Alfonso Ramírez Cuéllar

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados

P R E S E N T E

La organizaciones de la sociedad civil que firmamos esta carta –México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y Centro de Estudios Espinosa Yglesias– lo instamos respetuosamente a garantizar que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 cumpla con los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, el cual mandata al gobierno ejercer de forma transparente, eficaz, eficiente, económica y honrada los recursos de los mexicanos.

En particular, le pedimos que los programas de transferencias y subsidios que recibirán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2020 se encuentren obligados a contar con Reglas de Operación (ROP).

Lamentablemente, el proyecto de presupuesto que ha llegado a la Cámara para su aprobación propone gastar 64% (402 mil millones de pesos) del presupuesto en programas de transferencias o subsidios que no están obligados a contar con dichas reglas. Lo más preocupante, creemos, es el panorama de franco retroceso en el que se inscribe la propuesta. Por un lado, en el PPEF 2020 el gasto en programas que no están obligados a contar con ROP es incluso mayor que en la anterior administración. Por el otro, se eliminó del decreto el texto que le daba la atribución a la Cámara de Diputados de dar una opinión sobre las ROP de los programas sujetos a tenerlas.

Sin ROP no es factible que los programas gasten presupuesto cumpliendo con los citados principios constitucionales, pues se entorpece la planeación de sus actividades y su operación. En su ausencia, no es posible garantizar el trato justo y equitativo y no discriminatorio a los beneficiarios; la perspectiva de género y regional, el registro de sus beneficiarios y operación; su auditoría y rendición de cuentas, así como la mejora continua para fortalecer su efectividad y orientación a resultados, entre otros factores. Además, un programa sin este tipo de reglas es más susceptible de ser usado de forma discrecional o política, por encima del bienestar social.

Nos permitimos recordar que, por ley^[1], sólo los programas que cuentan con reglas de operación deben llevar a cabo una evaluación de sus resultados, que es la única forma de saber si el programa está logrando sus metas o no.

(En el Anexo a esta carta detallamos otros aspectos de los que depende en gran medida el éxito de un programa de transferencias o subsidios, y que son regulados por las ROP).

Tras expresar estas preocupaciones, le pedimos atentamente a la Cámara de Diputados, y en especial a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que usted preside, que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales (artículo 77 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) incluya en el Presupuesto de Egresos 2020 la obligación de que todos los programas de subsidios y transferencias de recursos a la población se encuentren sujetos a Reglas de Operación.

Es momento de exigir responsabilidad en el uso del dinero de todos. La situación, creemos, lo amerita ampliamente. Como sabe, las finanzas públicas del país enfrentan una situación complicada. Las obligaciones de gasto crecientes, como el pago de pensiones y el costo financiero de la deuda, desafían los limitados ingresos públicos.

A este reto se suma la necesidad de garantizar que no se incurra en actos de corrupción, en relación con el uso de los recursos públicos. La transparencia, la rendición de cuentas, la auditoría y la corroboración del desempeño son prácticas que pueden contribuir a ello.

Es indispensable que las autoridades establezcan los arreglos institucionales necesarios para establecer estos controles, atendiendo a un principio básico de corresponsabilidad con los ciudadanos. Y es que las medidas fiscales impulsadas recientemente para aumentar la recaudación exigen mayor compromiso de los contribuyentes. Como mínimo, el gobierno también debe comprometerse a gastar mejor los recursos públicos.

En suma, no vemos razón por la cual los programas que opera el gobierno deban violentar los principios constitucionales ni las buenas prácticas.

Agradecemos mucho la atención dirigida hacia este mensaje.

CC: Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados.

[1] Artículo 78. LFPRH