A casi cuatro meses de iniciado el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya hay claridad sobre los planes para el sector hidrocarburos y, específicamente, para Petróleos Mexicanos.
Las iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética de 2024 que están por discutirse en el Senado de la República otorgan a Pemex una posición central para la exploración y extracción de nuevos yacimientos, ya sea desarrollándolos por sí misma en asignaciones propias, con socios en asignaciones mixtas o con contratos (especialmente en yacimientos transfronterizos, donde Pemex deberá contar con al menos 20% de participación en los proyectos).
El cambio de fondo para el segmento de aguas arriba (exploración y producción) es la primacía de las asignaciones (controladas por Pemex) sobre los contratos.
Resulta evidente que las posibilidades del éxito de este nuevo marco legal pasan por un Pemex no únicamente financieramente viable, sino atractivo como socio para compartir riesgos.
La restricción presupuestal de Pemex y las limitaciones de los contratos de servicios con privados reducen las opciones de la empresa para el desarrollo de proyectos mediante la figura de asignación para desarrollo propio.
La verdadera novedad –y potencialmente el mayor atractivo– de las leyes secundarias son las asignaciones mixtas, donde Pemex tendría como mínimo 40% de participación en los proyectos, sin invertir recursos financieros de la empresa.
Sin embargo, vivimos una época de relativa abundancia de petróleo crudo y gas natural. Esto es cierto tanto a nivel mundial como en las Américas, con producciones relevantes en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Guyana, entre otros. En otras palabras, México tiene competencia y debe ser proactivo para atraer inversiones en el sector de hidrocarburos.
¿Tiene México con qué competir? El país cuenta con innegables atractivos para la inversión, empezando por su geografía y su acceso privilegiado al mercado norteamericano. No obstante, hay dos cuestiones esenciales que se deben abordar para que la implementación de la reforma sea exitosa.
El primer reto de fondo es convencer a los posibles inversionistas que Pemex es un socio confiable. Para mitigar este reto, en primer lugar, la alta dirección de la empresa debe moverse activamente en Nueva York, Houston y Londres, con un plan de negocios convincente que atraiga posibles socios e inversionistas. Segundo, Pemex debe reducir su deuda con proveedores y contratistas para dar un mensaje de compromiso con su cadena de valor. Al cierre del tercer trimestre de 2024, esta deuda rebasó los 400 mil millones de pesos. En unos días se publicarán los resultados al cierre del año, pero es previsible que esta deuda se mantenga en niveles elevados. Tercero, en lugar de establecer una prelación estricta en favor de las asignaciones y en detrimento de los contratos, sería deseable que esto se determinará de acuerdo con las características específicas de cada proyecto.
El segundo reto es de mayor envergadura y rebasa las iniciativas de legislación secundaria: el imperio de la ley y la certidumbre jurídica. En resumen, si un socio de Pemex tiene un conflicto de naturaleza legal, ¿la Secretaría de Energía apoyaría a Pemex dado que la titular de la dependencia es al mismo tiempo presidenta del Consejo de Administración de la empresa?, ¿ante qué instancia se puede defender?, ¿contarán con tribunales independientes e imparciales?
Asociarse con Pemex puede ser no solo necesario, sino deseable, sin embargo, para ello México debe comprometerse a actuar como país serio en la gestión de sus empresas públicas y en su sistema de justicia. Todo esto sucede a menos de cuatro meses de la elección judicial.
Publicado en Animal Político
20-02-2025
