTRE_2020.pdf?platform=hootsuite

[3] Gobierno de México, Servicio Nacional de Empleo, https://www.empleo.gob.mx/SNE

[5] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE^N), https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados

[6] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE^N), https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados

[7] CIDE, “Medidas económicas Covid-19”, https://lnppmicrositio.shinyapps.io/PoliticasEconomicasCovid19/

¿Qué mide?

 El subíndice Economía estable (Economía) mide las principales características de las economías estatales, así como la situación del crédito para empresas y familias. Dentro del subíndice se incluyen indicadores que describen la distribución del Producto Interno Bruto (PIB), el dinamismo de la economía, el nivel de deuda, así como distribución del ingreso y la diversificación económicas. Los estados que presentan una economía estable, así como mercados crediticios grandes, atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, propensos a una mayor generación de empleo y riqueza.

Resultados del subíndice

¿Qué mide?

 El subíndice de Sectores precursores de clase mundial (Precursores) engloba elementos relacionados con los sectores financiero, de telecomunicaciones y de transporte. Éstos son de gran importancia pues se les considera como condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, al incidir directa y transversalmente en muchos otros sectores de la economía. Por ello, su desarrollo es fundamental para mejorar la competitividad de los estados. Este subíndice considera indicadores relacionados con el acceso a internet, las vías físicas de comunicación, ya sea aéreas, marítimas o terrestres, y el uso y acceso a los servicios financieros.

Resultados del subíndice

Gráfica VIII.1 Ranking del subíndice Precursores

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VIII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Precursores

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla VIII.1 Resultados generales del subíndice Precursores por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

La principal inversión que los gobiernos mexicanos hacen es en infraestructuras de todo tipo. Nuestra fascinación por el concreto y el acero es compartida por políticos, burócratas, empresarios y ciudadanos. La obra pública es vista como la huella que deja un gobernante, es el testimonio de la calidad de su gobierno. Por ello, la clase política procura hacer obra pública.

Debido a los montos involucrados, la obra pública también deja espacio para abusos y prácticas de corrupción. Las dificultades técnicas pueden convertirse fácilmente en pretextos para sobrecostos que pueden filtrarse al financiamiento de campañas políticas y a negocios ilícitos.

Un problema recurrente de la construcción de infraestructura en México es que los estados y municipios tienen baja capacidad presupuestal para emprender obras públicas. En México, la capacidad de construir obra pública depende de la participación federal. Normalmente, la federación construye obra pública en su ámbito de competencia. Una autopista que conecte dos ciudades y pase por tres estados es un caso típico donde la autoridad que realizará la obra es federal. Por ello, México ha soslayado inversiones en el entorno urbano, que es donde la infraestructura puede detonar mayores beneficios. Las economías de aglomeración que hay en las ciudades hacen que el beneficio social derivado de las obras y equipamiento urbano sea muy importante. Sin embargo, si los gobiernos estatales y municipales no participan en estos procesos, no hay suficiente inversión en el entorno urbano.

Más allá de convenios de coordinación, no hay mecanismos para que los municipios pidan recursos a la entidad y que la entidad los pida a la federación. Mucho menos hay mecanismos de coordinación en los estados para la provisión de infraestructura en los municipios.

Históricamente, el IMCO ha propuesto acciones en materia de sectores precursores – transporte, telecomunicaciones, distribución de energía, a lo largo de las siguientes líneas:

1. Análisis costo-beneficio transparentes

2. Licitaciones abiertas para proyectos de infraestructura

3. Coordinación con municipios:

1. Los municipios son responsables de la infraestructura urbana. Sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con presupuestos suficientes ni con las capacidades técnicas para garantizar que esta beneficie a los ciudadanos. Por ello, el gasto en infraestructura acaba desaprovechándose como una oportunidad para elevar la productividad de empresas y familias en zonas urbanas densamente pobladas, que es donde se genera mayor valor económico. Los estados pueden invertir más en la infraestructura de las ciudades en cooperación con los municipios.
2. Coordinar desde el estado la provisión de transporte público en los municipios. Las autoridades locales deben estar involucradas en la planeación, ejecución y operación de los proyectos para garantizar un sistema de transporte público funcional. Además, los proyectos deben contar con una visión metropolitana, por lo que es necesario que el estado promueva la cooperación y comunicación entre las autoridades locales que pertenecen a una misma zona metropolitana.
3. Implementar un esquema de incentivos que facilite la ejecución de recursos federales a las entidades que lo adopten.

