Los candidatos a la Presidencia de la República no han enviado un mensaje contundente sobre cómo atenderán los desafíos en materia de seguridad, procuración y administración de justicia.

En estas épocas electorales y de buscar culpables de los problemas que nos atañen como mexicanos, muchos políticos se han dado a la tarea de convencer a toda costa a la sociedad que el problema en los altos índices delictivos deriva del funcionamiento del sistema de justicia penal de corte acusatorio.

De 6.3 % de los delitos que la ciudadanía denuncia, la mayoría van a un archivo temporal porque la autoridad no encuentra los datos de prueba suficientes para sancionar a los responsables.

El problema del juicio amparo parece que no radica en su diseño, sino en su operatividad.

Se busca primordialmente la eliminación de alrededor de 1,800 policías municipales y su concentración en un solo mando por entidad.

Más allá del modelo policial que se implemente, se deben incluir elementos de fondo si se busca el éxito en cualquiera de los esquemas.