El federalismo mexicano padece de peculiaridades, por no decir disfuncionalidades, que lo distinguen de sus contrapartes estadounidenses o alemanas. Existen múltiples explicaciones para este fenómeno, desde la relativamente reciente alternancia en los gobiernos hasta la debilidad institucional subnacional promovida por el pacto fiscal (si los gobiernos no tienen que preocuparse por recaudar más, carecen de incentivos para desarrollar instituciones eficientes). En la práctica, la visión del altiplano tiende a imponerse en una centralización que tiene más con Francia que con países verdaderamente federales (sin los recursos del Estado francés).
Los estados tienen un margen de maniobra más acotado, pero no por eso irrelevante, en el desarrollo de proyectos y programas. Sin embargo, estos rara vez rebasan sus fronteras. Los gobiernos estatales compiten con sus vecinos por recursos, por inversiones, incluso –en algunos casos– por fuerzas federales. Sumado a los distintos colores partidistas, esto deviene en que la colaboración entre entidades sea baja.
La realidad es terca, los estados no existen en un medio aislado, sino en un ecosistema que funciona en redes, donde las acciones (o inacciones) de sus vecinos tienen un impacto en su vida diaria y en su economía. A pesar de ello, son pocos los casos de colaboración conjunta entre entidades dentro de una región.
Hace una década, las Zonas Económicas Especiales intentaron abordar el desafío de la colaboración regional, pero los vientos político-electorales interrumpieron el programa. Actualmente, el Corredor Interoceánico es un esfuerzo de desarrollo regional entre Oaxaca y Veracruz y, en menor medida, Tabasco y Chiapas. El Plan México introduce de alguna manera la visión regional al dividir el país en los Corredores Económicos del Bienestar, aunque la ejecución de los Polos Económicos del Bienestar responde a una lógica estatal.
Los grandes desafíos que enfrenta México en términos de desarrollo deben ser abordados también desde el ángulo regional. Desde la infraestructura hasta la seguridad. Hace falta el estudio sistemático de la competitividad de las regiones del país. Por ello, en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) desarrollamos la primera edición del Índice de Competitividad Regional (ICR), el cual se suma al Índice de Competitividad Estatal y al Índice de Competitividad Urbana en los esfuerzos de medir las capacidades de generar, atraer y retener inversiones y talento.
El ICR parte de la premisa que los mercados laborales, las cadenas de proveeduría, la infraestructura, los servicios urbanos y la seguridad funcionan como redes que trascienden fronteras administrativas. Por ello, es necesario analizar regiones, no solo las entidades en lo individual. Una mejora aislada en un estado no es garantía de desarrollo si la región donde se ubica enfrenta rezagos.
Esta premisa es lógica y repetida en conversaciones informales, pero al día de hoy no ha sido explorada a profundidad. El ICR pretende cerrar esta brecha al cuantificar el “efecto vecindad”, qué tanto impulsa –o rezaga– la región donde se ubican las entidades en sus posibilidades de desarrollo.
Con 40 indicadores que abarcan desde seguridad, educación, infraestructura logística y energética hasta el mercado laboral, el ICR ofrece una forma distinta para analizar el país a partir de seis regiones que comparten similitudes económicas y sociales. La colaboración entre estados no debe verse como una concesión política, sino como una condición necesaria para el desarrollo.
Transitar hacia un federalismo regional implica reconocer que muchos de los problemas públicos —y también muchas de las oportunidades— no respetan límites administrativos. La planeación de infraestructura, la atracción de inversiones, la formación de capital humano o la estrategia de seguridad ganan eficacia cuando se diseñan y ejecutan con una lógica regional. Para ello se requieren mecanismos institucionales que incentiven la cooperación, reglas claras de coordinación y esquemas de financiamiento que premien los proyectos compartidos.
El reto no es menor: supone romper inercias centralistas, superar la competencia de corto plazo entre entidades y construir confianza entre gobiernos con realidades políticas distintas. Sin embargo, los beneficios potenciales son significativos. Un federalismo regional bien articulado permitiría aprovechar economías de escala, reducir duplicidades, cerrar brechas territoriales y fortalecer la competitividad del país en su conjunto.
En este sentido, contar con diagnósticos como el ICR es apenas un primer paso. El verdadero desafío está en traducir la evidencia en decisiones públicas que entiendan al territorio como un sistema interconectado. Más que solo un índice, es una invitación para sumar un nuevo ángulo en el análisis.
@OscarOcampo
Publicado en El Sol de México
28-01-2026