4. Proyectos autosustentables:

1. Generar y transparentar datos de aforos, recaudación por cuotas, accidentes, y cualquier información que se genere en las carreteras y en la operación de servicios de transporte público. La información de aforo vehicular y niveles de servicio es clave para entender si la operación de la Asociación Público Privada (APP) ocurre bajo criterios de rentabilidad pública. Esto es de especial interés en el caso de carreteras dado que muchas APP tienen contratos que mandatan subsidios en caso de aforos bajos.
2. Transparentar los datos sobre la cantidad de usuarios del transporte público, así como las condiciones de operación de los contratos de concesión (esto se hace en el metro de la CDMX).
3. Las tarifas se determinan a nivel estatal en el código fiscal, los municipios no pueden hacer proyectos sustentables sujetos a tarifas estatales.

A lo largo de los 18 años de existencia del IMCO, algunas cosas han mejorado en los sectores de infraestructuras.

1. La CDMX publica información sobre recaudación de parquímetros, aforos del metro, uso del metro y otros sistemas de transporte público.
2. La integración tarifaria del transporte público ha ocurrido en Guadalajara (AMG) y en CDMX a nivel ciudad, no a nivel metrópoli.
3. En la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) se incluye coordinación metropolitana que bien puede ser ejemplo de coordinación Estado-Municipio: “Para asegurar la gobernanza metropolitana y participación de la sociedad, se conformará una Comisión de Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación, un Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y un organismo técnico, que son de carácter obligatorio”.

La Comisión Metropolitana de la Ciudad de México y el Área Metropolitana de Guadalajara son ejemplos de coordinación entre autoridades separadas territorialmente y por su jerarquía en la administración pública del Estado mexicano. Sin duda, la coordinación entre federación, estados y municipios es la “piedra filosofal” a través de la cual las inversiones en infraestructura funcionan mejor.

Algunas de las cosas que no se han podido implementar en México, y que son indispensables para que la inversión en infraestructura sea oportuna, suficiente y bien planeada, son las siguientes:

• Las tarifas de servicios públicos como el agua y el transporte podrían contener menos elementos políticos y más elementos técnicos, financieros y económicos. Al menos tendrían que ser suficientes para cubrir el costo de producción del bien o servicio público, incluyendo el costo de reemplazar el capital. Es la única forma en que los proyectos sean autosustentables no dependan de las dádivas de los estados y de la federación. Los congresos y ejecutivos estatales tienen mucha injerencia en la fijación de tarifas, y permiten que los municipios diseñen o busquen este tipo de proyectos. Incluso, hay que pensar en tarifas dinámicas como existen en algunas ciudades del mundo, como las diseñó Vickrey, premio Nobel de economía en 1996. Si la tarifa del metro o del uso del periférico estuviera en función de la congestión, los pasajeros y automovilistas encontrarían la forma de desplazarse a horas diferentes, lo cual reduciría la saturación de la red.
• Los contratos de servicios públicos tienden a envejecer mal. Las condiciones cambian en el tiempo, y es imposible prever en un contrato todas las posibles contingencias. Por ello, los contratos de servicios públicos deben revisarse al menos cada cinco años y deben ser transparentes a la ciudadanía.
• En temas de infraestructura, México necesita moverse de un Estado concesionario (que otorga licencias de monopolio a quienes construyen un aeropuerto o una carretera), a un Estado permisionario, que permita que haya redundancias en las distintas infraestructuras, e incluso que pueda haber competencia entre distintos tipos de infraestructuras.
• El uso de suelo mixto en las ciudades es indispensable para evitar la congestión del espacio público y las redes de transporte. En la medida en que la gente pueda realizar todas sus actividades diarias en un área geográfica pequeña, las ciudades mexicanas tendrán menos complicaciones.
• Asimismo, la transparencia en el uso de suelo autorizado es indispensable para evitar conductas de exceso de especulación en los mercados de tierra. Los usos de suelo aprobados deben ser públicos, y si cambian, debe haber una discusión pública a nivel congreso estatal o cabildo municipal, que justifiquen plenamente el cambio.
• El mal uso y abuso del espacio público deben castigarse. Desde invasiones de predios y calles hasta delitos menores como el estacionamiento en zonas prohibidas, buena parte del déficit en infraestructura de transporte es atribuible al mal uso del espacio público. Este es un asunto en donde es indispensable la coordinación entre municipios y estados.
• Los impuestos, tarifas, contribuciones y derechos tienen que usarse como herramientas de control y contención del crecimiento urbano desbordado, no solamente como un mecanismo de recaudación. Los gobiernos estatales están en una posición única para dar asesoría técnica a los municipios para que cobren el impuesto predial y los servicios públicos, y recuperen el costo de producción y el de reemplazo del capital.

