La ausencia de un plan anticorrupción no esconde la lógica detrás de las acciones que el gobierno ha tomado en la materia: clasificar una situación como corrupta ya no depende de los actos que se llevaron a cabo, sino de los individuos que los realizaron.

Las aparentes omisiones en las declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios y los cuestionamientos sobre su utilidad y necesidad obligan a recordar para qué sirven y cómo ayudan a combatir la corrupción.

¿Puede un gobierno cuya principal bandera en campaña fue erradicar la corrupción cumplir partiendo de un perdón? ¿Va en serio la lucha anticorrupción, o estamos ante otro pacto de impunidad?

En una democracia el votante tiene total libertad de decidir a quién elegir para los cargos públicos. Y si bien las razones detrás de un voto suelen responder a los sentimientos y a la tradición, vale la pena escuchar y tomar en serio las propuestas de los candidatos.

Al investigar casos de corrupción, ir exclusivamente por un pez gordo no suele ser la mejor estrategia.

Las policías locales no están preparadas para hacer frente al crimen organizado y los recursos destinados para subsanar sus deficiencias son desviados mediante distintos mecanismos de corrupción.

No conocemos qué pasó con 75% del dinero gastado por nuestro gobierno.