El subíndice de Medio ambiente mide la capacidad de las ciudades para relacionarse de manera sostenible y responsable con su entorno y los recursos naturales. Este subíndice provee información sobre agua y residuos sólidos, mismos que inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en las ciudades en el mediano y largo plazo.
¿QUÉ SE ENCONTRÓ?
Todos los grupos de ciudades de acuerdo al número de habitantes experimentaron una mejora en su puntaje promedio en el subíndice de Medio ambiente respecto a la edición pasada del índice. Además, las ciudades evaluadas mejoraron su desempeño promedio en el indicador que mide la capacidad para tratar el agua en operación. Sin embargo, también se puede observar que la muestra tuvo un retroceso promedio en el indicador de intensidad energética en la economía; esto significa que la relación entre consumo energético y actividad económica incrementó.
En promedio las ciudades generaron un kilogramo de residuos sólidos por persona, pero cinco de las 69 ciudades produjeron más de 5 kilogramos per cápita.
En promedio las ciudades consumieron 111 metros cúbicos de agua por habitante. No obstante, existieron casos como los de Campeche y Mazatlán, donde el consumo fue de 314 y 280 metros cúbicos de agua por habitante respectivamente.
Resultados del subíndice Medio ambiente por tamaño de ciudad y grupo de competitividad
Elaborado por el IMCO
Mejores ciudades en el subíndice Medio ambiente por indicador y categoría de población
Elaborado por el IMCO
IMCO Propone
Mejorar la gestión de residuos sólidos mediante un programa de recuperación y reciclaje donde empresas y gobierno sean corresponsables. Los sistemas de recolección y manejo de basura en el país son ineficientes. Esto no solo afecta el entorno urbano y la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente al generar emisiones contaminantes. La gestión municipal de los residuos sólidos en México no cuenta con esquemas donde se comparta la responsabilidad entre las autoridades y el sector privado por los desechos generados. Para ello, se propone un esquema donde las empresas que coloquen un determinado volumen de residuos estén obligadas a recolectar y entregar en centros de reciclaje el mismo volumen de los materiales que colocaron en el mercado, ya sea directamente o a través de empresas intermediarias.[1]
Incentivar la generación eléctrica distribuida en las ciudades mediante la difusión de alternativas y el otorgamiento de incentivos. Las áreas urbanas demandan más de 65% de la energía global y contribuyen con 70% de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con energías. Las ciudades deben actuar para mantener un entorno de vida saludable mientras satisfacen las crecientes necesidades de la población. Si bien las políticas públicas a nivel nacional o regional pueden acelerar el cambio a las energías renovables, un estudio de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena, por sus siglas en inglés)[2] muestra que los alcaldes pueden jugar un papel protagónico en el combate al cambio climático desde sus ciudades a partir de esquemas de financiamiento e incentivos o préstamos para promover la sostenibilidad económica y ambiental en todo el paisaje urbano.[3] De igual forma, los gobiernos municipales pueden llevar a cabo campañas para difundir las alternativas que mejor se ajusten a las necesidades de cada consumidor, desde hogares hasta comercios.
El Índice de Competitividad Estatal (ICE) mide la capacidad de los estados para forjar, atraer y retener talento e inversiones.
A diferencia de los índices publicados previamente, el ICE 2020 no cuenta con un ranking general a partir de las calificaciones ponderadas de los estados en cada uno de los subíndices analizados. En su lugar, esta edición busca visibilizar las fortalezas y las debilidades relativas de las 32 entidades federativas y reconocer su desempeño mediante medallas de oro, plata y bronce, ganadas a partir de la posición que obtuvieron en las distintas dimensiones de competitividad analizadas[1].
Una entidad competitiva se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Aquellas que cuenten con más fortalezas en estas áreas, tendrán mayor capacidad para resolver problemáticas y situaciones de emergencia en el futuro.
El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. Este factor se encuentra estrechamente ligado a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un Estado de Derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en las entidades. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y cumplimiento de contratos.
La mejor entidad (2018)
Yucatán
Yucatán se ubicó en la
primera posición de este subíndice al colocarse dentro de los primeros cinco lugares en siete de los nueve indicadores
analizados. Cabe destacar que durante 2018 no se registró ningún secuestro
en esta entidad, por lo que obtuvo el primer lugar en dicho indicador. Además,
tuvo el menor número de homicidios dolosos (2.5 por cada 100 mil habitantes) y
robo de vehículos (0.4 por cada mil vehículos registrados).
Fue el quinto estado con la menor incidencia delictiva (5.9
delitos del fuero común por cada mil habitantes), lo cual se reflejó en los
bajos costos del delito para la población (alcanzó el tercer lugar en este
indicador), así como en la mayor percepción de seguridad a nivel estatal del
país: en 2018, el 67% de la población mayor de 18 años de la entidad se sintió
segura. De igual manera, se ubicó en la quinta posición en el indicador de
competencia en servicios notariales, al tener 5.3 notarios por cada 100 mil
habitantes (1.5 más que el promedio).
A pesar de su buen desempeño en este subíndice, Yucatán no está
exento de áreas de oportunidad. La entidad se
situó por debajo del promedio nacional en dos indicadores (ambos en el
lugar 19): porcentaje de delitos denunciados y cumplimiento de contratos.
La peor entidad (2018)
Tabasco
Se encuentra en el último
lugar del subíndice tras retroceder un par de posiciones respecto a 2017. La
posición de esta entidad en 2018 se explica ya que en siete de los nueve indicadores analizados se ubicó por debajo del
promedio nacional. En particular, tuvo un desempeño inadecuado en tres indicadores en los cuales obtuvo el
último lugar: secuestros (4.1 por cada 100 mil habitantes), robo de vehículos
(11.3 por cada mil vehículos) y percepción de seguridad (solamente el 7% de la
población mayor de edad de la entidad se sintió segura). Además, ocupó los
lugares 24 y 26 en los indicadores de costos del delito e incidencia delictiva,
respectivamente.
El único indicador en el que Tabasco tuvo un desempeño relativamente elevado fue en el de competencia en serviciosnotariales,
al alcanzar el séptimo lugar con cerca de un notario más por cada mil
habitantes que el promedio de las entidades del país.
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica I.1 Posiciones y cambios del subíndice Derecho
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa I.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Derecho
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla I.1 Resultados generales por indicador del subíndice Derecho
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Homicidios
Durante 2018 se cometieron 83 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Colima: cifra tres veces mayor al
promedio nacional (26 homicidios por 100 mil habitantes).
En los últimos dos años (2016-2018) el promedio de homicidios dolosos en las
entidades se incrementó en un 41% al pasar de 18.4 a 26 por cada 100 mil
habitantes. En ese periodo solo Durango (-24%), Baja California Sur (-19%) y
Campeche (-15%) redujeron su tasa de homicidios.
Costos del delito
En 2018 el
costo total de la inseguridad y los
delitos para los hogares mexicanos fue de 286 mil millones de pesos (1.3% del PIB): 3 mil 275 pesos por
habitante mayor de 18 años.
Incidencia
delictiva
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 ocurrieron 1.9 millones de delitos del fuero común en
el país: un 18% más que en 2008 (1.6 millones de delitos).
Delitos
denunciados
En promedio, en las entidades federativas del país solo se denunció el 11% de los delitos
ocurridos durante 2018 ante el Ministerio Público. En ninguna entidad se
denunció más del 19% del total de delitos cometidos en el estado.
Percepción de
seguridad
En promedio, solamente el 23% de la población de 18 años y más se sintió segura en su entidad
federativa durante 2018. Esta cifra es ocho puntos porcentuales menor que
la observada en 2016, cuando en promedio el 31% de la población se sintió
segura en el estado en que vivía.
Entre 2016 y 2018 la
percepción de seguridad de la población mayor de 18 años se deterioró en 29 entidades federativas,
entre las que destacan Nayarit y Guanajuato al caer 33 y 23 puntos porcentuales
su percepción de seguridad, respectivamente.
En 31 de las 32 entidades federativas del país más del 50% de la población mayor de edad
se sintió insegura en 2018. Mientras que en Yucatán el 67% de la población
de 18 años y más se sintió segura, en Tabasco apenas fue el 7%.
IMCO propone
Un Estado de Derecho funcional debe garantizar a la población las
condiciones adecuadas para su desarrollo pleno y armónico. Un buen Gobierno
proporciona a sus habitantes servicios públicos eficientes, alienta la inclusión social y muestra sustentabilidad
política, por medio de instituciones sólidas bajo estándares democráticos de
creación e innovación de leyes. Las entidades federativas necesitan conocer los
desafíos precisos a los que se enfrentan, así como contar con los datos e
información que les permitan dirigir sus acciones en consolidar y garantizar un
adecuado y confiable sistema de derecho. Para lograrlo es necesario que los estados
de la república trabajen en lo siguiente:
Prevención del delito y mecanismos alternativos de solución de conflictos
Implementar y consolidar el MNPJC.
Esto contribuirá a contar con una política integral de seguridad ciudadana
y un modelo de solución de conflictos sociales. Es necesario fomentar la
cultura de la legalidad, la prevención del escalamiento y comisión de
delitos, la mejora de las capacidades de la policía para entender y
atender el fenómeno de la criminalidad. Además, se debe involucrar a la
población para que pueda participar en las decisiones de las autoridades y
con ello mejorar su acceso a la justicia y recobrar su confianza en las
instituciones.
Evaluar y difundir las ventajas que ofrecen los mecanismos
alternativos de solución de conflictos (MASC) en materias como la
familiar, civil, mercantil, laboral o penal.
Esto permitirá conocer si se ha logrado reducir la cantidad de trabajo de
sus operadores y si ha sido más ágil, menos costosa y con menor deterioro
emocional para sus intervinientes.
Sistema de justicia penal y reinserción social
Mejorar las funciones de las áreas de coordinación interinstitucionales encargadas de la consolidación del sistema penal. Es necesario desarrollar y definir cambios normativos presupuestarios u operativos de atención (a corto, mediano y largo plazo) que ayuden a consolidar el sistema de justicia penal vigente en México.
Implementar un plan de persecución penal bajo estándares transparentes, objetivos y focalizados. Hay que orientar los esfuerzos humanos y presupuestales hacia las instituciones involucradas en determinar qué delitos tienen prioridad para ser resueltos y establecer la ruta estratégica para prevenirlos, combatirlos y erradicarlos.
Fortalecer las capacidades de procesamiento e investigación de delitos en las instituciones de seguridad ciudadana. Esto permitirá que cualquier autoridad de seguridad cuente con personal especializado para el procesamiento del lugar del crimen que pueda efectuar una investigación científica de los hechos, sin obstáculos interinstitucionales o competenciales.
Contar con herramientas de denuncia de delitos y seguimiento de casos vía remota, ágiles, transparentes y de acceso sencillo y claro. Esto para empoderar a la población al conocer sus derechos y entender los pasos legales a seguir durante todo el proceso penal. Además, estos mecanismos podrán brindar información valiosa a la autoridad para detectar patrones criminales.
Fortalecer la infraestructura de los centros de reclusión o carcelarios y mejorar las condiciones de seguridad, educación, salud, trabajo y desarrollo de sus internos y de quienes los supervisan.
Generar programas efectivos de autoempleo para los internos en reclusión para contribuir a la reinserción social de los reclusos, sus familias y al mejoramiento de la percepción ciudadana sobre las prisiones y sus operadores en las entidades federativas.
Incentivar la inclusión de programas de asistencia y de otorgamiento de empleo a personas reinsertadas socialmente. Lo anterior puede disminuir el estigma que existe sobre esta población y aumentar sus expectativas de vida en lo económico, social, cultural y familiar, lo que puede evitar que sean reincidentes delincuenciales.
Evaluar la función de los jueces especializados en ejecución de sentencias. Esto permitirá conocer si la función del juez, encargado de vigilar que se cumplan los derechos humanos de los reclusos, se ejerce de forma adecuada y si realmente es un contrapeso real en contra de las arbitrariedades o abusos de otras autoridades de carácter no jurisdiccional.
Evaluar la efectividad del Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos encargados de brindar seguridad, procuración e impartición de justicia en el país. Es fundamental asegurar que el ingreso, capacitación, promoción y permanencia de los servidores públicos se encuentre debidamente reglamentado y sin ningún tipo de obstáculo normativo o político que evite su desarrollo profesional a corto, mediano y largo plazo.
Acceso efectivo a la justicia para las personas con discapacidad
Disminuir la desigualdad en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad (PCD). Las PCD enfrentan dificultades para obtener un diagnóstico adecuado de su condición y para que esta sea reconocida debidamente por las autoridades, particularmente en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, intelectual o con trastornos del espectro autista. De igual manera, son vulnerables ante los prejuicios y la falta de ajustes razonables[1] (modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas cuando se requieran en un caso particular) que les impiden exigir sus derechos en un plano de igualdad frente a la sociedad. Las personas sordas, ciegas, con alguna discapacidad psicosocial, intelectual, motriz, o bien con algún trastorno del espectro autista, requieren de elementos que faciliten su accesibilidad, tales como infraestructura arquitectónica, herramientas tecnológicas para interactuar con la autoridad y/o asesoramiento técnico especializado, como braille, lectura fácil, o lengua de señas mexicanas.[2] Por ello se propone:
Incentivar el desarrollo de protocolos
de actuación desde las instituciones y/o comisiones del sector público y
privado focalizadas en la plena accesibilidad de grupos vulnerables, a fin de
sensibilizar a los actores de justicia, medir su implementación, consolidación
y avances.
Incentivar al Gobierno para contratar
y pagar los honorarios a profesionales independientes y especializados
(abogados, conciliadores, mediadores, trabajadores sociales, psicólogos,
intérpretes en lengua de señas mexicanas, etc.) que se dediquen a atender los
casos de las personas elegibles para recibir asistencia.
Crear instancias de conciliación y mediación especializadas (como un método de solución alternativa de conflictos) que cuenten con la tecnología, el personal y las herramientas adecuadas para la atención de estos casos.
Reforzar los mecanismos de control, evaluación y sanción de los órganos internos de control, visitadurías, unidades de asuntos internos o consejos dentro de las instituciones de seguridad y justicia, para detectar y sancionar posibles actos discriminatorios e ilegales realizados por los servidores públicos.
Competencia notarial y registro de propiedad
Eliminar
barreras de acceso al ejercicio de la profesión notarial. En algunas
entidades, acceder a una patente notarial depende de la decisión facultativa
del gobernador o de la petición del Colegio de Notarios, quienes pueden influir
en restringir la entrada a nuevos competidores para el ejercicio de esta
profesión y que pueden otorgar ventajas económicas y de calidad para el público
usuario.
Eliminar la restricción respecto al máximo y mínimo de notarios por un número determinado de habitantes. Se debe permitir a los notarios entrar al mercado de manera libre y que atienda al crecimiento de la demanda del servicio, lo que incentiva la competencia y optimiza la oferta en la prestación profesional notarial.
No limitar la
capacidad de los notarios para ofrecer precios inferiores al establecido en el
máximo del arancel notarial. De esta forma los notarios podrán competir entre sí y brindar
condiciones más favorables e innovadoras a los requirentes del servicio. Esta
medida también podría incentivar la regularización de las empresas y de la
propiedad privada.