Algunas de las propuestas que históricamente el IMCO ha realizado en materia de infraestructura, y que siguen vigentes, son las siguientes:

ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS Y EDUCACIÓN FINANCIERA

• Impulsar un mercado de seguros más grande. México es un territorio expuesto a diversos riesgos de tipo geológico y climático. Al no contar con seguro contra estas amenazas, las familias mexicanas sufren pérdidas catastróficas ante epidemias, terremotos o huracanes. El subsidio estatal y los incentivos fiscales a las pólizas de aseguramiento puede ser una de las mejores inversiones de los recursos públicos de los estados, como ya se hace en muchos estados para las actividades del sector primario, por ejemplo. En la medida en que más mexicanos tengamos pólizas de seguros, las pérdidas generadas por la ocurrencia de eventos catastróficos serán menores.
• Garantizar un entorno de competencia económica para generar recursos ahorrables. Si los precios de los bienes y servicios son altos, las posibilidades de ahorro e inversión de la población mexicana serán muy bajas. El ahorro es la clave para la inversión, y esta última, ya sea en activos físicos o en educación, es la clave para el crecimiento económico. Para estimular el ahorro y la inversión las autoridades estatales deben de tomar acciones para bajar los precios de bienes y servicios, y la mejor manera para lograr esto es a través del fomento de la competencia económica. Las autoridades estatales deben reducir las barreras administrativas para la creación de empresas que compitan en el mercado y mejoren la oferta de bienes y servicios. Si las autoridades quieren estimular el ahorro, tienen que adoptar seriamente políticas de competencia económica.
• Generar incentivos selectivos que le garanticen a la población típicamente excluida el acceso a servicios financieros. En México sólo el 32% de los mexicanos realizó o reportó algún tipo de transacción por un medio digital. Este porcentaje está por debajo del promedio observado en América Latina, en el Caribe (46%) y en países de ingreso medio alto (62%)[1]. El desarrollo económico y social está ligado al uso de servicios financieros[2]. Las autoridades estatales deben impulsar el acceso a la información sobre los beneficios del uso de estos servicios, así como implementar programas de bancarización en comunidades alejadas y la promoción del uso de terminales electrónicas en comunidades rurales para la entrega de apoyos sociales. Igualmente deben aumentar la información sobre los beneficios de instrumentos como la inversión en activos bursátiles de deuda y capital, entre otros, para aumentar su uso y dinamizar así las economías de las regiones.
• Medir y reducir al mínimo el monto de los pagos que realiza el gobierno estatal en efectivo. Además de limitar la penetración bancaria, el pago en efectivo es un vehículo facilitador de la corrupción. Idealmente, el monto de transacciones en efectivo de cualquier gobierno debería ser cero. Los gobiernos estatales y municipales deben registrar el porcentaje de pagos efectuados mediante transferencias bancarias, auditables y fiscalizables, y el porcentaje de pagos que se realiza por medio de transacciones en efectivo.

