La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador amenaza con revertir el proceso de liberalización competitiva de México y su compromiso con el Estado de derecho. La ley refleja un cambio en la dirección del país más allá del sector energético al revelar un rasgo definitorio de la visión del mundo de la actual administración: el retiro de México como un importante promotor del sistema de comercio mundial basado en reglas.
El espíritu y letra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es desmantelar los incentivos para la inversión privada en generación eléctrica sin eliminar de la ley al Mercado Eléctrico Mayorista a través de cuatro cambios clave: 1) modificar el orden de despacho para pasar de mérito económico a un sistema basado en la propiedad de las centrales que beneficia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre privados; 2) eliminar los incentivos para expandir la capacidad renovable al remover el requisito de haber iniciado operaciones después de agosto de 2014 para emitir Certificados de Energía Limpia (CELs); 3) desincentivar la inversión al eliminar la obligación de la CFE Suministrador de Servicios Básicos de comprar su energía a través de subastas; 4) otorgar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la facultad de revocar los permisos de autoabasto.
La reforma viola los compromisos de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, así como la modernización del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (pendiente de ratificación) en las disposiciones de acceso a mercado, inversión, empresas propiedad del Estado y monopolios designados, medio ambiente, buenas prácticas regulatorias, entre otras disciplinas.
La reforma amenaza 26 mil millones de dólares en inversión privada en generación renovable. Es decir, los cambios a la ley representan un riesgo para las finanzas públicas no únicamente a través de mayores costos de la electricidad, sino también por el potencial costo de las indemnizaciones a inversionistas.
El éxito en renegociar el TLCAN y salvar la alianza comercial en América del Norte con el T-MEC será irrelevante si el gobierno mexicano no aquilata el valor de un ambiente predecible donde los inversionistas tengan la certeza de que sus derechos legales no serán amenazados por los vaivenes políticos del momento. Una alianza comercial verdaderamente exitosa requiere que las partes promuevan activamente estos principios. El rechazo de México a cumplir con sus compromisos internacionales siente un precedente negativo para un país que fue un promotor importante del sistema mundial de comercio durante las últimas tres décadas.
*Este artículo se publicó originalmente en WilsonCenter.Org
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