Modernizar los
Registros Públicos de la Propiedad. Acceder a nuevas herramientas tecnológicas
permitirá reducir las cargas laborales de sus empleados, incrementará la
demanda de sus servicios y la recaudación tributaria, además de otorgar
garantías jurídicas a sus usuarios.
[1] Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad, Artículo 2, definiciones: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf.
La definición completa de “ajustes razonables” es esta: Por “ajustes
razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
[2] Dante Negro,
“Pobreza, desigualdad, sectores vulnerables y acceso a la Justicia”, en
Desigualdad e Inclusión Social de las Américas. 14 Ensayos. (México: OEA,
2011), 105-108, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4635/16.pdf
(Consultado el 04/04/2020).
El subíndice Manejo sustentable del medio ambiente (Medio
ambiente) mide qué tan responsables son las entidades federativas en el uso
de sus recursos naturales, como el manejo
eficiente del agua, la protección de
la cobertura forestal y la generación
y disposición adecuada de residuos sólidos, entre otros. Estos elementos
repercuten directamente en la calidad de vida de la población y en la atracción
de talento e inversión por parte de las empresas, ya que no existe una
sostenibilidad económica sin sustentabilidad ambiental. El uso adecuado del
capital natural y su conservación en el tiempo son fundamentales para impulsar
la competitividad a nivel subnacional.
La mejor entidad (2018)
Ciudad de México
En 2018, la CDMX obtuvo el primer lugar en este subíndice, pues ocupó las primeras seis posiciones en seis de los 10 indicadores que lo integran. En tres de ellos obtuvo resultados considerablemente mayores al resto de las entidades del país: eficiencia económica del agua en la agricultura, intensidad energética de la economía y certificados “Industria Limpia” emitidos. El valor de la producción agrícola de la CDMX por hectómetro cúbico (hm3) de agua fue 25 veces mayor que la segunda mejor entidad (Baja California Sur), lo que significa que fue la más eficiente en el consumo de agua en esta actividad. Además, fue la entidad más eficiente en el uso de energía eléctrica, al requerir el menor consumo de electricidad para producir bienes y servicios (un tercio de la energía utilizada en promedio por las demás entidades para generar un millón de pesos de PIB).
También, tuvo el mayor
número de empresas certificadas como “Industria Limpia” por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con 87 frente a un promedio de 17.
Finalmente, otro aspecto relevante a destacar es que el 99% de las viviendas en
la ciudad dispuso adecuadamente de sus residuos sólidos generados, a pesar de
ser la entidad que más residuos generó (574 kilogramos por habitante).
La peor entidad (2018)
Oaxaca
Aunque en 2018 fue la entidad
que generó menos basura por habitante (257 kilogramos por persona), la segunda
que menos energía requirió para generar bienes y servicios (9 megawatts hora
por millón de pesos de PIB) y la cuarta con menor morbilidad por enfermedades
respiratorias agudas (154 casos por cada mil habitantes), se ubicó en la última
posición del subíndice (retrocedió una posición con respecto a 2016) al colocarse
en los últimos 10 lugares de la mitad de los indicadores analizados.
En específico, fue el estado con
la menor proporción de viviendas que dispusieron adecuadamente de sus residuos sólidos
(58%), el segundo que recibió más recursos del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden) (906 pesos por habitante) y la quinta entidad con el menor caudal tratado
de aguas residuales (0.3 litros por segundo por cada mil habitantes). De igual
manera, ocupó la posición 26 en el indicador de pérdida de superficie cubierta
por árboles, al reducirse en un año casi un 1% (29 mil 311 hectáreas) la cubierta
arbórea de la entidad.
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica II.1 Posiciones y cambios del subíndice Medio ambiente
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa II.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Medio ambiente
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla II.1 Resultados generales por indicador del subíndice Medio ambiente
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Caudal tratado de aguas residuales
En
solo un año, Hidalgo pasó del antepenúltimo lugar al primer sitio en
tratamiento de aguas residuales. En 2016, se trató en la entidad un caudal
de 0.2 litros por segundo por cada mil habitantes, mismo que se incrementó más
de 27 veces para alcanzar los 6.1 litros en 2017.
En
2018, las entidades federativas trataron un promedio de 1.3 litros de aguas
residuales por segundo por cada mil habitantes: un 44% más que en 2008 (0.9
litros por segundo).
Eficiencia
económica del agua en la agricultura
En
2018, el valor de la producción agrícola en la CDMX fue de 388 millones de
pesos por hectómetro cúbico de agua. Esta cifra fue 22 veces
superior al promedio nacional (17.7 mdp/hm3).
Entre
2016 y 2018, Quintana Roo registró el mayor incremento en la eficiencia
del uso del agua en la agricultura: en un par de años aumentó en un 83% el
valor de la producción agrícola utilizando la misma cantidad de agua (pasó
de 1.4 a 2.5 millones de pesos por hectómetro cúbico).
Pérdida de superficie cubierta por árboles
En
2018, se perdieron poco más de 242 mil
hectáreas de superficie cubierta por árboles en el país. Tres entidades
contribuyeron con casi la mitad (49%) de las pérdidas: Chiapas (21%), Campeche
(16%) y Oaxaca (12%).
En
2018, Baja California (1.6%), Tabasco (1.4%), Chiapas
(1.3%) y Veracruz (1.2%) fueron los estados que mayor cobertura
arbórea perdieron como porcentaje de la superficie de sus respectivos
territorios cubierta por árboles en 2010.
Intensidad energética de la economía
De
2012 a 2018, las entidades federativas redujeron en un 25% la cantidad media
de energía necesaria para producir bienes y servicios, al pasar de 16.6 a 12.5
megawatts hora por millón de pesos de PIB.
Gastos autorizados al Fonden
En
2018, Baja California Sur fue la entidad
que recibió más recursos del Fonden: mil 99
pesos por habitante,
lo que representa un monto cinco veces mayor al promedio nacional (220 pesos).
En
2018, solamente seis entidades no requirieron del apoyo del Fonden: Aguascalientes, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.
IMCO propone
Los gobiernos estatales y el Gobierno federal
comparten la responsabilidad de salvaguardar el capital ambiental a través de
medidas de protección al medio ambiente. Por lo general, la Federación
establece los lineamientos de la agenda ambiental, pero son los estados quienes
se encargan de gestionar y ejecutar las políticas de administración de agua
potable y saneamiento, calidad del aire, ordenamiento territorial y manejo
forestal. Priorizar estas acciones no solo repercute en la sustentabilidad de
los recursos naturales, sino que impacta directamente en la vida de las
personas. Por ejemplo, el 23% de la población ha sido afectada por desastres
geológicos, químicos o hidrometeorológicos en las últimas dos décadas. Además, solo
18 de las 32 entidades federativas tienen un sistema de monitoreo de la calidad
del aire, mientras que menos de la mitad (15) cuentan con un programa de
verificación vehicular. Respecto al manejo forestal, por cada 10 árboles que se
talan, entre tres y cinco entidades lo hacen de manera ilegal. Para mejorar
éstas y otras condiciones ambientales, se recomienda que las entidades
federativas realicen las siguientes acciones:
Contaminación
atmosférica
Evaluar los Programas de Gestión de Calidad de Aire (ProAire) y vincularlos a las políticas de cambio climático. Los ProAire son una política pública impulsada desde 1990 con el objetivo de gestionar la calidad del aire en las ciudades, en una región geográfica determinada y en las entidades federativas mediante acciones a corto, mediano y largo plazo. Actualmente existen 37 ProAire vigentes en las regiones de las 32 entidades federativas, con una población potencialmente beneficiada de 122 millones de habitantes, equivalente al 94% de la población total. Sin embargo, los ProAire solo están diseñados con perspectiva de calidad del aire, no como una acción contra el cambio climático. Como lo planteó la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)[1] es necesario que, como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire, se incorporen la contabilización de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como su impacto en la salud de las personas y en los ecosistemas.
Incorporar más redes de monitoreo y mejorar los datos del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (Sinaica). El sistema recaba, transmite y publica datos de partículas suspendidas (PM10 y PM2.5), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) en 18 entidades federativas. Su objetivo es evaluar la calidad del aire con base en la normatividad vigente (NOM-156-SEMARNAT-2012), además de establecer el nivel de riesgo en tiempo real. También, facilita el análisis para inferir si hay un deterioro creciente o una mejoría en un periodo establecido. Sin embargo, el 25% de las estaciones de monitoreo existentes no cuenta con la infraestructura para recabar y sistematizar la información del O3, el 21% para PM10, el 42% para PM2.5, el 29% para CO, el 29% para NO2 y el 33% SO2. Tampoco es posible descargar las bases de datos para hacer investigación o realizar análisis externos.
Impulsar la adopción de Programas de Verificación Vehicular (PVV). El transporte es el segundo sector con más emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en México, al contar con 174 millones de toneladas de CO2e al año (un 26% del total).[2] Se estima que para el 2030 la cifra se incremente en un 53%, por lo que es fundamental impulsar medidas que contribuyan a controlar, prevenir y reducir las emisiones del sector. Una de ellas es mediante los PVV, pues permiten que el parque vehicular esté en mejores condiciones al incentivar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos con altos niveles de contaminación. Hoy en día existen 15 entidades federativas con un PVV vigente, lo que contribuye a mejorar los niveles de contaminación atmosférica, además de representar un ingreso adicional para las finanzas públicas estatales.
En México, el fundamento legal de los PVV está descrito en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 041, 045, 047, 050 y 167 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las cuales regulan diversas especificaciones como los niveles de medición. Sin embargo, las características de los PVV no están homologadas en todas las entidades, pues difieren en la obligatoriedad del programa, el número de vehículos que deben verificarse (según el año del modelo) y el método de prueba (11 estados incorporan pruebas estáticas y dinámicas, mientras que el resto solo utilizan la prueba estática).[3] El objetivo de los programas de verificación es promover la renovación gradual del parque vehicular, por lo que es importante que los PVV estén alineados entre sí, de tal forma que se evite la venta de vehículos contaminantes de estados con un PVV estricto, como en la CDMX, a entidades que no cuentan con este mecanismo.
Evaluar el desempeño de los operadores del transporte público concesionado. Es necesario evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la antigüedad de las unidades, emisión de contaminantes, horarios, frecuencias de paso, mantenimiento y limpieza de los vehículos, límite de velocidad permitida y capacidad de carga de usuarios. Este parámetro debe servir para revocar concesiones y esquemas hombre-camión por otros más eficientes como los de empresa-ruta. Entre más eficiente sea el servicio público de transporte, mayor será el incentivo para considerarlo una opción de movilidad, lo que permitiría reducir la afluencia vehicular.
Ordenamiento
del territorio
Armonizar las leyes estatales para dotar de atribuciones jurídicas a las instancias metropolitanas respecto a la ordenación del territorio. En los últimos años se han implementado diversas disposiciones estatales y locales en materia de desarrollo urbano en las zonas metropolitanas, como sucede en el Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, entre otras. Sin embargo, en la práctica, las disposiciones y acuerdos que emiten se contraponen o no corresponden a lo establecido en los programas estatales y municipales de desarrollo urbano. Es decir, su actividad se considera solo como una referencia y no como un eje rector de las políticas de desarrollo urbano. Por tal motivo, estas instituciones deben contar con instrumentos regulatorios que faciliten su incidencia en la toma de decisiones estatales y municipales.
Un ejemplo de buenas prácticas se encuentra en Jalisco, en donde la Ley de Coordinación Metropolitana establece que el IMEPLAN es el encargado de elaborar los planes de ordenamiento y desarrollo con aprobación de la junta metropolitana.
Actualizar la localización de
asentamientos en zonas de riesgo.Un efecto
negativo asociado a la expansión de las zonas urbanas es identificar las
potenciales zonas de riesgo. De acuerdo con el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (Cenapred), se estima que en el periodo 2000-2015,
cerca de 1.3 millones de viviendas y 27.5 millones de habitantes fueron
afectados por algún desastre geológico, químico o hidrometeorológico. Las
autoridades estatales encargadas del ordenamiento territorial pueden
coordinar los esfuerzos de mapeo e identificación de zonas de riesgo en la
entidad. Para esta labor, es necesario
digitalizar los mapas de las localidades de los estados y los registros
del catastro, lo cual puede lograrse si se aprovecha la información y
datos de digitalización ya obtenidos por las empresas de tecnología.
Impulsar la armonización de las
legislaciones estatales con la normatividad federal. La Estrategia Nacional de
Ordenamiento Territorial (ENOT) 2020-2024 representa uno de los principales instrumentos
jurídicos federales para regular y facilitar los asentamientos humanos en
México. Uno de sus objetivos es establecer las concurrencias y
competencias de los tres órdenes de gobierno en materia de planeación,
ordenación y regulación territorial, de tal modo que se estructure una
visión a largo plazo con instrumentos articulados entre sí. Además, se debe cumplir cabalmente la implementación de
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, en particular las disposiciones de gobernanza
metropolitana, como las comisiones metropolitanas que esta Ley marca como
obligatorias.
Recursos
forestales
Invertir en capacidades productivas y en el desarrollo de mercados para los productos forestales. El sector forestal ha sido uno de los más afectados por el recorte presupuestal de los programas federales, especialmente los subsidios que otorgaba la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Sin embargo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la concurrencia y distribución de competencias en materia forestal recae en los tres órdenes de gobierno. Algunas de las atribuciones de los gobiernos estatales son:
Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política forestal nacional, la política forestal en las entidades federativas.
Promover esquemas de compensación y apoyo por la provisión de bienes y servicios ambientales.
Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos.
Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el crecimiento económico de la entidad.
Por tal motivo, es necesario que los gobiernos estatales adquieran un papel protagónico en la materia y promuevan el desarrollo de las regiones forestales. Por ejemplo: invertir en investigación, infraestructura y transferencia de tecnología para mejorar el proceso productivo de las empresas y comunidades ejidales. Hace falta impulsar el crecimiento sustentable del sector a través de modelos de negocio que sean eficientes y rentables.
Crear esquemas de financiamiento para
el sector forestal. El acceso de los productores forestales a créditos
bancarios es limitado debido a cuatro factores: 1) la falta de seguridad
jurídica en los contratos de la propiedad comunal o ejidal, 2) la
atomización de los predios forestales, 3) el plazo de las inversiones y 4)
algunas limitaciones de los intermediarios financieros. Los gobiernos
estatales pueden crear fondos o programas para facilitar que los
productores forestales accedan a financiamientos,
mediante esquemas para utilizar el activo biológico (los árboles)
como garantía. Tailandia es un referente
internacional sobre este tipo de esquemas.[4]
Promover el modelo de manejo forestal
comunitario y el combate a la tala ilegal.Este modelo
promueve la conservación de los activos forestales, facilita la producción
y contribuye a reducir la marginación y vulnerabilidad de la población
local. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo
Forestal Sustentable
para el Incremento de la Producción y Productividad
(Enaipros), existe el potencial de duplicar las 7.5 millones de hectáreas
bajo permisos de aprovechamiento comunitario. Es importante mencionar que
las comunidades forestales son las principales promotoras de salvaguardar
los bosques y selvas de la región, lo que contribuye a combatir la tala
ilegal en México, que representa entre el 30%[5]
y el 50%[6] de la producción anual de
madera.