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

• Hacer transparente la regulación del estado y de todos sus municipios en materia de infraestructura de telecomunicaciones. La falta de transparencia y el exceso de regulación obstaculizan la inversión en infraestructuras fundamentales para las nuevas tecnologías, como la fibra óptica.  Además de transparentar la regulación, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se debe llevar a cabo una simplificación de la misma.
• Poner a disposición de las empresas de telecomunicaciones las azoteas de los edificios públicos estatales y municipales, para instalar antenas. La falta de infraestructura de telecomunicaciones limita su cobertura y el acceso de la población a la misma. Las autoridades estatales deben incrementar la disponibilidad de espacios para la instalación de antenas en beneficio de la población usuaria.
• Hacer una prioridad estatal el despliegue de las redes de radiofrecuencia, fibra óptica o cualquier otro medio para la conexión de la población. Actualmente las empresas de telecomunicaciones sufren prácticas de extorsión derivadas de la sobre regulación de los espacios en los que se pueden instalar antenas de celular o cables de fibra óptica. Las autoridades estatales deben de    reducir esta regulación y castigar estas prácticas a nivel local para permitir el incremento de la cobertura de las redes de telecomunicaciones.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Actualmente muchos de los proyectos de infraestructura para el transporte y la movilidad de las personas en los estados no benefician a la mayoría de las personas, segregan a la población y reducen el acceso a oportunidades de desarrollo social y económico[3]. Para obtener mayores beneficios de los proyectos de infraestructura de transporte, los estados deben invertir en estudios costo-beneficio con el fin de evaluar la pertinencia de las obras desde antes de comprar el primer camión de material. Un proyecto deseable a ojos de la clase política del estado no implica que éste será rentable para la sociedad. Dado lo anterior, las entidades podrían beneficiarse enormemente si adoptan los siguientes lineamientos:

• Contratar de manera transparente, mediante licitación, estudios costo-beneficio. Los estudios deberán ser independientes y deberán medir de manera integral la rentabilidad para la sociedad.
• Incluir información relevante en los estudios costo-beneficio de obras de transporte. Los estudios costo-beneficio deben incluir el ahorro en tiempo de las personas restando el costo de oportunidad del dinero que pagan en cuotas y peajes; la rentabilidad del operador privado en el caso de asociaciones público-privadas (APP) u operadores privados y, los compromisos permanentes de gasto para todos los niveles de gobierno. Si el operador quiebra, seguramente se requerirá un rescate gubernamental, que acabarán pagando los contribuyentes.
• Hacer públicos los análisis costo-beneficio. Estos y los criterios de elección de proyectos deben estar disponibles en los sitios de transparencia estatales.
• Publicar los costos indicativos y el desempeño de los distintos contratistas en la ejecución de la obra pública.
• Tomar en cuenta las economías de aglomeración en la construcción de infraestructura. Los municipios son un orden de gobierno que no tiene los recursos ni el tiempo suficiente para la construcción de su propia infraestructura. En las ciudades es en donde la infraestructura genera más externalidades positivas. Las urbes con fuertes intervenciones de sus gobiernos estatales se han convertido en ejes del desarrollo empresarial e industrial de diversos estados en los últimos 20 años (por ejemplo: Guanajuato, Querétaro y Puebla). En contraste, las ciudades en donde el gobierno estatal no interviene virtuosamente, han tenido retrocesos (por ejemplo, Cuernavaca).
• Coordinar desde el estado la provisión de transporte público en los municipios. Las autoridades locales deben estar involucradas en la planeación, ejecución y operación de los proyectos para garantizar un sistema de transporte público funcional. Además, los proyectos deben contar con una visión metropolitana, por lo que es necesario que el estado promueva la cooperación y comunicación entre las autoridades locales que pertenecen a una misma zona metropolitana.
• Transparentar los datos sobre la cantidad de usuarios del transporte público, así como las condiciones de operación de los contratos de concesión.
• Generar y transparentar datos de aforos, recaudación por cuotas, accidentes, y cualquier información que se genere en las carreteras y en la operación de servicios de transporte público. La información del aforo vehicular y los niveles de servicio es clave para entender si la operación de las APP ocurre bajo criterios de rentabilidad pública. Esto es de especial interés en el caso de carreteras dado que muchas APP tienen contratos que mandatan subsidios en caso de aforos bajos.
• Dar prioridad a la construcción de vías con las especificaciones necesarias para conectar las ciudades y centros de distribución con las autopistas de altas especificaciones.
• Instrumentar mecanismos de inspección en patio de maniobra, auditoría y autoregulación para evitar la sobrecarga de transportes pesados. Esto es necesario para evitar accidentes y daños a la infraestructura carretera.
• Impedir la instalación de comercios en acotamientos o la venta de productos en las autopistas estatales o federales. El riesgo al que se somete a la población que ahí consume y labora es enorme. La construcción y respeto de acotamientos debería ser una prioridad para todas las carreteras del país.
• Empaquetar, junto con la infraestructura carretera, otro tipo de infraestructuras como las de telecomunicaciones, recolección de agua pluvial, electricidad o ferrocarril. El costo asociado a la construcción de infraestructura carretera es alto y el valor derivado está acotado al transporte. Incluir otro tipo de infraestructura en grandes proyectos de esta índole ofrece la posibilidad de incrementar su valor derivado y expandirlo a otros sectores por un costo marginal bajo, fortaleciendo las distintas redes que operan como precursores fundamentales del desarrollo económico.
• Resolver los problemas de supervisión de transportes pesados. En el reporte Evaluación de la Competitividad Regulatoria del Sistema de Autotransporte de Carga y Propuestas de Política Pública, elaborado por el IMCO, se aborda aquello que debe atenderse.[4] Desde la renovación de la flota vehicular, hasta las inspecciones en patio para resolver problemas de condiciones físico-mecánicas de los vehículos, introducción de GPS y tecnología celular de localización, gobernadores de velocidad, frenos ABS y suspensiones neumáticas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe establecer un ecosistema de empresas auditoras y verificadoras de cumplimiento de estándares de carga pesada, con metas de cero accidentes.
• Intervenir, a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, el mercado de trenes. Así, se fomenta la competencia, se atrae más inversión al sector y se asegura que las empresas existentes compitan adecuadamente. Sin mayores niveles de competencia será imposible detonar el potencial de las redes de ferrocarriles en beneficio de los productores y consumidores del país.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

