Toda persona debería tener derecho a la protección de salud, y este debería ser garantizado por el Estado, de acuerdo con el artículo cuarto de la Constitución Mexicana y la Ley General de Salud. Sin embargo, en la práctica, para la mayoría de las y los mexicanos el acceso a los servicios de salud está ligado con su condición laboral. ¿Esto quiere decir que, en la práctica, este derecho no es universal en México?
Aunque existen diversas maneras de tener acceso a los servicios de salud –instituciones públicas o privadas– en los que el costo y los servicios pueden variar, el Estado proporciona cobertura a través de servicios públicos o de la seguridad social. En 1943 se emitió la Ley del Seguro Social en la que, mediante la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se buscaba garantizar la salud a toda la población. Sin embargo, hoy en día, solo los trabajadores que se encuentran en la formalidad son derechohabientes de la seguridad social. Esta restricción deja a más de la mitad de los mexicanos en situación de vulnerabilidad, especialmente a las mujeres, ya que la tasa de informalidad es mayor para ellas. Es decir, existen 13.4 millones de trabajadoras en la informalidad que no reciben seguridad social.
Además de las trabajadoras en la informalidad –que no tienen cobertura–, se suman las mujeres en la formalidad que no reciben seguridad social. De acuerdo con la ENOE 2022, en México solo dos de cada cinco mujeres en la formalidad reportaron contar con esta cobertura. Además, esta carencia viene acompañada de una disparidad de acceso a nivel estatal. Por ejemplo, mientras que en Chihuahua 12 de cada 20 trabajadoras cuentan con servicios de salud, en Oaxaca se reduce a tres de cada 20.
Según la Organización Panamericana de Salud, las mujeres tienden a ser más propensas a enfermedades crónicas y viven más tiempo, pero tienen menor protección social. Más aún, según la ENIGH 2022, 54% del gasto total de los hogares dedicado a los cuidados de salud es destinado exclusivamente para las mujeres. Por lo que las mujeres no solo tienen mayor necesidad de servicios de salud a lo largo de sus vidas, sino que tienen que gastar más en ellos.
Los cambios realizados a las instituciones que brindan los servicios de salud en México pueden agravar la falta de cobertura, disminuir la calidad de los servicios y acrecentar las desigualdades. En octubre de 2019 se anunció la desaparición del Seguro Popular y se anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI). En abril de 2023 se comunicó la eliminación del INSABI y la designación del IMSS-Bienestar como la institución encargada de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social. Es decir, se ha reinventado la estructura de las instituciones que brindan servicios de salud dos veces en menos de cuatro años sin poder garantizar la estabilidad de esta.
La salud es un derecho universal y no debe depender de si una persona tiene un empleo ni si este es formal. Por ello, el gobierno debe contar con instituciones estables que tengan la capacidad de respuesta y la calidad indispensable para poder atender a la población que lo necesite. Así, las y los mexicanos pueden demandar su derecho.
Publicado en La-Lista.
03-08-2023
