Los mandatarios estatales se han ganado el apodo de los gobernadores ninis, que ni recaudan impuestos ni transparentan el gasto. El mote se lo cosecharon a pulso. En México, apenas el 3% de los ingresos totales del sector público se origina en estados y municipios. En Chile, los gobiernos locales generan el 7% de la recaudación total. El problema es que este país sudamericano no tiene un sistema federal, sino centralista. Su territorio no está dividido en estados soberanos sino en regiones. Los dirigentes políticos de estos territorios son designados directamente por el presidente de la República y forman parte del gobierno central. Esto quiere decir que, en materia de impuestos, el federalismo mexicano es más centralista que una de las naciones más centralistas de América Latina. En dos países con sincera vocación federalista, Argentina y Brasil, el esfuerzo de recaudación tributaria de los gobiernos estatales es hasta 5 y 10 veces superior que el de sus pares mexicanos.

Nadie pondría en duda que el respeto a la propiedad es uno de los grandes bastiones para la competitividad. Sólo basta ver la historia de Corea del Sur, la transformación de Singapur o lo que está sucediendo en Venezuela para corroborarlo. Dicha protección generalmente va de la mano con mayor libertad de expresión, que también es indispensable para construir sociedades prósperas y competitivas.Un nuevo acuerdo conocido como ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement) parece ponernos a escoger entre la libertad de expresión y la protección a la propiedad intelectual, al menos en eso se ha centrado gran parte del debate.Dicho acuerdo que firmó México el 12 de julio pasado, pero que rechazó el Senado, tiene como fin disminuir el comercio ilícito de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva vía Internet. Esta última frase es lo que ha generado una abierta oposición entre la comunidad cibernauta y la confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, así como en la Unión Europea.

El estudio hace un análisis de la situación actual del sector en general, así como de distintos subsectores: bancario, seguros, pensiones y ahorro provisional, y mercado de valores.

La impunidad es un desigual intercambio de cachetadas, donde la República pone las mejillas y un privilegiado aporta los manotazos. En su libro Por eso estamos como estamos, Carlos Elizondo presenta una elocuente definición de la palabra privilegio: una ley privada. Una norma de aplicación personal que otorga a su beneficiario ventajas exclusivas y lo exime de obligaciones generales. El corrido más famoso de nuestro vasto repertorio musical es el himno de una nación de impunidad y privilegios: “Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley”. Como observa Guillermo Sheridan, El Rey, de José Alfredo Jiménez, es un sonoro desafío a la legalidad. En el disco duro de nuestra idiosincrasia, todos los mexicanos nos sabemos de memoria la letra de esta canción.Un privilegio es un atentado al principio republicano de que todas las personas somos iguales ante la ley. Por ejemplo, la norma o contrato que nos obliga, en teoría, a pagar la luz que consumimos. Alguna vez escuché a un fulano explicar sus métodos para disminuir los montos de su recibo de electricidad. Primero bajaba el switch y despegaba de la pared la bóveda de cristal que contiene el medidor de energía. Luego introducía el contador de consumo en una cubeta llena de agua con sal y dejaba el aparato sumergido por varias horas. La operación de fraude terminaba con un proceso de secado al sol y la reinstalación del aparato en su lugar original. El óxido generado por el agua salada hacía que el disco del medidor desacelerara sus giros y redujera los montos marcados en el recibo de luz.

Herramienta que permite medir y analizar el nivel relativo de riesgo, relacionado a fenómenos climatológicos, al cual se exponen los municipios y zonas metropolitanas del país.

Con la columna de esta semana inicio un ejercicio cuyo objetivo es identificar los principales retos que enfrentarán las personas que ocupen puestos en el gabinete presidencial para que, con base en esto, se pueda definir el perfil ideal que deben satisfacer. En estas columnas no me sumaré a las especulaciones sobre quiénes son los candidatos más probables para manejar las diversas carteras del gabinete. Lo que pretendo es desarrollar un proceso objetivo que sirva para definir cuál sería el perfil del líder idóneo para cada puesto.

El Rey ha muerto, viva el Rey. En esta frase de siete palabras se comprime el ágil proceso de sucesión en un régimen monárquico. El cuerpo del difunto soberano aún yace tibio, cuando ya se festeja el comienzo de un nuevo reinado. La velocidad en el cambio de la corona es un mecanismo para garantizar la estabilidad política. En un parpadeo, el nuevo Rey asume las riendas del poder antes que se despierten las tentaciones de otros personajes de la nobleza que también ambicionan a ocupar el trono. En las democracias, los procesos de sucesión son un poco más complicados ya que no es el capricho de la divinidad sino la voluntad de los ciudadanos quien elige al nuevo gobernante.En México tenemos uno de los procesos de sucesión más lentos del mundo. En Gran Bretaña, si hay cambio de gobierno, el camión de mudanzas pasa a recoger las chivas del primer ministro saliente un par de días después de las elecciones. El nuevo ocupante del número 10 de la calle Downing ingresa a la residencia del jefe de Gobierno británico pocas horas más tarde. En Estados Unidos, las elecciones son en noviembre y la toma de posesión ocurre en enero, dos y medio meses después. En nuestro país hay cinco meses entre el día de la elección y el instante en que el presidente entrante se tercia la banda en el pecho. En el interregno del año 2000, Vicente Fox perdió una oportunidad histórica entre el desconcierto y la frivolidad. Seis años después, Felipe Calderón invirtió todo su esfuerzo y capital político en asumir el cargo y preservar la gobernabilidad del país.