Los municipios son responsables de la infraestructura urbana. Sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con presupuestos suficientes ni con las capacidades técnicas para garantizar que esta beneficie a los ciudadanos. Por ello, el gasto en infraestructura acaba desaprovechándose como una oportunidad para elevar la productividad de empresas y familias en zonas urbanas densamente pobladas, que es donde se genera mayor valor económico. Los estados pueden invertir más en la infraestructura de las ciudades en cooperación con los municipios. Hay ejemplos recientes y relativamente exitosos, como el de Puebla, donde el gobierno estatal hizo inversiones muy importantes en la ciudad capital. El defecto del modelo poblano es la pertinencia de las obras, el costo y la transparencia en la asignación de las mismas, así como la transparencia en su financiamiento. Sin embargo, es un modelo interesante porque ha permitido a la ciudad de Puebla atraer importantes inversiones y crecer. En este sentido, se propone lo siguiente:

• Instrumentar, desde el estado, mecanismos de financiamiento de proyectos de infraestructura. Es necesario contar con la participación de la ciudadanía, apalancando los recursos municipales con recursos privados, estatales y de la banca de desarrollo. Se deben realizar estrategias de largo plazo, junto con los institutos de planeación estatales, municipales y metropolitanos, que den prioridad a aquellos proyectos que pueden contribuir en mayor medida a mejorar la productividad de las ciudades. Las decisiones de qué proyectos hacer deben basarse en criterios técnicos y no políticos, y la lista de los proyectos prioritarios debe hacerse pública a toda la ciudadanía.
• Invertir en redes de agua potable. Si un mayor porcentaje de agua para beber se puede distribuir a través de tubos, y no mediante pipas o envases de plástico, se reduce la contaminación por basura plástica y se ahorra tiempo a las empresas y familias. Esto no es tan vistoso como construir autopistas o puentes elevados, pero sí puede ayudar a mejorar las condiciones de las ciudades.
• Hacer obras de infraestructura para enterrar los cables de electricidad y mejorar el paisaje urbano,además de reducir los robos de electricidad. Los gobiernos municipales no tienen incentivos para realizar este tipo de obras porque son costosas y no pueden capturar el beneficio económico al hacerlas. El Gobierno federal podría premiar, con recursos hoy usados para subsidiar la electricidad, a los estados y municipios que ayuden a reducir las pérdidas de electricidad a partir de enterrar los cables de las redes de distribución.
• Premiar a los municipios que invierten más en redes de transporte público. La movilidad urbana es otro ejemplo en donde los estados pueden ayudar a mejorar los problemas de congestión en sus ciudades y así evitar las pérdidas en tiempo y recursos para la población y un impacto negativo en el crecimiento económico. Si se premia en presupuestos de gasto e inversión a los municipios que invierten más en redes de transporte público de gran escala, digno y sustentable, se reduce la necesidad de las familias de invertir en automóviles y de los gobiernos locales de invertir en vías de transporte. Los estados deben ayudar a los municipios a mejorar los índices de caminabilidad de sus ciudades, ya que ello estimula la economía local, fortalece el turismo, mejora la seguridad pública, y reduce las muertes por hechos viales.
• Permitir que los operadores de los servicios de transporte público determinen la tarifa óptima para asegurar la sostenibilidad financiera y la calidad de los sistemas. Al mismo tiempo, es necesario transitar de subsidios generalizados de la tarifa a subsidios focalizados que permitan optimizar el uso de recursos para que la población más vulnerable goce de un servicio asequible y de mayor calidad.