Agua potable
y saneamiento
Generar incentivos desde los gobiernos estatales para la transparencia y rendición de cuentas de los organismos operadores de agua.Para ello es necesario que los organismos cuenten con una estructura de gobierno corporativo, tengan autonomía de gestión, autosuficiencia financiera y eficiencia operativa. A su vez, deben realizar informes de resultados con indicadores acerca de las pérdidas por fugas, los resultados de las auditorías ambientales y los estados financieros, así como estadísticas sobre el tipo de consumidor, el volumen que demandan y el lugar en el que se demanda el recurso hídrico.
Una medida para generar dichos incentivos es mediante el diseño de un sistema regulatorio que articule la legislación, planeación, programas y políticas públicas para generar las condiciones de sostenibilidad y calidad en los servicios públicos, pero sobre todo, para proteger al usuario y evitar que el organismo operador pueda ser capturado políticamente. El sistema debe establecer estándares mínimos de calidad que sirvan como parámetro para los organismos.
Permitir a los organismos operadores
determinar las tarifas de agua. Es necesario que los organismos
determinen el precio del agua con base en criterios técnicos y costos de
operación, siguiendo los lineamientos que establece la Comisión Nacional
del Agua (Conagua). De este modo, la tarifa estaría desvinculada de la
agenda política, ya que actualmente la gran
mayoría de los organismos operadores funcionan con tarifas establecidas
por el ejecutivo estatal o mediante consenso legislativo.[7]
Generación
eléctrica limpia
Incentivar la oferta y demanda de
electricidad limpia.
Cada vez hay mayores incentivos para invertir en plantas de generación
limpia debido a la reducción de sus costos nivelados en los últimos años.
Sin embargo, uno de los principales retos es el costo de almacenamiento de
la energía, ya que las fuentes limpias generan
electricidad de forma discontinua. No obstante, mediante la
colaboración de la política pública estatal y federal, se puede incentivar
la adopción de tecnologías limpias como una estrategia para disminuir el
riesgo de desabastecimiento y desaceleración económica, al depender
intensivamente de las fuentes fósiles:
Crear un programa
de asesorías gratuitas y capacitaciones para los nuevos productores,
facilitando su incursión en el proceso de acreditación y participación en el
Mercado Eléctrico Mayorista.
Informar y hacer
del conocimiento público los beneficios del mercado de Certificados de Energías
Limpias (CEL) por medio de guías, talleres y conferencias, entre otros medios. Esto permitirá reducir la incertidumbre asociada a este
tipo de esquemas y mantener actualizado el estatus del sector. Esta medida es
relevante si se consideran las actualizaciones más recientes que ha
realizado el Gobierno federal respecto a la oferta y demanda de CEL, lo que
impacta directamente en el precio y la estrategia financiera de los nuevos
proyectos energéticos.
Colaborar con las
autoridades federales, en particular con la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), para elaborar un
esquema de pagos anticipados de los CEL.
Los gobiernos locales pueden analizar el flujo de certificados que se generarán
en el tiempo y estimar su valor para gestionar y adelantar el pago de esos
recursos y que el productor los utilice en la
inversión inicial de un proyecto.
Establecer que al
menos un porcentaje del abastecimiento eléctrico de los bienes inmuebles del
estado provenga de tecnologías limpias. Se
puede aprovechar el techo de la infraestructura de oficinas, hospitales y
escuelas para la instalación de paneles fotovoltaicos.
Incluir criterios de eficiencia energética, sustentabilidad y generación eléctrica limpia en licitaciones de compras públicas.
Ofrecer estímulos fiscales a través del impuesto sobre la nómina a comercios e industrias que consuman electricidad generada con fuentes limpias, así como trabajar con autoridades municipales para promover el incentivo a través de impuestos como el predial.
[5] Estimaciones de la Profepa en Conafor,
2013, Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de
la Producción y Productividad (ENAIPROS) 2013-2018.
El
subíndice Sociedad incluyente, preparada
y sana (Sociedad) mide la calidad de vida de los habitantes de cada entidad
federativa al analizar el acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en
las siguientes tres áreas: inclusión, educación y salud. Estos sectores dan un
indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y
retener capital humano e inversiones. Por ello, este subíndice considera indicadores
de pobreza, desigualdad, rendimiento
académico, oferta médica, servicios de salud y condiciones socioeconómicas.
Una entidad que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población
es más justa y competitiva.
LA MEJOR ENTIDAD (2018)
Ciudad de México
Por décimo octavo año
consecutivo la CDMX alcanzó la primera posición
en este subíndice al colocarse entre los primeros
cinco lugares en 15 de los 20 indicadores analizados. En específico, se
posicionó en el primer lugar en 11 de
ellos.
En relación a los
indicadores asociados al sector educativo, la CDMX fue la entidad con la mayor escolaridad promedio (11.4
años), la mayor proporción de escuelas de calidad (48%), el mejor rendimiento
académico (el 32% de los alumnos presentaron un desempeño bueno en matemáticas)
y la menor tasa de analfabetismo (1%) de entre
todas las entidades.
Por otra parte, en los
indicadores vinculados al sector salud obtuvo el primer lugar en médicos y enfermeras (9.16 por cada mil
habitantes), médicos con especialidad (2.2 por cada mil habitantes), camas de
hospital (1.7 por cada mil habitantes) y esperanza de vida (76.4 años), así
como la segunda posición en el porcentaje de unidades médicas certificadas (2.8%)
por el Consejo de Salubridad General.
Por
último, en materia de inclusión tuvo la mayor proporción de mujeres
económicamente activas (44%), el menor número de embarazos adolescentes (48.7
por cada mil mujeres entre 15 y 19 años) y además fue la cuarta entidad con la
mayor equidad salarial y el cuarto menor índice de informalidad laboral entre
hombres y mujeres.
No obstante, a pesar de que
la CDMX tuvo la sociedad más incluyente, preparada y sana del país en 2018, también
obtuvo el mayor número de muertes por
diabetes y enfermedades hipertensivas, al registrarse 14 defunciones por
cada 100 mil habitantes. Además, fue la segunda entidad (solo por delante de
Guerrero) de la que emigraron más
personas en términos netos como porcentaje de su población (-0.6%).
La peor entidad (2018)
Chiapas
Por cuarto año seguido, Chiapas
se ubicó en la última posición en este subíndice. Tan solo en tres de
los 20 indicadores analizados estuvo por encima del promedio nacional:
equidad salarial, mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas, y
suicidios. Fue en este último indicador en el que mejor se situó al alcanzar la
tercera posición con 2.6 suicidios por cada 100 mil habitantes. Por el
contrario, la entidad ocupó los tres últimos lugares en 11 indicadores y en siete
de ellos tuvo el desempeño más bajo en comparación al resto de las entidades
federativas del país: en 2018 el 76% de su población se encontraba en situación
de pobreza, solo el 28% de la población económicamente activa estaba conformada
por mujeres, el 13% de la población mayor de 15 años no sabía leer ni escribir,
apenas el 4% de sus escuelas eran de calidad, únicamente el 2% de sus alumnos
tuvo un rendimiento académico adecuado y la escolaridad promedio de la
población mayor de 15 años fue de 7.7 años (equivalente a poco más que primero
de secundaria). A su vez, la entidad tuvo el menor número de camas de hospital (0.4)
y médicos con especialidad (0.5) por cada mil habitantes.
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica III.1 Posiciones y cambios del subíndice Sociedad
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa III.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sociedad
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla III.1 Resultados generales por indicador del subíndice Sociedad
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Pobreza
En
2018 más de dos terceras partes de la población de Chiapas (76%), Guerrero
(66%) y Oaxaca (66%) se encontraba en situación de pobreza. Por el
contrario, en Nuevo León (15%) y Baja California Sur (18%) menos de una quinta
parte de la población se encontró en esa situación.
Mujeres económicamente activas
En
promedio, en 2018 el 38.2% de la población económicamente activa del país estaba
conformada por mujeres.
Equidad salarial
En
2018 Chiapas fue la única entidad del país en la que las mujeres que
trabajaron tiempo completo tuvieron ingresos promedio mensuales (4 mil 836
pesos) superiores a los de los hombres (4 mil 150 pesos).
Analfabetismo
En un
plazo de 10 años la tasa de
analfabetismo promedio del país se redujo en 3.3 puntos porcentuales al
pasar del 7.2% en 2008 al 3.9% en 2018.
Mientras
que en 2018, en la CDMX menos del 1% de la población mayor de 15
años no sabía leer ni escribir, en Chiapas fue el 13%.
Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas
En
2018, la CDMX registró el mayor número de muertes por diabetes y
enfermedades hipertensivas: 14 defunciones por cada 10 mil habitantes.
Suicidios
En
tres entidades la tasa de suicidios observada en 2018 fue mayor o
igual a 10 por cada 100 mil habitantes: Aguascalientes (10.0), Chihuahua
(10.0) y Yucatán (10.7).
Embarazos adolescentes
Durante
2018, en Coahuila se registraron 10 nacimientos por cada 100 mujeres entre
15 y 19 años de edad.
Camas de hospital
En
2018 existían 88 mil 821 camas censables en área de hospitalización en el
país, de las cuales una tercera parte se concentró en tres entidades
federativas: la CDMX (17.7%), el Estado de México (9.4%) y Jalisco (7.3%).
Unidades médicas certificadas
Al
mes de diciembre de 2019 menos del 1% de las unidades médicas públicas y
privadas del país se encontraba certificada por el Consejo de Salubridad
General (CSG). A esa fecha de corte solamente 1 de las 2 mil 245 unidades
médicas en Oaxaca estaba certificada.
IMCO propone
El combate a la pobreza y la desigualdad
requiere más que compensar el ingreso de las familias que lo necesitan. Se
requieren servicios públicos de calidad que rompan con los círculos viciosos
que impiden a la población en desventaja tener mejores condiciones de vida y
ser más próspera. En ese sentido, los gobiernos estatales tienen un rol
fundamental en el acceso de sus habitantes a los servicios básicos, de salud y
educación, debido a que reciben aportaciones federales para ello. Por ello,
tienen una fuerte responsabilidad para lograr una sociedad más incluyente,
preparada y sana.
Inclusión social
Para tener entidades más incluyentes y
competitivas es necesario lograr los mayores rendimientos del presupuesto que
se destina a programas de desarrollo social. También, se deben eliminar las barreras
que le impiden a los grupos vulnerables competir en igualdad de circunstancias.
A continuación, se presentan algunas propuestas del IMCO para alcanzar estos
objetivos:
Contar
con un padrón único de beneficiarios de programas de desarrollo social a
nivel estatal. Para ello, se puede tomar como
ejemplo el Sistema de Información para el Bienestar Social (Sibis) de la Ciudad
de México, el cual concentra, en un solo sitio y con un mismo formato, toda la
información de la política social de la ciudad. Lo ideal sería que este tipo de
padrones evolucionara de modo que utilice registros biométricos y se pueda
conciliar con los registros federales. En un contexto de austeridad, este
esfuerzo es clave para focalizar mejor el gasto social y obtener los mayores
rendimientos en términos de bienestar con esos recursos.
Evaluar los impactos del gasto social, federal y estatal, sobre la inclusión de grupos en desventaja. Para garantizar su desempeño adecuado, es necesario diseñar mecanismos de evaluación, retroalimentación y transparencia de los programas que se han implementado en esta materia.
Robustecer y mantener las políticas para la protección de la
salud de las PCD después de la pandemia de COVID-19. A
finales de abril 2020, se presentó una guía para proteger a las PCD en el
contexto del COVID-19.[1]
En ella se reconoce que esta población tiene formas de comunicación
diferentes, según el tipo de discapacidad, lo cual debe tomarse en cuenta
para implementar medidas diferenciadas para la prevención y el manejo de
esta enfermedad en el hogar, los espacios de internamiento y las
instituciones de salud. Esta guía es un primer paso para que el sector
salud sea más incluyente. Sin embargo, es un esfuerzo que, más allá de la
pandemia, se debería ampliar para otro tipo de enfermedades y fortalecer
con herramientas que faciliten la implementación de medidas diferenciadas.
Garantizar que la educación de
todos los niveles sea cada vez más inclusiva, como lo obliga la
modificación del 2019 al Artículo 3o. Constitucional. Hay
dos vías fundamentales para avanzar en este aspecto:
Destinar más recursos para la capacitación y
contratación de maestros de Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular
(USAER):docentes
especializados en inclusión que apoyan a los maestros de las escuelas para que
puedan adaptar los materiales o sepan cómo interactuar con los niños, niñas, y adolescentes
en las aulas. Asegurarse de que los materiales de las iniciativas de educación
a distancia (como todas las diseñadas durante la emergencia del COVID-19 y
Prepa en Línea) sean accesibles y cuenten, por ejemplo, con intérpretes en
lengua de señas mexicanas. Se debe impulsar que todas las normales del país
tengan más de un curso opcional de educación para la inclusión y que sea parte
de la formación de todos los maestros y maestras.
Utilizar a los organismos estatales de
infraestructura educativa para garantizar la inclusión de criterios de
accesibilidad en la construcción y mantenimiento de los planteles educativos.Ante la distribución de los recursos
para infraestructura directamente a las comunidades escolares, los organismos
estatales de infraestructura educativa deben garantizar que su uso considere
criterios de accesibilidad para maestros y alumnos. Para ello, pueden emitir
directrices que guíen a las comunidades escolares para evaluar la accesibilidad
de su plantel e identificar posibles mejoras a las instalaciones o mobiliario.
Los organismos locales de infraestructura escolar también deben registrar en
fuentes públicas los planteles que cumplan con las condiciones de accesibilidad,
para que esta información sirva para la toma de decisiones de madres y padres
de niños que se enfrentan con barreras para el aprendizaje.
Eliminar
barreras para que más mujeres se sumen al mercado laboral.[2]Contar con más mujeres en el
mercado laboral tiene múltiples beneficios que van desde un mayor crecimiento
del PIB[3]
hasta cambios en la percepción de roles que podrían derivar en arreglos
institucionales orientados a la igualdad de género. Una propuesta para lograrlo
es:
Diagnosticar y atender las causas de los embarazos
adolescentes. Aunque a nivel nacional se ha reducido este problema en los
últimos 20 años, hay entidades como Coahuila, Chiapas y Nayarit en donde las
tasas para 2018 son más altas que el promedio nacional en 2001. Los embarazos adolescentes
limitan la preparación escolar de las mujeres afectadas, así como su inserción
en la vida laboral.
Implementar
prácticas de integración vida-trabajo en las oficinas de los gobiernos
estatales.Estas prácticas pueden ir
desde días personales para resolver trámites hasta esquemas de trabajo en casa,
además permiten que los colaboradores cumplan con sus responsabilidades
laborales sin sacrificar sus necesidades personales.Varios pioneros en
diferentes sectores (privado, Gobierno federal y social) han implementado una
amplia gama de este tipo de prácticas[4]
con buenos resultados en la percepción y permanencia (menores tasas de
rotación) de sus empleados.
