Pocos trenes son rentables económicamente hablando, un par de rutas en Japón, otro par en China y alguna en Francia. Su rentabilidad, más bien, debe analizarse desde una perspectiva social que contemple los beneficios —o costos— que una obra trae a la sociedad en función de la inversión realizada. Hacer un análisis de esta índole considera no solo las variables usuales como rendimientos y tasas de interés esperados, sino también los daños y las mejoras potenciales al medio ambiente y a las comunidades afectadas en áreas como la salud, la educación, el riesgo de desastres naturales, entre otras. Aun si un proyecto no es rentable económicamente, podría serlo desde el punto de vista social.
Este fin de semana se inauguró un tramo menor a una tercera parte del llamado Tren Maya; una obra que desde su inicio ha estado plagada de irregularidades. No hubo estudios de viabilidad económica y mucho menos de rentabilidad social. Lo único que vamos a saber es que su construcción costará —al menos y con los datos disponibles hasta el momento— 3.28 veces más de lo inicialmente presupuestado.
El proyecto fue presupuestado en 156 mil millones de pesos. Incluyendo lo que se planea erogar en 2024, el costo del tren rebasaría los 551 mil millones, más de medio billón de pesos en un tren cuya rentabilidad desconocemos.
Los recursos públicos siempre son escasos dada la infinidad de opciones en los que podrían utilizarse, por eso, la ciudadanía debería de exigir transparencia y rendición de cuentas sobre la forma en la que se utilizan. Sin embargo, en esta ocasión y en muchas otras, la sociedad no podrá saber las razones tras el sobre costo del proyecto. En mayo de este año, el presidente López Obrador —a menos de una hora de que un acuerdo similar fuera declarado inconstitucional por la Suprema Corte— publicó un decreto en el que se declaran ciertas obras de infraestructura, básicamente los proyectos emblemáticos de esta administración, como de seguridad nacional.
El decreto señala que “son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
Bajo el argumento de la seguridad nacional las obras enlistadas podrán realizarse sin los estudios requeridos, sin análisis de rentabilidad e incluso sin tener requisitos puntuales de transparencia en el uso de los recursos. Sabemos que el tren maya costará más de tres veces lo presupuestado, pero no sabremos en qué se habrán ido esos recursos.
La prisa por terminar las obras públicas sin duda incide en el sobre costo de las mismas. Sumemos los recursos usados en la cancelación del NAICM, la construcción del AIFA, la refinería de Dos Bocas, el billón y medio destinado a apoyar a Pemex, más lo que se acumule. Se están derrochando billones de pesos y nadie sabrá con certeza a dónde se fueron. Vaya transformación.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
19-12-2023