• Aumentar la transparencia del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para la Personas con Discapacidad (Fotradis). Este fondo busca adaptar el transporte público y la infraestructura de las ciudades para las personas con discapacidad. Entre 2011 y 2019 destinó 4 mil 450 millones de pesos a los estados para este fin. Sin embargo, no hay información que corrobore su ejercicio ni sus resultados.[5] Contar con un inventario completo que muestre los logros del fondo y verifique si las obras son funcionales sería un gran paso de los gobiernos estatales para confirmar un avance hacia ciudades más incluyentes y con oportunidades para los más de siete millones de mexicanos con discapacidad.
• Conectar a través de una red carretera ágil a las principales ciudades de cada estado. Guanajuato fue muy exitoso en conectar a las principales ciudades de su estado a través de una red carretera bastante ágil. Sin embargo, Guanajuato, la ciudad capital, no se encuentra tan bien conectada y ha tomado una estrategia como lugar turístico. En consecuencia, no ha podido desarrollarse tanto como otras ciudades (por ejemplo, Irapuato, Celaya o León). En la medida en que la infraestructura se construya en los lugares donde hay mayor densidad de población y actividad económica, más útil será para generar competitividad. Los proyectos que conectan áreas relativamente despobladas acaban haciéndose irrelevantes para generar desarrollo.
• Desacelerar la demanda de autos mediante la reinstauración de la tenencia vehicular. Los impuestos a la tenencia de vehículos son uno de los principales mecanismos para desestimular la adquisición de automóviles y una de las pocas fuentes de financiamiento que tienen los estados para la construcción de nueva infraestructura. Si los estados quieren desacelerar la demanda de autos e impulsar la creación de infraestructura para el transporte sustentable, los impuestos a la tenencia son el mecanismo ideal para lograrlo. Un rediseño de este impuesto que premie la eficiencia energética y el uso de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, puede ser un medio muy efectivo para incentivar la renovación del parque vehicular.

[1] Omar Mejía-Castelazo y Rodrigo Villegas Gómez, La inclusión financiera en México más allá de la bancarización, Revista Nexos. Disponible en https://economia.nexos.com.mx/?p=2214

[2] Omar Mejía-Castelazo y Rodrigo Villegas Gómez, La inclusión financiera en México más allá de la bancarización, Revista Nexos. Disponible en https://economia.nexos.com.mx/?p=2214

[3] Oscar Ruiz, Ciudades compactas: Más prósperas, más equitativas y con mejor movilidad, Índice de Competitividad Urbana, IMCO 2018. Disponible en https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/k.Ciudades-compactas-ICU-2018.pdf

[4] Para mayor información consultar el reporte completo en: https://imco.org.mx/wp-con- tent/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-Autotransporte-de- Carga-07082013.pdf

[5] El Día Después, “El colectivo #MovilidadSinLímite denuncia mal uso y opacidad en el ejercicio de recursos para personas con discapacidad”, El Día Después, (s/f), https://eldiadespues.mx/noticias/ el-colectivo-movilidadsinlimite-denuncia-mal-uso-y-opacidad-en-el-ejercicio-de-recursos-pa- ra-personas-con-discapacidad/ (Consultado el 06/05/2020).

¿Qué mide?

 El subíndice de Aprovechamiento de las relaciones internacionales (Relaciones internacionales) mide el grado con el cual los estados capitalizan su relación con el exterior para elevar su competitividad. Por ello, el subíndice considera indicadores relacionados con el turismo internacional y el flujo de capitales. En un entorno de globalización, la competitividad de los estados de nuestro país depende cada vez más de su capacidad para explotar los vínculos que tienen con el exterior.