Salud
La salud es una pieza angular en el camino
para alcanzar una mayor competitividad, por sus impactos directos sobre la
población, la educación y la productividad.[5]
Por ello, el Gobierno federal ha modificado la Ley General de Salud en aras de
avanzar hacia la provisión universal de servicios de esta naturaleza. Aunque
estas modificaciones implican ciertos cambios en el rol de las entidades en
materia de salud, existen varias acciones que se pueden implementar para lograr
mejores resultados y reducir inequidades. Por ello, el IMCO propone las
siguientes medidas:
Diagnosticar inequidades en salud al interior
de los estados. Los gobiernos estatales pueden jugar un papel clave para
identificar las causas que detonan diferencias en el acceso a los servicios de
salud dentro de su territorio. Esto podría servir como base para que el
Gobierno federal concrete un diagnóstico regional que permita la toma de
decisiones estratégicas en la materia.
Capacitar a médicas y enfermeros con base en
el perfil epidemiológico y las condiciones que se viven en cada estado. Con
ello, podría mejorar la atención, sobre todo primaria, del personal de salud
para prevenir y diagnosticar los padecimientos que más afectan a cada entidad.
También, se debería incentivar la certificación de médicos generales para
elevar la calidad de atención en el primer nivel.
Consolidar una política nacional para mejorar
los datos en salud. Para ello, los gobiernos estatales deben
colaborar con el Gobierno federal, tomando en cuenta los siguientes objetivos:
Desarrollar estadísticas confiables de
resultados y calidad de los servicios de salud estatales. Las
estadísticas deben estar apegadas a criterios internacionales como los del
proyecto de indicadores de calidad de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
Homologar formularios de captura de
información. Los formularios deben ser iguales para todas las clínicas y
hospitales estatales, de manera que se pueda garantizar la comparabilidad de
los indicadores.
Adoptar expedientes clínicos electrónicos. Éstos
permitirán dar un mejor seguimiento y atención de los pacientes, pero también
facilitarán la obtención de datos de interés.
Fortalecer, desde los estados, la atención
primaria del sistema nacional de salud. Los mejores sistemas de salud del
mundo (Gran Bretaña, Noruega y Dinamarca) están concentrando sus esfuerzos en
la atención primaria para evitar el desarrollo de enfermedades, así como las
complicaciones de los padecimientos crónicos.[6]
Esto, además de ser costo-efectivo, eleva la calidad de vida de los pacientes y
de sus familias. Algunas acciones para que los estados materialicen esta
recomendación son:
Incrementar esfuerzos para la detección
temprana de enfermedades crónicas. Por ejemplo, se pueden implementar módulos
de revisión en espacios públicos, que permitan identificar enfermedades como
diabetes o hipertensión.
Promover estilos de vida más saludables. Las
entidades pueden diseñar e implementar campañas de comunicación y eventos
especiales relacionados con estilos de vida más sanos, cuyo objetivo final sea
prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas.
Identificar aquellas escuelas públicas que
cuentan con bebederos funcionales. Con base en esta información, se
debe contar con un plan para continuar con la instalación y mantenimiento de
bebederos.
Implementar acciones para fomentar la donación
de células, tejidos y órganos en los hospitales estatales. Estas no
solo elevan la calidad de vida de los pacientes afectados por padecimientos
como falla renal, sino que también optimizan el uso del presupuesto que se destina
para el tratamiento de dichas enfermedades. Los gobiernos estatales pueden
diseñar acciones al interior de sus unidades médicas, similares a los esfuerzos
que ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para aumentar las
tasas de donación cadavérica. Entre estas acciones se incluyen la capacitación
de personal para solicitar en tiempo óptimo los órganos de pacientes con muerte
encefálica, mayor sensibilización a los familiares de posibles candidatos e
identificar y corregir barreras para que los órganos lleguen a sus receptores.
Educación
Para lograr una sociedad más incluyente y
preparada, es indispensable elevar la calidad de los aprendizajes que el
sistema educativo contribuye a desarrollar en niñas, niños y jóvenes. Los retos
en materia educativa dependen del cumplimiento coordinado de las
responsabilidades de las autoridades federales, estatales y escolares, en sus
respectivos ámbitos de competencia. Un área de oportunidad importante para los
gobiernos estatales es asumir su responsabilidad como un agente de cambio
protagonista en el sistema educativo. Entre las acciones urgentes que requieren
del involucramiento específico de las entidades federativas se incluyen:
Establecer programas de reconocimientos y
estímulos profesionales para los docentes y directores que trabajen en zonas de
alta marginación o en áreas rurales. Con el fin de propiciar mayor
equidad dentro del sistema educativo, es necesario atraer y retener al personal
docente y directivo para atender a las poblaciones más vulnerables social,
geográfica y económicamente. Sin un piso más parejo en la calidad de los
servicios educativos públicos no habrá manera de cerrar las brechas de
aprendizaje que existen entre los sectores de la población.
Implementar mecanismos que faciliten y den
seguimiento al cumplimiento de la responsabilidad de los directores,
supervisores y jefes de zona de registrar oportunamente las plazas vacantes en
los centros escolares. Con el objetivo de posibilitar el uso eficaz
y transparente del presupuesto de la nómina educativa, todas las plazas
vacantes que se generen en las escuelas deben registrarse ante las autoridades
estatales, de manera que su asignación pueda realizarse mediante los procesos
que marca la ley. Para asegurarse que ninguna plaza se llene mediante otras
vías, las entidades deben facilitar a las escuelas el cubrir con su obligación,
al tiempo que detecten posibles incumplimientos y tomen medidas correctivas.
Realizar eventos públicos de asignación de
plazas docentes, directivas y de supervisión. El involucramiento de más sectores
de la población es necesario para dar certidumbre a la imparcialidad y justicia
de los procesos de ingreso y promoción al servicio docente. Para facilitar la
participación social, la asignación de plazas debe realizarse en eventos
públicos, transparentes y que presenten información completa, confiable y
actualizada sobre las plazas vacantes, los resultados de la valoración de los
aspirantes y la asignación resultante. Estos eventos deben contemplar la participación
de todos los integrantes de las comunidades escolares, los sistemas
anticorrupción, la sociedad civil y otros actores interesados.
Cumplir con la responsabilidad estatal de
formar y acompañar a los docentes en su trayectoria profesional. La
planificación de la oferta de formación inicial y continua debe realizarse
usando los resultados de las evaluaciones diagnósticas de los docentes y los alumnos
como evidencia, para asegurar su pertinencia y utilidad. Las propuestas de
criterios e indicadores que realizan los estados a la federación, respecto a
los estándares que los docentes y directivos deben alcanzar, deben estar
alineados con la formación y acompañamiento al que tienen acceso efectivo los
docentes. No es justo exigir a los docentes en aspectos en los que no se les
formó ni se les apoyó para capacitarse.
Fortalecer los sistemas estatales de
información y datos del sistema educativo. Para que los sistemas estatales de
información centralicen los procesos de recolección de información y reduzcan las
cargas administrativas es necesario continuar su fortalecimiento técnico y
operativo, así como su vinculación con las plataformas federales análogas. Los
datos que estos sistemas generan son un insumo crucial para la planeación, la
toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas, por lo que deben ser
accesibles al público de manera oportuna y en formatos abiertos.
Generar y publicar información oportuna,
confiable y sistemática sobre la infraestructura, equipamiento y mantenimiento
de los planteles escolares. Contar con diagnósticos del estado real de
la infraestructura educativa es fundamental para posibilitar una planeación
eficaz, transparente y equitativa de los recursos disponibles. Estos datos también
son evidencia necesaria para los procesos de evaluación y rendición de cuentas
de las políticas de infraestructura educativa.
Establecer sistemas efectivos de comunicación
con todos los integrantes de las comunidades escolares. Los
mecanismos de comunicación dentro de las comunidades escolares deben hacer uso
tanto de innovaciones tecnológicas como de alternativas accesibles para
poblaciones con acceso digital restringido. Su diseño debe permitir que los padres
de familia y maestros puedan interactuar, presentar y dar seguimiento a comentarios,
quejas o denuncias respecto del servicio educativo, así como difundir y
facilitar el procesamiento de documentos y trámites escolares.
El subíndice Sistema
político estable y funcional (Sistema político) mide la calidad de
los sistemas políticos estatales. Un sistema político incluyente y democrático
es un bien público en sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la
creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor
participación ciudadana y rendición de cuentas. En este sentido, el subíndice
analizado incorpora indicadores sobre la incidencia
y percepción de corrupción, la participación, la competencia electoral y las libertades
civiles.
La mejor entidad (2018)
Colima
En 2018, Colima alcanzó el
primer lugar en este subíndice ya
que se ubicó dentro de las primeras 10
posiciones en seis de los 10 indicadores analizados. Resalta por ser el estado
con la menor incidencia de corrupción en 2018, al reportar 12 mil 601 actos de
corrupción de servidores públicos por cada 100 mil habitantes (la mitad que el
promedio estatal de 25 mil 179 actos). A pesar de que cerca del 83% de la
población adulta consideró que las prácticas corruptas en los partidos
políticos fueron frecuentes y muy frecuentes, fue el segundo estado con la
menor percepción de corrupción en partidos políticos, pues el promedio en el
resto del país fue del 89%. Además, fue una de las ocho entidades que reconoció
en su legislación el matrimonio igualitario.
Contrario a su buen
desempeño en la mayoría de los indicadores de este subíndice, fue una de las 11 entidades del país que
impuso las mayores barreras a los candidatos independientes al cargo de gobernador
del estado respecto al número de firmas requeridas para poder registrar sus
candidaturas (el 3% de la lista nominal): 2.75 puntos porcentuales más que la
mejor entidad en este indicador (Chiapas).
La peor entidad (2018)
Sonora
El desempeño de esta
entidad durante 2018 la ubicó en la última
posición en este subíndice. En términos relativos, obtuvo el peor resultado en cuatro de los 10
indicadores que componen el subíndice. Fue el estado con la mayor
incidencia en corrupción al reportar 61 mil 652 actos de corrupción por cada
100 mil habitantes (2.4 veces más que el promedio) y la menor participación
ciudadana en las elecciones federales de 2018 con una votación del 52% de los
ciudadanos registrados en la lista nominal.
Al igual que otras 23
entidades del país, no consideró la figura del matrimonio igualitario en su
legislación local. Junto con otros 10 estados, impuso las mayores barreras a
candidatos independientes al puesto de gobernador, al requerir para su registro
un número de firmas equivalente al 3% de la lista nominal de la entidad.
Resultados del subíndice(2016-2018)
Gráfica IV.1 Posiciones y cambios del subíndice Sistema político
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa IV.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sistema político
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador(2016-2018)
Tabla IV.1 Resultados generales por indicador del subíndice Sistema político
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Percepción de
corrupción estatal
En promedio,
en 2017 el 89% de la población adulta que
habitaba en zonas urbanas del país percibió como frecuentes y muy frecuentes las
prácticas corruptas en el gobierno de su estado: nueve puntos porcentuales
más que la proporción observada en 2011 (80%).
En la CDMX el 96% de la población mayor de edad percibió
como frecuentes y muy frecuentes las prácticas de corrupción en la entidad
durante 2017. En cambio, en Yucatán la percepción de corrupción en el estado
solo la compartió el 75% de las personas de 18 años y más.
Consulta de
información de finanzas públicas
Durante 2017, menos del 22% de la población adulta en las
distintas entidades federativas consultó las páginas de internet del Gobierno
(federal, estatal o municipal) para conocer información sobre los programas que
realiza o el uso de los recursos y el dinero público.
Barreras a
candidatos independientes
Mientras que en 11 entidades se requirió un número de
firmas equivalente al 3% de la lista nominal de cada entidad para que los candidatos independientes pudieran
registrar sus candidaturas al puesto de gobernador
en 2018, en Chiapas únicamente se necesitó del 0.25%.
Matrimonio
igualitario
En 2016 solo ocho entidades reconocían en su legislación
local el matrimonio igualitario: Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Quintana Roo y la CDMX. Desde entonces y hasta 2018 esta
cifra no ha aumentado.
Agresiones a
periodistas
En 2018 se registraron 542 agresiones a periodistas en el país.
Las cinco entidades en donde fue más peligroso ejercer la libertad de prensa
fueron Veracruz (57), Coahuila (47), Puebla (45), la CDMX (40) y Oaxaca (39) al
concentrar el 42% del total de agresiones.
Durango fue la única
entidad federativa del país que no registró
agresiones a periodistas durante 2018.
Imco propone
Un sistema político democrático y con
contrapesos es clave para un México competitivo. En el presente subíndice se
desarrolla un conjunto de propuestas que buscan impulsar la competitividad y
efectividad de los gobiernos estatales, a partir de mecanismos que también
inciden en el mejoramiento de la participación y percepción ciudadana. A
continuación, se presentan las recomendaciones:
Crear oficinas de presupuestos en los
congresos. Los poderes legislativos locales cuentan con obligaciones
importantes en materia de finanzas públicas. Específicamente, tienen a su cargo
funciones presupuestarias, de monitoreo y revisión. Deben autorizar la contratación
de deuda pública, previo a un análisis de capacidad de pago, así como la
ejecución de proyectos de prestación de servicios; analizar y aprobar las leyes
de ingresos y los presupuestos de egresos, además de establecer y legislar las
contribuciones fiscales en su entidad federativa.
A pesar de
estas responsabilidades, los legisladores carecen de instrumentos que les permitan
llevar a cabo estas funciones de manera correcta. Por ello, los poderes
ejecutivos locales en el ciclo de las finanzas públicas han ejercido sus
funciones de manera discrecional, sin supervisión y, en la mayoría de los casos,
con irresponsabilidad y sin información.
Ante estas
deficiencias, es necesaria la creación de oficinas de presupuestos
profesionales, independientes, técnicas y apartidistas que supervisen el manejo
de las finanzas por parte de los gobiernos estatales y que brinden los insumos
necesarios a los legisladores para una toma de decisiones más informada.
Robustecer la función presupuestaria de los
poderes legislativos locales. A través del IIEG, el IMCO ha documentado la
mala planeación de los recursos públicos: una subestimación de ingresos, un sobreejercicio
de recursos y variaciones injustificadas entre lo aprobado y lo ejercido.
Esta mala
planeación se refleja en una pérdida de credibilidad de los presupuestos de
egresos y fomenta la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas por
parte de los gobernadores.
Para
reducir el uso discrecional e injustificado del gasto público, deben
incorporarse límites a las variaciones del gasto en los marcos normativos de
las entidades federativas, incluyendo casos específicos en los que se requiera
la autorización de la legislatura local. De igual forma, es necesaria la
vinculación real entre los resultados de las evaluaciones de impacto y la
asignación de recursos en los ejercicios fiscales siguientes.
Prohibir el gasto en ayudas sociales en las
legislaturas estatales.En los últimos años, el IMCO ha
documentado, a través del Informe
Legislativo, la mala práctica de los congresos locales de ejercer recursos
públicos en funciones que no les corresponden. En tan solo tres años
(2016-2018), los órganos legislativos reportaron un gasto en este concepto
superior a los 5 mil millones de pesos.[1]
Estos recursos fueron ejercidos discrecionalmente por los legisladores y
destinados a ayudas sociales y otros conceptos.
El acceder
a recursos sin un fin específico o sin reglas de operación es una mala
práctica, misma que se agrava cuando genera una competencia electoral
inequitativa entre candidatos sin cargos públicos. El riesgo de corrupción se
eleva cuando los legisladores buscan la reelección, pues estos últimos disponen
de una cantidad de recursos públicos para propósitos sociales que pueden
favorecer sustancialmente su candidatura en el proceso electoral.
