Han transcurrido más de tres años desde que el presidente presentara una iniciativa de reforma a la ley de obra pública federal con el objetivo de agilizar y facilitar la contratación y ejecución de obras públicas. La iniciativa sigue en la congeladora del Congreso.

Hasta ahora, la información disponible sólo permite dimensionar el problema de seguridad e impunidad que enfrentamos, mas no sus causas.

La indiferencia por parte de las autoridades hacia las exigencias de la reforma constitucional de 2008 del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ha tenido un impacto significativo en la operación del sistema acusatorio y en la calidad de la impartición de justicia.