Resultados del subíndice

Gráfica IX.1 Ranking del subíndice Relaciones internacionales

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa V.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Relaciones internacionales

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla V.1 Resultados generales del subíndice Relaciones internacionales por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

COMERCIO

• Promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte. Los estados que más éxito han tenido en términos de crecimiento económico son aquellos que lograron vincular sus economías con el comercio internacional a partir de las cadenas regionales de valor. La región sur-sureste del país se ha visto históricamente rezagada, corregir esto requiere de acciones puntuales para detonar la competitividad de los estados que hoy no están plenamente integrados a estas cadenas.
  • Homologar el entorno jurídico de los estados. Los estados más rezagados del país en términos de inversión y de inserción en el comercio exterior pueden emular las leyes y códigos en la materia de las entidades más competitivas. Esto en particular puede beneficiar a los estados que mantienen sistemas de usos y costumbres en algunos de sus municipios, esto reduce significativamente la competitividad de los estados al generar una situación de incertidumbre jurídica para la inversión en estas regiones dado que es muy difícil operar con un sistema de usos y costumbres por un lado y con un sistema de derecho civil por el otro. Esta propuesta requiere trabajo conjunto de los ejecutivos estatales con los congresos y gobiernos de municipios que se rigen por usos y costumbres.

• • Implementar procesos de mejora regulatoria en el otorgamiento de permisos y trámites a nivel estatal a través de trámites por internet en una ventanilla única.

• • Invertir en infraestructura logística como carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas para mejorar la conectividad de las zonas urbanas, y de los polos industriales de los estados con otras entidades y mercados extranjeros.
• • Facilitar el acceso a energía a precios competitivos, especialmente de gas natural y fuentes renovables. Las entidades pueden facilitar la expedición de permisos ambientales y ser aliados importantes para resolver los conflictos sociales que pueden surgir con este tipo de proyectos. Por ejemplo, es fundamental terminar la reconversión de la estación de compresión de Cempoala, Veracruz, que permitirá redireccionar el gas hacia el sur desde el gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan para conectarlo con el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) y posteriormente en la península de Yucatán con el ducto Mayakán. De esta forma se estaría abordando el déficit eléctrico en la península de manera sustentable, en términos financieros y ambientales.
• • Promover una excepción para México de la Jones Act en Estados Unidos que prohíbe el cabotaje marítimo de marina mercante extranjera en puertos estadounidenses. Permitir el cabotaje en los puertos del Golfo de México incrementaría significativamente la competitividad de los estados de esa región al abrir una nueva frontera marítima con Estados Unidos y así insertar en el comercio exterior a estados que hoy no están plenamente conectados como Tabasco y Campeche. Esto requiere de una labor de cabildeo con tomadores de decisiones en Washington D.C. Se puede formar un grupo de gobernadores de las entidades del Golfo que promuevan este objetivo común en Estados Unidos ante la administración pública federal, legisladores locales y federales, gobiernos estatales, centros de investigación, empresas y grupos de interés.
• Fortalecer la seguridad pública en las vías de comunicación. El traslado de mercancías en el país se ve afectado por la extorsión por parte de autoridades y la inseguridad, desde los bloqueos a las vías férreas hasta los robos a ferrocarriles y camiones. Esto incrementa los costos de transacción, desincentiva la inversión en los estados afectados y reduce la competitividad del país como destino de inversión. El uso de dispositivos de geolocalización obligatorios, sistemas de alertas remotas, patrullaje de carreteras e incautación de vehículos al crimen organizado son algunas de las acciones que requieren coordinación entre la federación y los estados.
• Utilizar tecnologías como agentes de carga virtuales que eliminan a los intermediarios para transportar mercancías entre dos puntos mediante una ventanilla única; plataformas digitales de distribución; y criptomonedas para reducir los costos de transacción y permitir a las pymes mover mercancías a nuevos mercados. Las secretarías de desarrollo económico de las entidades pueden ser aliadas de las pymes que enfrentan obstáculos para participar en el comercio exterior adicionales a los de las grandes empresas. La tecnología puede ser una aliada para reducir estos costos. El surgimiento de los agentes de carga virtuales (que permiten al usuario exportar mercancías, seguir movimientos y gestionar documentos mediante una ventanilla digital única) puede revolucionar los sistemas logísticos, así como el desarrollo de plataformas electrónicas de distribución y criptomonedas, al abrir una ventana única mediante la cual las pymes pueden mover su mercancía del punto A al punto B sin preocuparse por los costos de la extorsión en los traslados (p. ej. crimen organizado) y en las aduanas.
• Compartir la responsabilidad de recaudar el impuesto predial entre estados y municipios. Sin municipios funcionales que garanticen la seguridad de las inversiones no será posible insertar a los estados en el comercio exterior. Es necesario reformar el impuesto predial para incentivar la recaudación de los municipios. De acuerdo con datos de la OCDE, México recauda el equivalente a 0.3% del PIB en impuesto predial, muy por debajo del promedio de Colombia de 1.7% o Chile de 1.1% y de países como Estados Unidos, con 2.9%[1]. Se puede incrementar este porcentaje mediante una reforma al artículo 115 constitucional para que estados y municipios compartan la responsabilidad de recaudar predial. Los gobiernos estatales podrían trabajar con los legisladores que representan a sus entidades en el Congreso de la Unión para promover una reforma en estas líneas. Las constituciones de los estados, por su parte, tendrían que modificarse para establecer una metodología para el reparto equitativo de los recursos recaudados. El esquema propuesto establece que 40% de lo recaudado se destine a la comunidad o pueblo donde resida el predio, 50% para el municipio y 10% al estado.  El tercer elemento de la propuesta es “premiar” a los municipios de forma proporcional o más que proporcional de acuerdo con su nivel de marginación registrado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) mediante transferencias del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). De esta manera se alinean los intereses de los municipios y de los estados para captar inversiones e incrementar su competitividad.
• Publicitar la oferta de los gobiernos estatales en materia de seguridad, Estado de derecho e infraestructura logística para la inversión. Las secretarías de desarrollo económico hacen públicos sus incentivos fiscales para atraer inversión, sin embargo, el principal diferenciador de una entidad al momento de competir por proyectos no es la cuestión fiscal. Una carrera hacia el mínimo entre los estados por ver quién ofrece menores impuestos es menos relevante que difundir y transparentar con claridad los incentivos no fiscales que pueden tener más peso al momento de definir por qué entidad apostar.