Para
garantizar elecciones justas y equitativas, la legislación estatal debe
prohibir expresamente el ejercicio de recursos públicos en lassedesoles legislativas o ayudas
sociales de los congresos y de cualquier otro concepto que le permita a los
legisladores la entrega a la población de dinero en efectivo o en especie.
Establecer la segunda vuelta en las elecciones
de gobernador. Desde 2001 han existido 103 comicios en los que se ha elegido al
titular del Poder Ejecutivo local. Hasta 2012, en el 42% de las elecciones, el
candidato ganador obtuvo más del 50% de los votos emitidos. Sin embargo, desde
2013 se han celebrado 37 elecciones a gobernador, pero en 15 de ellas la
candidatura ganadora no superó el 40% de los votos emitidos y solo en cuatro
obtuvo más de la mitad de los votos.[2]
Si bien,
resulta positivo que en los estados la competencia electoral se haya acentuado,
esto tiene como consecuencia que existan gobernadores electos con menos de una
tercera parte de los votos.[3]
Establecer
la segunda vuelta electoral dotaría de mayor legitimidad al candidato ganador y
podría reducir los conflictos post electorales al tener candidatos con el
respaldo de la mayoría de los electores. Para esto, es necesario que las
legislaturas locales aprueben reformas a sus constituciones locales para que,
en el caso de que ningún candidato a gobernador o jefe de gobierno alcance un
porcentaje superior al 50% de los votos, se convoque a una nueva elección entre
los dos candidatos más votados.
Esto puede
encarecer los procesos electorales, pero también pueden establecerse
excepciones como sucede en otros sistemas. Por ejemplo, no sería necesario
convocar a una segunda vuelta cuando la candidatura más votada obtenga al menos
el 40% de los votos y exista una diferencia superior a 10 puntos porcentuales
respecto a la candidatura que quede en segundo lugar.
Disminuir el financiamiento a los partidos
políticos. Además del financiamiento federal que reciben los partidos
políticos, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) también les
asignan recursos públicos a nivel estatal.
En 2019,
el financiamiento público estatal para los partidos políticos fue superior a
los 4 mil 500 millones de pesos[4]
(a pesar de que solo en cinco estados se celebraron elecciones locales).[5]
Esta cifra no es menor si se considera que el gasto en subsidios para el
programa federal de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras fue
de 3 mil 556 millones de pesos en 2018.[6]
Es
necesario que las legislaturas de las entidades federativas reformen sus leyes
electorales para cambiar las fórmulas de financiamiento público de los partidos
políticos a nivel estatal y redireccionar el gasto público hacia las
prioridades del estado. Esta reforma electoral ya sucedió en Jalisco y los
cambios son evidentes. Al comparar dos años no electorales, la diferencia
presupuestal es notable: en 2016, las prerrogativas a partidos políticos en
Jalisco fueron de 260.7 millones de pesos, mientras que en 2019 fueron de 99.6
millones de pesos.[7]
Los 161 millones de diferencia podrían cubrir en un 83% el gasto del programa
de estancias infantiles en Jalisco.[8]
Reducir el porcentaje de firmas para
candidaturas independientes en las entidades federativas. Si bien,
la legislación electoral de las 32 entidades federativas prevé que los
ciudadanos pueden postularse a cargos de elección popular de manera
independiente a los partidos políticos, aún persisten disposiciones legales que
vuelven imposible ejercer este derecho.
Las reglas
de las candidaturas independientes están delegadas a los órganos legislativos
locales, por lo que hay una diversidad de criterios según el estado del que se
trate. En este sentido, los legisladores locales deben modificar las leyes en
esta materia para eliminar o modificar aquellos principios que dificultan el
derecho a ser votado a través de esta figura.
Las
entidades federativas que, comparadas con el promedio, tengan un periodo
reducido de tiempo para la recolección de firmas, exijan determinada cobertura
territorial, o sea necesario un porcentaje superior a lo solicitado a nivel
federal[9]
deberán ajustar su marco normativo para facilitar la participación de
ciudadanos apartidistas en los procesos electorales.
Prohibir el dinero en efectivo en las campañas
electorales. El dinero en efectivo es el mejor vehículo para desarrollar
campañas electorales fuera de la legalidad: facilita el desvío de recursos
públicos para estos fines, favorece la intromisión de recursos de procedencia
ilícita, dificulta su rastreo y fiscalización, y complica comprobar el destino
de los gastos de campaña.
Las leyes
electorales deben prever que las erogaciones derivadas de cualquier tipo de
gasto de campaña, y en general cualquier gasto que ejerzan los partidos
políticos, se efectúe únicamente por medio de depósitos o transferencias, lo
que permite auditorías más eficaces. Además de reducir enormes espacios de
ilegalidad en las campañas electorales, eliminar el uso de efectivo puede
propiciar una competencia electoral más equitativa, pues aquellas candidaturas
que actualmente se apegan a la ley en términos de gastos de campaña están en
desventaja frente aquellas que no lo hacen.
[1] Elaborado por el IMCOcon
información del Informe Legislativo
(varios años).
[2] Elaborado por el IMCO con información de los institutos electorales
locales.
[4] Presupuestos de egresos de las entidades federativas, 2019.
[5] Además del financiamiento público estatal que reciben los partidos
políticos, cuando hay renovación de poderes en la entidad federativa se les
asignan recursos para gastos de campaña equivalente a un 30-50% de su
financiamiento ordinario.
[7] Presupuesto de egresos del estado de Jalisco, 2016 y 2019.
[8] Solicitud de información. En 2018, se devengaron 192.1 millones de
pesos en subsidios de este programa en Jalisco.
[9] Para la candidatura independiente para el cargo del Poder Ejecutivo
federal es necesario al menos el 1% de la lista nominal, a nivel estatal solo
cinco entidades exigen un porcentaje igual o menor.
El
subíndice Gobiernos eficientes y
eficaces (Gobiernos) mide la forma en la que los gobiernos estatales son
capaces de influir positivamente en la competitividad de sus entidades. Entre
las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas
públicas que fomentan el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice
incluye indicadores relacionados con la promoción
del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, considera
indicadores sobre la capacidad de los
gobiernos para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus
finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.
La mejor entidad (2018)
Querétaro
Por
segundo año consecutivo, Querétaro obtuvo el primer lugar en este subíndice. Se ubicó en las primeras cinco posiciones en tres de los
nueve indicadores analizados. Fue la entidad con el mayor acercamiento con
la ciudadanía por medios electrónicos, pues el 41% de los adultos interactuó
con el Gobierno a través de estos medios (14 puntos porcentuales más que el
promedio). Además, fue la segunda entidad con la mayor facilidad para registrar
una propiedad y la quinta para abrir una empresa.
Sin
embargo, a pesar de su buen desempeño en la mayoría de los indicadores,
Querétaro tuvo un rendimiento desfavorable,
en comparación al promedio, en dos de ellos: hogares que se surten de agua por pipa y accesibilidad para silla de
ruedas. En dichos indicadores se ubicó en las posiciones 22 y 14,
respectivamente.
La peor entidad (2018)
Guerrero
Desde
2013, Guerrero presenta el peor
desempeño en este subíndice. Su resultado en 2018 se debe a que la entidad
ocupó el antepenúltimo o último lugar en
siete de los nueve indicadores analizados. Se ubicó en la posición 30 en
transparencia presupuestaria, de acuerdo con el IIPE. Asimismo, obtuvo esta
misma posición en los indicadores de hogares que se surten de agua por pipa (el
5% de los hogares accedió a agua a través de este mecanismo), informalidad
laboral (el 78% de la población ocupada se encontró en esta condición) e
interacción con el Gobierno por medios electrónicos (solo el 21% de los adultos
interactuó con el Gobierno estatal por esta vía).
A su
vez, ocupó la última posición en los indicadores de ingresos propios, al
generar por cuenta propia solo el 2.4% de sus ingresos totales, accesibilidad
en silla de ruedas (únicamente el 3.2% de las manzanas en zonas urbanas fue
accesible para personas en silla de ruedas) y registro de la propiedad.
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica V.1 Posiciones y cambios del subíndice Gobiernos
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa V.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Gobiernos
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla V.1 Resultados generales por indicador del subíndice Gobiernos
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Interacción con el Gobierno por medios electrónicos
En promedio, en 2017, el 27% de los adultos que habitaba en zonas urbanas interactuó al menos una vez con su Gobierno estatal por medios electrónicos. En Querétaro esta proporción fue del 41%, mientras que en Guanajuato fue de apenas del 18%.
Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE)
En 2017 las entidades de Baja California, Coahuila, Colima,
Chihuahua, Jalisco y Puebla, obtuvieron el primer lugar en el IIPE al
cumplir el total de los criterios evaluados en materia de calidad de la
información de sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos.
Ingresos
propios
En 2018, la CDMX generó por sí misma el 41% de sus
ingresos vía impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones
de mejoras. Esto representa 22 puntos porcentuales más que la segunda mejor
entidad en este indicador: Chihuahua (19%).
En 2018, las entidades
con mayor dependencia de las
transferencias del Gobierno federal y la contratación de deuda al generar
por cuenta propia menos del 5% de sus ingresos totales fueron Morelos (4.9%), Veracruz (4.9%), Nayarit
(4.7%) y Guerrero (2.4%).
Apertura
de una empresa
En 2016, Nuevo León fue la entidad con la mayor
facilidad para abrir una empresa en términos del número de trámites,
tiempos, costos y requisitos de capital mínimo pagado. Por el contrario,
Quintana Roo fue el estado con la mayor dificultad para abrir un negocio.
Accesibilidad
para silla de ruedas
En 2014 solamente el 16% de las manzanas en las zonas urbanas
del país tenían rampas en alguna o todas sus vialidades circundantes para
permitir el acceso y movilidad de personas en silla de ruedas. En ninguna
entidad esta proporción superó el 47%.
Informalidad
laboral
En 2018 el 81% de la población ocupada en el estado
de Oaxaca estaba en condición de informalidad, mientras que en las demás
entidades dicha proporción fue del 56%, en promedio.
IMCO Propone
Las
actividades económicas de las y los ciudadanos, así como de las empresas, no
suceden en un vacío, sino que se ven afectadas por las acciones y regulaciones
del Gobierno. La presencia o ausencia de políticas públicas destinadas a
fomentar el desarrollo económico influye en la competitividad de los estados,
la cual se ve beneficiada cuando el Gobierno es capaz de generar condiciones
óptimas para el desarrollo económico al eliminar las barreras en la inversión y
hacer negocios, garantizar un entorno libre de corrupción, realizar inversiones
públicas de calidad y facilitar la interacción con sus ciudadanos mediante la
innovación y uso de tecnologías.
Compras y obras públicas
Ligar la planeación de la obra pública
estatal a los objetivos y prioridades establecidos en el PED. La obra pública realizada por los
gobiernos estatales debe ser independiente del ciclo político, por lo que
también debe considerar los Planes Sectoriales y Regionales, así como las
necesidades de la ciudadanía a largo plazo.
Promover la libre competencia en los
procesos de compra y obra pública. Es fundamental asegurar que todos los
posibles proveedores se encuentren en igualdad de condiciones para
participar y competir. De esta manera, los gobiernos reciben propuestas
más solventes y de mayor calidad ya que, al tener que competir con otras
empresas, la probabilidad de presentar una propuesta asequible y
competitiva es mayor.
Identificar y sustentar la necesidad y
viabilidad de todas las compras.Es
importante reconocer el bien o servicio que se desea adquirir según una
evaluación de las carencias de la dependencia de gobierno correspondiente.
De igual forma, debe realizarse el análisis de impacto social y ambiental,
así como un plan de adquisiciones alineado a las estrategias y acciones
que se deben llevar a cabo.
Priorizar las licitaciones públicas en las
compras del Gobierno.
Mejorar los procesos de planeación, monitoreo, seguimiento y contratación
de las compras públicas con especial énfasis en la disminución del uso de
adjudicaciones directas.
Justificar de manera rigurosa el fundamento
legal de excepción a una licitación pública. Es importante generar y publicar el
dictamen de excepción en el que se explique por qué se realizó un proceso
de excepción, adjudicación directa o invitación restringida, en vez de un
proceso competido.
Uso de plataformas de compras públicas que
promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, el control y la
vigilancia en las compras públicas estatales.El
desarrollo y aplicación de herramientas para monitorear toda la
información pública es fundamental para identificar las etapas, las fallas
y las posibles soluciones. Estos medios pueden ser plataformas
electrónicas que incluyan la planeación, conducción y monitoreo de las
compras públicas de forma abierta y en tiempo real.
Transparentar y actualizar los documentos de una compra pública. Para facilitar la detección de riesgos en un proceso de compra pública, es necesario que las dependencias del Gobierno transparenten, al menos, los siguientes documentos:
Dictamen de excepción
Análisis o investigación de mercado
Convocatoria y/o invitación para participar en el proceso
Bases y catálogo de conceptos
Anexo técnico
Acta de apertura de propuestas
Dictamen del fallo de adjudicación
Contrato
Oficio de suficiencia presupuestal
Finiquito
Facilidad para invertir y hacer negocios en el entorno estatal
Promover el desarrollo y uso de herramientas
electrónicas para la simplificación, monitoreo y gestión de procesos
estatales y municipales. Esto debe basarse en los principios de
Gobierno Abierto: transparencia y acceso a la información, rendición de
cuentas, participación ciudadana y uso de tecnología e innovación. Específicamente
se propone:
Generar y utilizar herramientas electrónicas para
reducir espacios de discrecionalidad entre el Gobierno y la ciudadanía. Incorporar el uso de nuevas tecnologías e
impulsar el uso de datos y herramientas electrónicas elimina los espacios de
interacción entre la ciudadanía y las autoridades, lo que permite minimizar las
oportunidades para realizar actos de corrupción como la extorsión o el soborno.
Fomentar la apertura y uso de los datos públicos. El uso
de la información pública
debe ser accionable y útil. Por lo tanto, es fundamental promover el
desarrollo de portales de datos abiertos para la ciudadanía. De igual forma,
crear los incentivos adecuados para que las dependencias del gobierno
incorporen la información generada en sus estrategias y rutas de acción.
Promover la transparencia y simplificación de
trámites. Reducir la carga regulatoria que
impide el crecimiento económico, la apertura de empresas y la productividad.
Para esto, es necesario eliminar los trámites y requisitos excesivos,
simplificar el proceso para realizarlos y garantizar que los beneficios de las
regulaciones propuestas sean mayores que sus costos.
Generar políticas de creación de empleos formales. La simplificación regulatoria a través del pago
de impuestos en línea y los incentivos al primer empleo formal son pasos
importantes para el desarrollo económico y el impulso a la productividad de las
empresas mexicanas.
Publicar información sobre las ventajas
competitivas del estado para brindar mayor información y certidumbre a
potenciales inversionistas. El
entorno geográfico, político, económico, regulatorio, social y de seguridad,
influye en el costo y flexibilidad para hacer negocios. Por lo tanto, es
importante que los gobiernos estatales generen información sobre estos temas,
la compilen y publiquen de manera que sea accesible a las personas y socios
comerciales.
