Las compras públicas de emergencia suelen realizarse en un contexto donde los controles y mecanismos de vigilancia se relajan para priorizar la rapidez en la toma de decisiones sobre la competencia económica.
Esto eleva el riesgo de que existan abusos y un uso ineficiente de los recursos públicos. En la medida en la que estos no sean destinados a proveer los bienes de calidad al mejor precio, la respuesta en tiempos de emergencia será insuficiente.
A pesar de enfrentar la crisis de salud global más importante de las últimas décadas, en México, las compras de emergencia para atender la COVID-19 han sido irregulares, tardías y opacas.
En el IMCO realizamos un análisis de todos los contratos publicados en Compranet entre enero y junio de 2020 por las dependencias facultadas para realizar compras de emergencia: IMSS, Insabi, ISSSTE, Semar, Sedena y Secretaría de Salud. La investigación arroja resultados preocupantes.
Tal es el caso del Insabi y la nula información del ejercicio de sus recursos. El Instituto ha reportado la distribución de miles de cubrebocas, guantes, ventiladores, camas de terapia intensiva y medicamentos en todo el país. Sin embargo, en Compranet no hay un solo registro disponible sobre las compras realizadas.
El precio de cada una, el proveedor contratado y el tipo de procedimiento son una incógnita: las compras se han realizado en total opacidad.
Por otro lado, las dependencias que sí publican compras han registrado numerosos contratos sin un solo documento, incumpliendo la ley. La calidad de esta información es insuficiente para identificar los proveedores, el desglose de precios y las cantidades de los bienes adquiridos. Los contratos más grandes para atender la emergencia son solo un ejemplo de esto (Tabla 1).
Estos contratos permiten identificar dos principales prácticas de riesgo: la falta de información y planeación en las contrataciones. En el caso del IMSS, cuatro de los cinco contratos más grandes para atender la emergencia no cuentan con documentos suficientes para identificar qué adquirieron y a qué precio.
Respecto al ISSSTE, cuatro de los cinco contratos más grandes fueron adjudicados a proveedores no inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas. Esto impide conocer el sector al que pertenece la empresa, su giro y el grado de cumplimiento de las leyes de contrataciones.
En tiempos tan críticos como estos, la poca planeación, los contratos incumplidos, los bienes y servicios de mala calidad, los precios artificialmente altos y los proveedores no capacitados, impactan directamente en la salud y economía de las personas.
México es un país donde las emergencias son una constante, desde desastres naturales hasta crisis de salud; sin embargo, los procesos de compra pública son realizados bajo prácticas discrecionales y no existe un proceso homologado que permita realizar y monitorear las compras públicas en tiempos de emergencia.
Es fundamental contar con protocolos de ejecución, seguimiento y control de compras de emergencia, los cuales especifiquen de manera clara y obligatoria el tipo de proceso realizado y la justificación legal para hacerlo; los bienes y servicios adquiridos, la cantidad solicitada, el precio y el detalle del proveedor.
Si el Gobierno no ejerce los recursos de manera adecuada, miles de millones de pesos seguirán siendo malgastados y desperdiciados. Peor aún, cuidar la salud de las personas contagiadas, enfermas y hospitalizadas será una tarea sumamente complicada.
Publicado por Animal Político
06-08-2020