TURISMO

• Los estados pueden maximizar los beneficios del turismo si este se entiende como una oportunidad de desarrollo, para conectar a las entidades con el resto del mundo, no como una industria extractiva. Para ello, las secretarías de turismo deben trabajar en estrecha colaboración con sus contrapartes de desarrollo económico para diseñar estrategias para utilizar al turismo como catalizador de actividades de mayor valor agregado, por ejemplo, servicios financieros, y atraer inversión. Este enfoque requiere ir más allá de la construcción de infraestructura estrictamente turística e invertir en sectores clave como las telecomunicaciones.
• Promover el turismo médico. La cercanía con Estados Unidos, los costos comparativamente más bajos, así como la calidad de los servicios médicos privados en el país, hacen de México un destino con un alto potencial para el turismo médico. Los gobiernos estatales deben invertir más en capital humano e infraestructura para ganar mayor participación en el mercado global de turismo médico. Para ello es necesario aumentar las certificaciones de doctoras y enfermeras, así como de hospitales, clínicas y laboratorios, así como facilitar los reembolsos de seguros médicos.[2] Los estados de la frontera norte, así como los estados tradicionalmente turísticos, como la costa del Pacífico o Cancún y la Riviera Maya serían los principales beneficiados de un incremento en el turismo médico.
• Garantizar un ambiente propicio para las comunidades de retiro. México es el lugar de residencia de alrededor del 9% de los estadounidenses en el exterior, con 797 mil nacionales de ese país.[3] Una parte importante de este número corresponde a personas jubiladas. Comunidades como San Miguel de Allende en Guanajuato o Ajijic en Jalisco se han visto beneficiadas económicamente del arribo de extranjeros que deciden jubilarse en estas localidades. Sin embargo, el atractivo del país como destino para jubilados extranjeros se reduce en la medida que la delincuencia se acerca a estas comunidades. Estados como Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, entre otros, deben garantizar la seguridad y acceso a servicios públicos de calidad de estos residentes, especialmente en lo relacionado con el sector salud, de lo contrario ponen en riesgo una fuente de importante de recursos y desarrollo para sus regiones circundantes.

[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 2021. Tax on property, en https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm.

[2]Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 2020. México-Estados Unidos. Redefiniendo la relación para la prosperidad de Norteamérica.

[3] Inegi. 2020. Censo de Población y Vivienda 2020, en https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Migracion_Migracion_03_793b2477-4037-43d4-9a60-90fb2592cdbc.