Interacción con el Gobierno por medios electrónicos
Implementar herramientas tecnológicas que
promuevan la participación e inclusión ciudadana. Es importante reconocer los esfuerzos de
la sociedad civil y los gobiernos estatales que han invertido en
tecnologías para el monitoreo de los recursos, compras públicas y
proyectos de infraestructura. Sin embargo, estas plataformas electrónicas
deben contar con información accionable, útil y de valor público, así como
un seguimiento por parte de las autoridades.
Eliminar la hoja de papel y generar bases de
datos estructuradas.
El uso y análisis de los datos estructurados puede ser un gran insumo para
el diseño y elaboración de propuestas de política pública, especialmente para
aquellas acciones con un enfoque de prevención, detección y sanción de
prácticas de corrupción.
Promover la transparencia presupuestaria. Es esencial contar con información
suficiente que permita conocer los planes y acciones del Gobierno en
materia presupuestaria. De esta forma, es posible identificar cómo se
elabora el presupuesto, a dónde va el dinero y cómo fue ejercido.
Gobiernos inclusivos
Incluir en las administraciones estatales una instancia
dedicada a incorporar la perspectiva de discapacidad de forma transversal
en la toma de decisiones. A pesar de que a nivel federal se otorga una pensión para
las PCD, esto no genera oportunidades (en el mercado laboral, en la
planeación de ciudades o en educación, entre otros) para quienes tienen
esta condición. Por ello, las entidades deben poseer instancias
especializadas para diseñar políticas públicas destinadas a esta población
y ofrecer recomendaciones a todas las áreas del Gobierno para que
incorporen las necesidades de estos grupos de manera transversal. Además,
esta instancia debe contar con el presupuesto suficiente para lograr un
impacto y tener continuidad entre administraciones. Un ejemplo a nivel local
es el Ingudis, que en 2020 tuvo un presupuesto 168% mayor[1]
al del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas
con Discapacidad (Conadis).
[1] En 2020, el presupuesto del Conadis fue de
33,559,804 pesos, mientras que el del Ingudis ascendió a 89,856,744 pesos.
El subíndice Mercado de factores eficiente (Mercado de factores)
mide la eficiencia del trabajo, uno de los principales factores de la producción.
La eficiencia del mercado laboral en México depende de condiciones como la distribución del ingreso y la igualdad
salarial, así como del desarrollo de capacidades y conocimientos a través de
capacitaciones y el desarrollo del sector educativo. Estos elementos determinan
el nivel de competitividad laboral y generan condiciones para la atracción y
retención de talento e inversión.
La mejor entidad (2018)
Querétaro
Querétaro obtuvo el primer lugar en este subíndice por
cuarto año consecutivo, al colocarse en las primeras 10 posiciones en cinco de los ocho indicadores que lo
integran. Destacó particularmente en dos de ellos: población foránea con
educación superior y desigualdad salarial. En relación con el primer indicador,
Querétaro fue la segunda entidad más atractiva del país para la población con
educación superior, pues cuatro de cada
10 personas foráneas que habitaban en la entidad en 2018 contaban con este
nivel académico. En cuanto al segundo indicador, fue la segunda entidad
con la menor desigualdad salarial: por
cada persona que ganó dos o más salarios mínimos al mes hubo 0.45 que ganaron
menos de dos salarios mínimos mensuales (0.77 menos que el promedio nacional).
Sin
embargo, contrario a su buen desempeño en la mayoría de los indicadores del
subíndice, esta entidad ocupó la posición 25 en el indicador de eficiencia
terminal en secundaria (84%).
La peor entidad (2018)
Chiapas
Desde 2001 Chiapas ha tenido el
desempeño más bajo en este subíndice. En 2018 se ubicó en la última
posición en la mitad de los ocho indicadores que lo integran. Fue la
entidad en la que los trabajadores de tiempo completo percibieron el menor
ingreso promedio: 4 mil 311 pesos al mes (casi 2 mil 500 pesos menos que el
promedio nacional). También fue el estado con la mayor desigualdad salarial, pues
por cada persona que ganó dos o más salarios mínimos al mes hubo cerca de cuatro
que ganaron menos de dos salarios mínimos mensuales.
A su vez, tuvo la menor
absorción en educación superior (33%) y la mayor proporción de personas que
trabajaron y recibieron ingresos por debajo de la línea de bienestar (22% de su
población económicamente activa). Por el contrario, el indicador en el que
mejor se posicionó (lugar 11) fue el de población foránea con educación
superior (30%).
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica VI.1 Posiciones y cambios del subíndice Mercado de factores
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa VI.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Mercado de factores
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla VI.1 Resultados generales por indicador del subíndice Mercado de factores
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Ingreso promedio
de trabajadores de tiempo completo
En
promedio, el ingreso mensual de los trabajadores de tiempo completo en las
entidades federativas aumentó un 10% entre 2016 y 2018, al pasar de 6 mil 202
a 6 mil 806 pesos al mes. En dicho lapso, el ingreso promedio mensual en San
Luis Potosí fue el que más creció (16%).
Aunque
en los últimos 10 años (2008-2018) el ingreso promedio mensual de los
trabajadores de tiempo completo en Chiapas creció un 43%, al pasar de 3 mil
13 pesos a 4 mil 311 pesos, en 2018 dicho ingreso fue el menor del país: estuvo
un 37% por debajo de la media nacional.
Desigualdad salarial
En
los últimos 10 años (2008-2018), la desigualdad salarial promedio en México se
incrementó. Mientras que en 2008 por cada persona que ganaba dos o más salarios
mínimos al mes había un 0.8 que ganaban menos de dos salarios, en 2018 esta
proporción aumentó a 1.2 personas.
En
15 entidades federativas el número de personas que ganaron dos o más
salarios mínimos al mes, durante 2018, fue superior al de las personas
que ganaron menos de dos salarios mínimos.
Chiapas fue el
estado con la mayor desigualdad en 2018: por cada persona que ganó dos o más salarios
mínimos al mes hubo casi cuatro que ganaron menos de dos salarios mínimos
mensuales.
Personas con
ingresos por debajo de la línea de bienestar
En
2018 los estados con el mayor porcentaje de la población económicamente
activa con ingresos por debajo de la línea de pobreza fueron Chiapas (22%),
Oaxaca (14%), Guerrero (9%) y Campeche (8%).
Eficiencia
terminal en secundaria
Entre
2014 y 2018 la eficiencia terminal en secundaria se mantuvo prácticamente igual
al pasar de un promedio del 85.5% al 86.1%. No obstante, en algunas entidades
hubo cambios significativos: en Michoacán cayó 13 puntos porcentuales (del 90%
al 77%) y en Morelos creció nueve puntos (del 78% al 87%).
Eficiencia
terminal en preparatoria
En
promedio, desde hace 10 años (2008-2018), la tasa de eficiencia terminal en
secundaria (85%) en el país ha sido alrededor de 20 puntos porcentuales
superior a la tasa de eficiencia terminal en preparatoria (64%).
Entre
2014 y 2018 la eficiencia terminal en preparatoria se redujo al pasar de un
promedio del 67% al 65%. Durante este periodo destaca una caída significativa
(en puntos porcentuales) en tres entidades: CDMX (-19), Jalisco (-16) y Morelos
(-13).
Absorción en
educación superior
En
2018 las entidades con la mayor absorción en educación superior fueron
Aguascalientes (107%), Sonora (103%) y Sinaloa (100%) con tasas superiores
al 100%. Dicho fenómeno se explica por la atracción de estudiantes foráneos.
En 18
años la absorción en educación superior
en Chiapas se redujo significativamente. Mientras que en 2001 el 53% de los
estudiantes que terminaron la preparatoria (en ese año) se incorporaron a la
educación superior, en 2018 solamente el 33% lo hizo.
En
el transcurso de 10 años (2008-2018) la tasa promedio de absorción en
educación superior en el país se redujo siete puntos porcentuales al pasar del 82%, en 2008, al
75% en 2018. Durante este periodo la tasa de absorción disminuyó en 22 de las
32 entidades federativas.
Población foránea
con educación superior
Desde
2005, Yucatán y Querétaro han sido las entidades más atractivas para la
población foránea con educación superior. En 2018, cuatro de cada 10 personas
foráneas que habitaban en dichas entidades contaban con ese nivel educativo.
Capacitación laboral
En
2018 los estados con la mayor proporción de trabajadores que recibieron
capacitación laboral en ese año (como porcentaje de la PEA) fueron Sinaloa
(10.7%), Hidalgo (8.6%) y Campeche (8.5%).
Imco propone
La eficiencia y productividad de la fuerza
laboral determina los niveles de competitividad y prosperidad de las sociedades
y economías locales. Uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico
regional es el desempeño del mercado laboral. La capacitación y el desarrollo
del capital humano elevan la productividad e ingresos de las personas que
trabajan. La justicia laboral ofrece certeza a las relaciones de trabajo,
mientras que una mayor participación de las mujeres en la economía genera
inclusión y desarrollo. Con el objetivo de promover un mejor desempeño de los
mercados laborales a nivel estatal, el IMCO propone lo siguiente:
Vinculación educativa con el mercado laboral
Incrementar
la información pública sobre las expectativas de empleabilidad, rentabilidad,
formalidad y salarios de ocupaciones y carreras universitarias. Esta información permitirá a los jóvenes conocer las expectativas
laborales de las distintas opciones de educación superior. Plataformas como Compara
Carreras[1]
ayudan a los estudiantes a tomar mejores decisiones sobre los prospectos
económicos y laborales de aproximadamente 100 carreras universitarias y
técnicas, además de brindar información sobre la oferta educativa existente
desde bachillerato hasta licenciatura.
Recabar y publicar estadísticas de seguimiento
de egresados de todas las instituciones estatales de educación técnica,
superior y capacitación para el trabajo. Es necesario elaborar indicadores de
empleabilidad de manera anual y obligatoria mediante encuestas. Además, su
publicación debe realizarse por medio de un sistema integral, homologado y de
acceso público. La falta de indicadores públicos de calidad en el sector de
educación técnica y superior dificulta que los estudiantes, las organizaciones
educativas y las autoridades tomen mejores decisiones respecto a las
inversiones en capital humano y permiten la proliferación de escuelas de baja
calidad.
Vincular la educación técnica y superior con
las necesidades del sector productivo. La oferta de educación técnica debe
ser pertinente para elevar los prospectos laborales de los jóvenes y necesita
responder a las necesidades particulares de cada región del país. La
colaboración institucional tripartita debe actualizar e innovar planes de
estudio para asegurar que los egresados técnicos y universitarios adquieran las
habilidades que buscan los empleadores de su sector. Para ello, también es
necesario definir y priorizar planes de
estudio en educación media superior, superior y capacitación para el trabajo
con base en las habilidades productivas y sociales más demandadas por el
mercado laboral.
Establecer licencias de paternidad
irrenunciables y de mayor duración. Actualmente, las madres trabajadoras
gozan de un descanso de siete semanas anteriores y siete posteriores al parto,
mientras que los padres únicamente tienen derecho a cinco días. Esta disparidad
entre los tiempos de descanso envía una señal al mercado laboral: es más
costoso emplear a una mujer que a un hombre, en particular, cuando deciden
formar una familia. Para eliminar estas diferencias, se propone hacer
irrenunciables las licencias de paternidad, que éstas se paguen con recursos
públicos y que se amplíe su duración de cinco a 10 días hábiles.
Reformar el artículo 201 de la Ley del Seguro
Social para permitir que los padres de familia, independientemente de su estado
civil, puedan acceder a servicios de guardería. La
reforma es necesaria para otorgar el derecho de estancias infantiles a cualquier
trabajador afiliado y no solo a mujeres trabajadoras, trabajadores viudos o
trabajadores divorciados.
Establecer un programa de estancias infantiles
gratuitas para hogares monoparentales. Las estancias infantiles ofrecen un
servicio integral de cuidado que no puede ser sustituido por transferencias
directas a las jefas y jefes de familia. Estos programas son especialmente
valiosos para los hogares monoparentales, en los que usualmente la jefa de
familia es una mujer. Dado lo anterior, proporcionar estancias infantiles
gratuitas para este sector poblacional garantiza que las mujeres tengan más opciones
para lograr insertarse en el mercado laboral y permite que la educación inicial
de los menores no esté condicionada a la situación laboral de las mujeres.
Incentivar la participación laboral femenina
en áreas consideradas no tradicionales para ellas. Los
programas de capacitación en actividades técnicas, o becas en carreras
relacionadas con ciencias duras, ingenierías o matemáticas, son acciones que se
mueven en este sentido.
Diseñar convocatorias para puestos de
dirección y coordinación dirigidas solo a mujeres.Garantizar
la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones de una organización asegura
que éstas se articulen con enfoque de género e impacten sobre la satisfacción
de las trabajadoras y el ambiente laboral.
Aplicar políticas de integración vida-trabajo
en las organizaciones. Flexibilizar las condiciones de trabajo de
las mujeres ayuda a generar incentivos para mejorar su productividad, atribuir
mayor valor a su espacio de trabajo y reducir las tasas de rotación.
Aplicar políticas de inclusión financiera que
incorporen la perspectiva de género en sus análisis de riesgo crediticio. Así, las
mujeres tendrán una mayor posibilidad para acceder a un crédito en caso de
querer iniciar un negocio.
Generar incentivos fiscales que reduzcan los
costos de la afiliación al IMSS de segundos y terceros miembros de familia.
Participación laboral de las personas con discapacidad
Otorgar estímulos fiscales en el pago del impuesto sobre la
nómina (ISN) a las empresas que contraten y realicen inversiones en el
lugar de trabajo en beneficio de las PCD. De acuerdo con datos del Inegi,
en 2014 solamente cuatro de cada 10 personas (de 15 años y más) con
discapacidad participaron en el mercado laboral.[3] Por ello, para impulsar
la participación plena y efectiva de las PCD en el mercado laboral formal
y reducir su dependencia económica, se propone que los gobiernos estatales
ofrezcan estímulos de diversa naturaleza a las empresas que las contraten,
así como a aquellas que acondicionen el lugar de trabajo para que éstas
puedan desempeñarse adecuadamente. Dichos estímulos serían análogos a los
que actualmente ofrece el Gobierno federal para el caso del Impuesto sobre
la Renta (ISR):[4]
Deducir
del pago del ISN un porcentaje del salario de las PCD que sean empleadas por
las empresas. Dicho estímulo consiste en poder deducir, de los ingresos
acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la nómina
(que actualmente recaudan las 32 entidades federativas) por el ejercicio fiscal
correspondiente, un monto equivalente a un porcentaje del salario efectivamente
pagado a las personas que tengan alguna discapacidad. A finales de 2019, el
Congreso del estado de Guanajuato aprobó una modificación a la Ley de Hacienda
del estado en este sentido, al permitir la deducción del 100% del ISN
determinado a pagar respecto de estos trabajadores.
Deducir
del pago del ISN el costo de la inversión en activos fijos que realicen las
empresas en beneficio de las PCD. Las empresas podrían deducir del
pago del ISN el 100% del costo de las adaptaciones que se realicen al lugar de
trabajo que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo para que dichas
adaptaciones le faciliten a las personas con discapacidad el acceso y el uso de
las instalaciones de la empresa.
En ambos
casos podría acreditarse la discapacidad del trabajador mediante el Certificado
de Discapacidad que actualmente expide el IMSS para la deducción del ISR.[5]
Productividad y pensiones
Aumentar la inversión en capital humano y
programas de capacitación.Es posible incrementar la productividad de los trabajadores mediante
incentivos fiscales y un mayor gasto en programas de capacitación laboral.
La acumulación de capital humano en la fuerza laboral es la herramienta más
poderosa para aumentar su productividad y, en consecuencia, sus salarios.
Cambiar la estructura de financiamiento de los
fondos públicos de pensiones. Los estados deben cabildear de manera activa
en el Congreso federal para cambiar la estructura de financiamiento de los
fondos públicos de pensiones. Una posibilidad es la reducción de recursos de
flujo futuro destinados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) para reducir los déficits en los sistemas públicos de
pensiones.
Asegurar el registro actuarial y la
sostenibilidad de los fondos de pensiones. Es necesario hacer una revaluación
actuarial de los fondos pensionarios estatales, municipales y de universidades
públicas, además de una reestructuración de obligaciones para asegurar su
sostenibilidad. Cada estado debe tener un mapa claro de sus obligaciones
pensionarias no fondeadas.
Justicia laboral
Implementar el
nuevo modelo de justicia laboral. Es necesario
monitorear la implementación del nuevo modelo de justicia laboral enmarcado por
las reformas publicadas en la Ley Federal del Trabajo en mayo de 2019 y
atendiendo la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017.
Evaluar los avances
del Consejo de Coordinación para la implementación de la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral. Esto
permitiría conocer si esta instancia nacional está llevando a cabo
adecuadamente la política y coordinación necesarias para la implementación del
modelo a nivel local o si se enfrenta a obstáculos.
Evaluar la adecuada implementación de los Centros de Conciliación a
nivel estatal. Esta evaluación continua debe centrarse en conocer si cuentan con
plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión. Efectuar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los Centros de
Conciliación en las entidades federativas ayudará a medir la independencia,
certeza, legalidad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo,
transparencia y publicidad con la que están trabajando sus operadores y si
realmente el sistema de conciliación laboral está siendo ágil, menos costoso,
de fácil acceso y sin obstáculos como la discrecionalidad y la opacidad.
Efectuar un diagnóstico sobre el funcionamiento del procedimiento
ordinario laboral bajo el nuevo modelo. El objetivo de este ejercicio es reconocer los
retos y bondades del nuevo sistema y si realmente está logrando, en comparación
con el anterior, mejores resultados.
Establecer el Servicio Profesional de Carrera (SPC) en los Centros de
Conciliación. Esto permitirá contar con un sistema de ingreso de servidores públicos
a través de criterios claros y objetivos. También posibilitaría la existencia
de un sistema de actualización y profesionalización continuos, de una sana competencia entre organizaciones,
estabilidad en el empleo, así como un sistema de incentivos y promociones
integral.
Fortalecer la
aplicación de sanciones de carácter administrativo para aquellas personas que
incurran en malas conductas en las juntas de conciliación y arbitraje. Uno de los principales problemas en la impartición de justicia laboral
es que se ha convertido en un espacio propicio para la corrupción.
Evaluar la calidad en el desempeño de la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo. Esto nos permitirá conocer si realmente están cumpliendo con su
trabajo: representar y asesorar a los trabajadores ante cualquier autoridad
cuando así lo soliciten.
El subíndice Economía estable (Economía) mide las
principales características de las economías estatales. Dentro del subíndice se
incluyen indicadores que describen la distribución
del PIB, el dinamismo de la economía, el nivel de deuda, la dependencia y la
diversificación económicas. Los estados que presentan una economía estable
atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, propensos a una mayor
generación de empleo y riqueza.
La mejor entidad (2018)
Ciudad de México
Desde 2001 la CDMX ha
obtenido el primer lugar en este
subíndice. En 2018 se ubicó dentro de las primeras
dos posiciones en cinco de los 11 indicadores analizados. Destacó al ser la
entidad con el mayor PIB per cápita (401 mil 601 pesos por habitante), la que
generó la mayor proporción de su PIB en sectores de alto crecimiento (69.4%) y
la más diversificada del país con el mayor número de sectores presentes en su
economía (909 frente a un promedio de 771). Además, se situó en el segundo lugar
en los indicadores de participación laboral (48.2%) y costo promedio de la
deuda (8.3%).
Sin embargo, a pesar de
ser la economía estatal más estable, la CDMX ocupó el último lugar en el indicador de personas con ingresos mayores al promedio estatal: solo el 13.8% de la población ocupada tuvo
ingresos mayores al promedio de la entidad.
La peor entidad (2018)
Zacatecas
Desde 2001, Zacatecas tuvo
el desempeño más bajo en este
subíndice. De los 11 indicadores analizados,
solo en uno se desempeñó mejor que el promedio de las demás entidades en
2018 (aunque solo alcanzó la posición 14):
plazo promedio de vencimiento de la deuda. En cambio, en el resto de los
indicadores se colocó entre las posiciones 22 y 30. Fue la quinta entidad con
el menor PIB por habitante y únicamente el 41.9% de su producto interno bruto se
generó en sectores de alto crecimiento (frente a un promedio del 54.2%).
Además, la media de su
tasa de crecimiento en los últimos tres años fue de un -0.7%, mientras que, en
promedio, las demás entidades presentaron una tasa de crecimiento del 2.3%.
También fue la antepenúltima entidad con la menor participación laboral pues
solamente el 39% de su población se encontraba ocupada en 2018.
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica VII.1 Posiciones y cambios del subíndice Economía
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa VII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Economía
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla VII.1 Resultados generales por indicador del subíndice Economía
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
PIB per cápita
Mientras que en 2018 el PIB por habitante en la CDMX fue de 401 mil 601 pesos, en Chiapas fue
de apenas 60 mil 197 pesos: una brecha de 341 mil 404 pesos.
Crecimiento del PIB
Desde
2005 y hasta 2018 (salvo 2013) la tasa
de crecimiento real anual del PIB de Campeche fue negativa. Entre esos años
el PIB de la entidad cayó un 49% en
términos reales, al pasar de 1 billón a 529 mil millones de pesos de 2013.
En
promedio, en los últimos tres años (2016-2018) la tasa de crecimiento real anual del PIB de Baja California Sur fue
del 10.4%. Solo en 2018 registró la mayor tasa de crecimiento real observada
para cualquier entidad federativa del país desde 1999: un 17.2%.
Deuda estatal y de organismos
estatales (participaciones federales)
En
2018 los saldos de la deuda de los
gobiernos de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo representaron más
de dos veces el total de ingresos que les proporcionó el Gobierno federal vía
participaciones.
Costo promedio de la deuda
Nuevo León fue la entidad con el mayor
costo de deuda, con una
tasa de interés promedio ponderada del 9.9%: un punto porcentual por encima del
promedio que reportaron las demás entidades en 2018.
Personas con ingresos mayores al
promedio estatal
Durante
2018, Michoacán fue la entidad con la
mayor proporción de trabajadores que percibió un salario por encima del
promedio en dicho estado: el 34%. En cambio, en la CDMX esta proporción fue
apenas del 13.8%.
Diversificación económica
Campeche fue el estado con la menor diversificación
de su economía en 2018,
al contar solo con 633 sectores de actividad económica: 276 sectores menos que
la entidad más diversificada del país (CDMX).
Imco propone
Los gobiernos estatales pueden ser un factor
fundamental para acelerar el crecimiento del país. En el IMCO se cree que la
participación laboral en mercados formales, el desarrollo de los servicios
financieros, los vínculos de las empresas locales con cadenas de valor
globales, la inversión en capital humano y la promoción económica regional para
el desarrollo de proyectos productivos y atracción de inversión son los
cimientos del crecimiento a nivel local. En este sentido, para promover tasas
de crecimiento más altas en todos los estados se propone lo siguiente:
Fortalecer
la promoción económica regional. Después
de la desaparición de ProMéxico, los estados deben repensar sus estrategias
para mantener su competitividad regional. Las agencias de promoción económica
locales tienen la oportunidad de convertirse en actores relevantes para la
atracción de inversiones y el impuso del comercio internacional. Al incrementar
sus capacidades presupuestales y de alcance, estas agencias tienen el potencial
de convertirse en aliados de los gobiernos locales para identificar y promover
el desarrollo de sectores relevantes a nivel estatal, además de convertirse en
un instrumento de ejecución y evaluación de las estrategias regionales de
crecimiento.
Facilitar el desarrollo de la economía formal
e incentivar su crecimiento. Los gobiernos estatales deben impulsar
inversiones que no impliquen costos de largo plazo para el erario público, que
eleven la productividad de sus regiones y propicien la diversificación
productiva de su economía. La política de inversión debe acompañarse con una
política de atracción y formación de capital humano, así como de la
articulación de sectores que tengan el potencial de estimular el crecimiento
del PIB y mejorar el bienestar de la gente. Los gobiernos estatales necesitan
encontrar bases fiscales alternativas que permitan eliminar el impuesto sobre
la nómina sin descomponer el balance de las finanzas públicas. Reducir y
eliminar los gravámenes sobre la nómina tendrá un efecto positivo en la
creación de empresas y empleos formales.
Lograr una mayor participación laboral formal. Es
posible generar esquemas y programas locales que incentiven la participación
laboral formal. Para este esfuerzo, es útil reducir la carga regulatoria y
fiscal de las empresas formales. De esta forma, las familias pueden optar por
incorporarse como un negocio en lugar de operar como personas físicas desde la
informalidad. Para la gente que gana menos de 10 mil 500 pesos, la reducción de
los impuestos al trabajo es otra manera de estimular su incorporación a la
formalidad.
Ajustar los balances fiscales estatales al
considerarse tanto los plazos como los montos y costos de la deuda. Es
necesario que los estados eviten el crecimiento insostenible de la deuda
pública a su cargo. La operación con déficit del Gobierno es una hipoteca sobre
el bienestar futuro de los habitantes de los estados. Como regla general, un
crecimiento de la deuda por encima del crecimiento de la economía, lleva a una
situación insostenible. Una menor demanda de crédito debe reducir las tasas en
el tiempo y permitir que el endeudamiento público estatal se acerque en costo
al endeudamiento soberano de México. Es necesario que los proyectos de
inversión incorporen fuentes de ingreso que fortalezcan la capacidad de pago
del capital y no comprometan las finanzas públicas estatales por plazos largos.
El subíndice Sectores precursores de clase mundial (Precursores) analiza indicadores relacionados con el sector
financiero, de telecomunicaciones y de transporte; es decir, con el acceso a los servicios financieros, el
desarrollo de las vías físicas de comunicación (aéreas y terrestres), y el uso
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estos sectores
son de gran importancia, ya que su correcto funcionamiento es una condición
necesaria para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación
de empleo, al incidir directa e indirectamente en muchos otros aspectos de la
economía. Es por ello que su desarrollo es fundamental para mejorar la
competitividad de las entidades federativas del país.
La mejor entidad (2018)
Ciudad de México
Desde 2001, primer año
del que se tiene registro, la CDMX ocupa el primer lugar en este subíndice. En 2018 esta entidad destacó sobre el
resto de los estados del país pues se ubicó en las primeras cinco posiciones de ocho de los 11 indicadores analizados.
Fue la entidad con el mayor número de contratos de banca móvil y la mayor captación
de ahorro, penetración del seguro en la economía y carga aérea transportada. Además,
se ubicó en la segunda posición en cuanto a la disponibilidad de cajeros
automáticos y en el tercer lugar respecto al acceso a terminales punto de venta
y al flujo de pasajeros aéreos. Por otra parte, ocupó el sexto y el décimo
lugar en los indicadores de acceso a internet y telefonía móvil,
respectivamente.
A pesar de su desempeño sobresaliente
en los indicadores antes señalados, la principal
debilidad de esta entidad en el subíndice fue el indicador de accidentes por malas condiciones del camino,
en el que se colocó en el lugar 26, al tener 23 accidentes por cada 100 mil
vehículos (cinco accidentes más –por cada 100 mil vehículos– que el promedio).
La peor entidad (2018)
Oaxaca
De los 11 indicadores analizados en este subíndice, Oaxaca
se ubicó mejor que el promedio en únicamente dos de ellos: heridos en accidentes de
tránsito terrestre (39 heridos por cada 100 mil habitantes frente a un promedio
de 92 heridos) y accidentes por malas condiciones del camino (2.6 accidentes por
cada 100 mil vehículos ante un promedio de 17.1 accidentes). En el resto de los
indicadores, particularmente en aquellos relacionados con el desarrollo del
sector financiero y el acceso
y uso de las TIC, la entidad tuvo un desempeño considerablemente bajo, lo cual explica su posición en
el subíndice.
Fue el estado con el menor uso
de la banca móvil en el país y el segundo estado (solo por delante de Chiapas) con
el menor acceso a internet, telefonía móvil y terminales punto de venta.
Además, fue la tercera entidad con la menor disponibilidad de cajeros
automáticos.
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica VIII.1 Posiciones y cambios del subíndice Precursores
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa VIII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Precursores
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla VIII.1 Resultados generales por indicador del subíndice Precursores
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Acceso a internet
En
menos de una década, la proporción promedio de hogares con acceso a internet,
a nivel estatal, se incrementó en 31 puntos porcentuales al pasar del 21% en 2010
al 52% en 2018. En este periodo Sonora fue la entidad que registró el mayor
crecimiento al pasar del 31% al 81%.
En
2018 Sonora fue la entidad con la mayor
proporción de hogares con acceso a internet (81%), mientras que Chiapas fue
el estado con la menor (25%).
Cajeros
automáticos
Entre
2010 y 2018 el número promedio de cajeros automáticos por cada 10 mil
adultos creció un 28% al pasar de 4.8 a
6.1.
En 2018 solamente
Quintana Roo (12.7), la CDMX (12.1) y Nuevo León (10.6) superaron los 10
cajeros automáticos por cada 10 mil adultos.
Uso de
banca móvil
Entre
2013 y 2018 el número promedio de contratos que usan banca móvil por cada 10
mil adultos creció un 839% al pasar de 291 a 2 mil 732.
Accidentes por malas condiciones
del camino
Nuevo
León registró 218 accidentes debido a malas condiciones del camino por cada 100
mil vehículos en 2018: cifra 13 veces superior al promedio nacional (17.1).
Flujo de pasajeros aéreos
En 2017 la CDMX (33%),
Quintana Roo (18%) y Jalisco (13%) concentraron el 64% del flujo de pasajeros
aéreos nacionales e internacionales en nuestro país.
Querétaro fue el estado
que registró el mayor incremento (232%) en el flujo de pasajeros nacionales e internacionales entre 2007 y 2017 al pasar de
243 mil a 807 mil pasajeros entre esos años.
Carga
aérea
En
2017 el 55% de la carga aérea doméstica
e internacional que fue transportada
en el país lo hizo vía el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
IMCO
PROPONE
Los estados pueden incidir e impulsar de
manera muy importante la mejora de la infraestructura en sus localidades. Los
sectores económicos que mejor funcionan en una economía moderna son los que
están mejor conectados. Desde la manufactura avanzada hasta las
telecomunicaciones, desde el transporte público y red carretera hasta la banca,
los estados que impulsan con éxito las economías de red acceden a mayores
niveles de desarrollo económico. A continuación se presentan propuestas para
mejorar la conectividad de los estados:
Acceso a servicios financieros y educación financiera
Fomentar un mercado de seguros más grande. México
es un territorio expuesto a diversos riesgos de tipo geológico y climático. Los
estados pueden ser una fuerza para que el mercado de seguros sea más grande y
más relevante para la población. En la medida en que más mexicanos tengamos
pólizas de seguros, sufriremos menos pérdidas catastróficas ante las
consecuencias de una epidemia, un terremoto o un huracán. Para ello, es
necesario que los estados sean transparentes con su población respecto a la
cobertura de los distintos mecanismos de pago frente a desastres de todo tipo.
Garantizar un entorno de competencia económica
para generar recursos ahorrables. El ahorro es la clave para la
inversión y la inversión (en activos físicos o en educación) es la clave para
el crecimiento económico. Los mexicanos, ricos y pobres, del sur y del norte,
necesitamos ahorrar en mayor medida para invertir y crecer más. La mejor manera
para generar recursos ahorrables en los estados es la competencia económica.
Mientras más bajos sean los precios de los bienes y servicios en un estado,
mayores son las posibilidades de ahorro e inversión de la población, menor es
la barrera a la entrada de nuevos participantes en un negocio o industria y
mayor es la competitividad del estado. Si un gobernador quiere estimular el
ahorro, tiene que adoptar seriamente políticas de competencia económica.
Incorporar materias relacionadas con educación
financiera en los planes de estudio, tanto a nivel secundaria como a nivel
preparatoria. Es necesario que las personas tengan más y mejor información
sobre finanzas personales desde su juventud.
Generar incentivos selectivos que le garanticen
a la población típicamente excluida el acceso a servicios financieros. Los programas
de bancarización en comunidades alejadas y la promoción del uso de terminales
electrónicas en comunidades rurales para la entrega de apoyos sociales son
pasos importantes en este sentido. La bancarización a través de nuevas
tecnologías, como los teléfonos móviles, es indispensable para llegar a lugares
donde no es rentable poner sucursales o corresponsales bancarios. Hacer más
común la inversión en activos bursátiles de deuda y capital, ayudando al
público a adquirir información sobre su riesgo y rendimiento, es una gran
manera de dinamizar las economías de las regiones.
Medir y reducir al mínimo el monto de los
pagos que realiza el gobierno estatal en efectivo. Además
de limitar la penetración bancaria, el pago en efectivo es un vehículo
facilitador de la corrupción. Idealmente, el monto de transacciones en efectivo
de cualquier gobierno debería ser cero. Los gobiernos estatales y municipales
deberían registrar qué porcentaje de sus pagos se efectúa mediante transferencias
bancarias, auditables y fiscalizables, y qué porcentaje se realiza por medio de
transacciones en efectivo.
Infraestructura de telecomunicaciones
Hacer transparente la regulación del estado y
de todos sus municipios en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Esto
debe realizarse en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Simplificar la regulación local quitará obstáculos para invertir en el
desarrollo de fibra óptica en las ciudades del país.
Poner a disposición de las empresas de
telecomunicaciones las azoteas de los edificios públicos estatales y
municipales, para instalar antenas.
Hacer una prioridad estatal el despliegue de
las redes de radiofrecuencia, fibra óptica o cualquier otro medio para la
conexión de la población. Deben impedirse y castigarse las prácticas
de extorsión que sufren las empresas de telecomunicaciones a nivel local por la
instalación de infraestructuras como las antenas de celular o cables de fibra
óptica.
Infraestructura de transporte
Para obtener mayores beneficios de los
proyectos de infraestructura de transporte, los estados deben invertir en
estudios costo-beneficio que consideren distintos escenarios de niveles de
servicio, aforo vehicular o afluencia de pasajeros (en el caso de proyectos de
transporte público), mantenimiento, costos de operación, siniestralidad, vicios
ocultos, costos de construcción y tiempo de despliegue, con el fin de evaluar
la pertinencia de las obras desde antes de comprar el primer camión de
material. Un proyecto deseable a ojos de la clase política del estado no
implica que éste será rentable para la sociedad. Dado lo anterior, las
entidades podrían beneficiarse enormemente si adoptan los siguientes
lineamientos:
Contratar de manera transparente, mediante licitación,
estudios costo-beneficio. Los estudios deberán ser independientes y
deberán medir de manera integral la rentabilidad para la sociedad.
Incluir información relevante en los estudios
costo-beneficio de obras de transporte. Los estudios costo-beneficio deben
incluir el ahorro en tiempo de las personas restando el costo de oportunidad
del dinero que pagan en cuotas y peajes; la rentabilidad del operador privado
en el caso de asociaciones público-privadas (APP) u operadores privados y, los
compromisos permanentes de gasto para todos los niveles de gobierno. Si el
operador quiebra, seguramente se requerirá un rescate gubernamental, que
acabarán pagando los contribuyentes.
Hacer públicos los análisis costo-beneficio. Éstos y
los criterios de elección de proyectos deben estar disponibles en los sitios de
transparencia estatales.
Publicar los costos indicativos y el desempeño
de los distintos contratistas en la ejecución de la obra pública.
Tomar en cuenta las economías de aglomeración
en la construcción de infraestructura. Los municipios son un orden de
gobierno que no tiene los recursos ni el tiempo suficiente para la construcción
de su propia infraestructura. En las ciudades es en donde la infraestructura
genera más externalidades positivas. Las urbes con fuertes intervenciones de
sus gobiernos estatales se han convertido en ejes del desarrollo empresarial e
industrial de diversos estados en los últimos 20 años (por ejemplo: Guanajuato,
Querétaro y Puebla). En contraste, las ciudades en donde el gobierno estatal no
interviene virtuosamente, han tenido retrocesos (por ejemplo: Cuernavaca).
Coordinar desde el estado la provisión de
transporte público en los municipios. Las autoridades locales deben estar
involucradas en la planeación, ejecución y operación de los proyectos para
garantizar un sistema de transporte público funcional. Además, los proyectos
deben contar con una visión metropolitana, por lo que es necesario que el
estado promueva la cooperación y comunicación entre las autoridades locales que
pertenecen a una misma zona metropolitana.
Transparentar los datos sobre la cantidad de
usuarios del transporte público, así como las condiciones de operación de los
contratos de concesión.
Generar y transparentar datos de aforos,
recaudación por cuotas, accidentes, y cualquier información que se genere en
las carreteras y en la operación de servicios de transporte público. La
información del aforo vehicular y los niveles de servicio es clave para
entender si la operación de las APP ocurre bajo criterios de rentabilidad
pública. Esto es de especial interés en el caso de carreteras dado que muchas
APP tienen contratos que mandatan subsidios en caso de aforos bajos.
Dar prioridad a la construcción de vías con
las especificaciones necesarias para conectar las ciudades y centros de
distribución con las autopistas de altas especificaciones.
Instrumentar mecanismos de inspección en patio
de maniobra, auditoría y auto-regulación para evitar la sobrecarga de
transportes pesados. Esto es necesario para evitar accidentes y
daños a la infraestructura carretera.
Impedir la instalación de comercios en
acotamientos o la venta de productos en las autopistas estatales o federales. El
riesgo al que se somete a la población que ahí consume y labora es enorme. La
construcción y respeto de acotamientos debería ser una prioridad para todas las
carreteras del país.
Empaquetar, junto con la infraestructura
carretera, otro tipo de infraestructuras como las de telecomunicaciones,
recolección de agua pluvial, electricidad o ferrocarril. El costo
asociado a la construcción de infraestructura carretera es alto y el valor
derivado está acotado al transporte. Incluir otro tipo de infraestructura en
grandes proyectos de esta índole ofrece la posibilidad de incrementar su valor
derivado y expandirlo a otros sectores por un costo marginal bajo,
fortaleciendo las distintas redes que operan como precursores fundamentales del
desarrollo económico.
Evitar la congestión fronteriza mediante la
realización de un mayor número de inspecciones de mercancía en las
instalaciones de las empresas de origen. Lo anterior implica la
implementación de una pre-verificación de cumplimiento de reglas para no
realizarlas en la frontera. La constelación de inspectores, desde el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica-Sagarpa)
hasta la Marina, el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR), la
Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), deben reconocer los contenedores sellados. Todo lo demás, debe
someterse a revisiones no invasivas con base en tecnología de rayos gamma, por
ejemplo.
Resolver los problemas de supervisión de
transportes pesados. En el reporte Evaluación de la
Competitividad Regulatoria del Sistema de Autotransporte de Carga y Propuestas
de Política Pública, elaborado por el IMCO, se aborda aquello que debe
atenderse.[1]
Desde la renovación de la flota vehicular, hasta las inspecciones en patio para
resolver problemas de condiciones físico-mecánicas de los vehículos,
introducción de GPS y tecnología celular de localización, gobernadores de
velocidad, frenos ABS y suspensiones neumáticas. La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) debe establecer un ecosistema de empresas
auditoras y verificadoras de cumplimiento de estándares de carga pesada, con
metas de cero accidentes.
Intervenir, a través de la Comisión Federal de
Competencia Económica, el mercado de trenes. Así, se fomenta la competencia, se
atrae más inversión al sector y se asegura que las empresas existentes compitan
adecuadamente. Sin mayores niveles de competencia será imposible detonar el
potencial de las redes de ferrocarriles en beneficio de los productores y
consumidores del país.
Infraestructura y equipamiento urbano
Los municipios son responsables de la
infraestructura urbana. Sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con
presupuestos suficientes ni con las capacidades técnicas para garantizar que esta
beneficie a los ciudadanos. Por ello, el gasto en infraestructura acaba
desaprovechándose como una oportunidad para elevar la productividad de empresas
y familias en zonas urbanas densamente pobladas, que es donde se genera mayor
valor económico. Los estados pueden invertir más en la infraestructura de las
ciudades en cooperación con los municipios. Hay ejemplos recientes y
relativamente exitosos, como el de Puebla, donde el gobierno estatal hizo
inversiones muy importantes en la ciudad capital. El defecto del modelo poblano
es la pertinencia de las obras, el costo y la transparencia en la asignación de
las mismas, así como la transparencia en su financiamiento. Sin embargo, es un
modelo interesante porque ha permitido a la ciudad de Puebla atraer importantes
inversiones y crecer. En este sentido, se propone lo siguiente:
Instrumentar, desde el estado, mecanismos de
financiamiento de proyectos de infraestructura. Es
necesario contar con la participación de la ciudadanía, apalancando los
recursos municipales con recursos privados, estatales y de la banca de
desarrollo. Se deben realizar estrategias de largo plazo, junto con los
institutos de planeación estatales, municipales y metropolitanos, que den
prioridad a aquellos proyectos que pueden contribuir en mayor medida a mejorar
la productividad de las ciudades. Las decisiones de qué proyectos hacer deben
basarse en criterios técnicos y no políticos, y la lista de los proyectos
prioritarios debe hacerse pública a toda la ciudadanía.
Invertir en redes de agua potable (con énfasis
en la palabra “potable”). Esto es un ejemplo de gestión pública donde
hay mucho espacio para mejorar. Si un mayor porcentaje de agua para beber se
puede distribuir a través de tubos, y no mediante pipas o envases de plástico, se
reduce la contaminación por basura plástica y se ahorra tiempo a las empresas y
familias. Esto no es tan vistoso como construir autopistas o puentes elevados,
pero sí puede ayudar a mejorar las condiciones de las ciudades.
Hacer obras de infraestructura para enterrar
los cables de electricidad puede ayudar enormemente a mejorar el paisaje urbano
y a reducir los robos de electricidad. Los gobiernos municipales no tienen
incentivos para realizar este tipo de obras porque son costosas y no pueden
capturar el beneficio económico al hacerlas. El Gobierno federal podría
premiar, con recursos hoy usados para subsidiar la electricidad, a los estados
y municipios que ayuden a reducir las pérdidas de electricidad a partir de
enterrar los cables de las redes de distribución.
Premiar a los municipios que invierten más en
redes de transporte público. La movilidad urbana es otro ejemplo en donde
los estados pueden ayudar bastante a mejorar los problemas de congestión en sus
ciudades y así evitar las pérdidas importantes en tiempo y recursos para la
población y un impacto negativo en el crecimiento económico. Si se premia a los
municipios que invierten más en redes de transporte público de gran escala,
digno y sustentable, se reduce la necesidad de las familias de invertir en
automóviles y de los gobiernos locales de invertir en vías de transporte. Los
estados deben ayudar a los municipios a mejorar los índices de caminabilidad de
sus ciudades, ya que ello estimula la economía local, fortalece el turismo,
mejora la seguridad pública, y reduce las muertes por hechos viales.
Permitir que los operadores de los servicios
de transporte público determinen la tarifa óptima para asegurar la
sostenibilidad financiera y la calidad de los sistemas. Al mismo
tiempo, es necesario transitar de subsidios generalizados de la tarifa a
subsidios focalizados que permitan optimizar el uso de recursos para que la
población más vulnerable goce de un servicio asequible y de mayor calidad.
Aumentar
la transparencia del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para
la Personas con Discapacidad (Fotradis).Este fondo busca adaptar el transporte
público y la infraestructura de las ciudades para las personas con
discapacidad. Entre 2011 y 2019 destinó 4 mil 450 millones de pesos a los
estados para este fin. Sin embargo, no hay información que corrobore su
ejercicio ni sus resultados.[2] Por
ello, el colectivo #MovilidadSinLímite ha unido fuerzas para conocer en qué se
ha invertido el dinero y ha solicitado construir un mapa interactivo de las
obras que se han logrado y su estatus. Contar con un inventario completo que
muestre los logros del fondo y verifique si las obras son funcionales sería un
gran paso de los gobiernos estatales para confirmar un avance hacia ciudades
más incluyentes y con oportunidades para los más de siete millones de mexicanos
con discapacidad.
Conectar a través de una red carretera ágil a las
principales ciudades de cada estado. Guanajuato fue muy exitoso en
conectar a las principales ciudades de su estado a través de una red carretera
bastante ágil. Sin embargo, Guanajuato, la ciudad capital, no se encuentra tan
bien conectada y ha tomado una estrategia como lugar turístico. En
consecuencia, no ha podido desarrollarse tanto como otras ciudades (por
ejemplo, Irapuato, Celaya o León). En la medida en la que la infraestructura se
construya en los lugares donde hay mayor densidad de población y actividad
económica, más útil será para generar competitividad. Los proyectos que
conectan áreas relativamente despobladas acaban haciéndose irrelevantes para
generar desarrollo.
Desacelerar la demanda de autos mediante la
reinstauración de la tenencia vehicular. Los impuestos a la tenencia de
vehículos son uno de los principales mecanismos para desestimular la
adquisición de automóviles y una de las pocas fuentes de financiamiento que
tienen los estados para la construcción de nueva infraestructura. Si los
estados quieren desacelerar la demanda de autos, e impulsar la creación de
infraestructura para el transporte sustentable, los impuestos a la tenencia son
el mecanismo ideal para lograrlo. Un rediseño de este impuesto, que premie la
eficiencia energética y el uso de nuevas tecnologías amigables con el medio
ambiente, puede ser un medio muy efectivo para incentivar la renovación del
parque vehicular.
